La agenda importada y la nuestra

Más que noticias son mazazos. El policía que mató a su ex pareja delante de los hijos de ambos y luego los llevó a tomar un helado. El director técnico de baby fútbol que abusaba de un niño a la vez que fungía como padre, e iba incluso a las reuniones en la escuela, y cuando temió que eso ya no pudiera seguir sucediendo, lo asesinó y se mató. El policía -otra vez un policía- que disparó su arma de fuego contra sus propias hijas con el fin de matarlas y arruinarle la vida a la madre. El ex preso que, drogado, mató a su hermana golpéandola con un palo de amasar mientras dormía, porque recordó como ella golpeaba a su madre.
Estas noticias recientes son algunas de las más brutales de una enorme cantidad de episodios de violencia familiar, doméstica, una ola cotidiana que incluye un cantidad espeluznante de casos de abuso sexual infantil y una cifra intolerable de muertes, sobre todo de mujeres. (Aunque quien se tome el trabajo de leer los partes policiales verá que también hay agresiones femeninas, menos violentas, generalmente no mortales, menores en cantidad pero aun así significativas).  
El esfuerzo de la sociedad para combatir estos males se centra en dos campos: la reforma del idioma y la lucha contra "el patriarcado".
La lucha idiomática se inició hace ya diez años. Las mujeres comenzaron a acceder con más regularidad a cargos que antes se les negaban. Entonces si una mujer llegaba a dirigir un ministerio era justo que se la llamara "la ministra" y no "el ministro" o "la ministro".
Pero pronto se pasó a boicotear palabras como edil o presidente, que se usaban para ambos sexos sin ningún sesgo machista: el edil y la edil, el presidente y la presidente.
Nunca hubo edilos ni presidentos.
De ahí se pasó al ridículo en el que han caído políticos, académicos y burócratas usando palabras como rehenas, oficialas y estudiantas.

¿Qué efecto concreto ha tenido toda esta batalla campal contra el castellano? Ninguno concreto conocido, más allá de llenarle el bolsillo a algunos que curran con los cursos de "lenguaje inclusivo".
El juez Gabriel Ohanian lo dijo bien claro en la edición del 12 de mayo del semanario Brecha, entrevistado por Venancio Acosta y Betania Núñez y hablando de las "burocratización" de los derechos humanos:
"Lo que veo es la burocratización y la exacerbación del gesto, de la palabra políticamente correcta, de la irritabilidad cuando se tocan determinados temas, pero en mi muy humilde concepto, eso es pura hipocresía. Las transformaciones no pasan porque alguien diga 'todos y todas' o 'afrodescendiente', pasa por lograr la equidad total. Como llegar a eso es más complejo, entonces nos conformamos con el mundo de la palabra, que suena más lindo pero no cambia nada".
No tengo nada para agregar.
El otro gran frente de batalla es "el patriarcado". Sin embargo, hoy en nuestra sociedad -por suerte- no hay leyes que establezcan un predominio de los hombres por sobre las mujeres.
Sí hay machismo: hombres machistas y algunas mujeres también, en distintos grados.
Sin embargo, ¿alguien cree que quien mata a su ex mujer delante de los hijos de ambos, o quien emprende a balazos contra su propia hijas lo hace porque es machista o principalmente guiado por su machismo?
¿No será que el problema principal o los problemas principales son otros?
Como Ohanian, no tengo la respuesta.
Sin embargo, después de una década de "todos y todas", quizás sea hora de preguntarle si el foco está bien puesto.
La juez letrada de Artigas, Betina Duter, entrevistada el 7 de mayo por el periodista Pablo Melgar en el diario El País, marcó uno de los principales problemas que observa en su tarea diaria en aquel departamento: "la dificultad en el acceso de mecanismos de salud mental".
Esa situación se repite en todo el país, pero casi nada se dice al respecto.
¿No tendrían un evidente problema de salud mental los dos policías de los casos narrados? ¿No tendría un evidente problema de salud mental el director técnico de baby fútbol? ¿Y el ex preso que mató a su hermana? ¿La sociedad uruguaya hoy está capacitada para detectar y tratar a tiempo estos problemas? ¿Se está trabajando para ello?
Hablando de salud mental, Uruguay también tuvo en 2015 una de las tasas más altas de suicidios de toda América Latina.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública ni siquiera tiene un director de salud mental, el cargo está vacante. Y a los policías acusados de actos de violencia doméstica se los lleva, como castigo, a trabajar a las cárceles: algo así como apagar un incendio con nafta.
Hay una agenda que viene de las ONGs del primer mundo, que ponen dinero para machacar en los temas que a ellos les interesa.
Después están nuestros problemas reales.
Abuso sexual infantil.
Alcoholismo.
Adicciones.
Salud mental.
Quizás sería hora de mirar hacia allí.

El secretismo del Uruguay y un juez republicano

En otro país podría ser considerado un fallo histórico, aunque acá seguramente pasará desapercibido.
Se trata de un dictamen del juez Gabriel Ohanian fechado el 26 de noviembre y conocido a través de la prensa en los últimos días.
El objeto central del juicio era considerar si la Administración de los Servicios de Salud del Estado persiguió en forma injusta a una funcionaria del Instituto del Cáncer, la asistente social Gladys González, acusada del grave pecado de haber hecho declaraciones a la prensa.

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Ohanian establece que González "es una muy capacitada profesional (...) que generó inigualable empatía con los pacientes del INCA a quienes organizó para procurar mejoras en el servicio, encolumnando tras sí a otros funcionarios con igual cometido".
"Esta militancia en pro de los usuarios terminó enfrentándola a la dirección del Instituto que comenzó a perseguirla, denostándola y sancionándola con vehemencia".
Como ejemplo, baste con relatar que una de las medidas tomadas fue la de tapiar una puerta por la que González ingresaba al INCA. Un funcionario citado como testigo declaró ante el juez: "Tuve que cerrar la puerta de 8 de Octubre con clavos y maderas y llamar al cerrajero Maldonado para que pusiera un pasador y llave, y llevar la llave a la dirección. Esa puerta que (se) clausuró era la puerta por la que entraba la actora. Lo hice por mandato de la dirección integrada por la doctora Valles, la nurse Aristimuño y el doctor Luongo".
Las sanciones fueron incrementándose hasta que en 2011 González dio una entrevista al diario El País relatando diversas situaciones negativas que ocurrían en el INCA.
Eso motivó que la dirección iniciara una "investigación administrativa" que determinó que a González se la suspendiera durante un mes con retención total de sus haberes.
"A la actora, en verdad, no se le cuestionó el acierto o desacierto de sus dichos en la prensa, sino la violación a un deber de 'reserva', es decir el haber permitido que un periodista la entrevistara", dice el fallo del juez Ohanian.

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Producto de las medidas en su contra, González relata que debió mudarse al campo debido al estrés que padecía, tuvo que sacar a su hija del colegio al que la enviaba y anotarla en un liceo público ya que no tenía dinero para pagar la mensualidad, le cortaron la luz, el agua, el teléfono, debió hipotecar una casa de su familia, tuvo depresión, angustia, ataques de pánico y perdió 15 kilos de peso.

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Respecto al fondo de la cuestión -que González habría violado un deber de "reserva" que afectaría al los funcionarios públicos- Ohanian es concluyente.
Primero recuerda que la norma que establece esa mentada "reserva" está fijada por el artículo 29, numeral 7 de la ley 19.121, pero solo afecta a los funcionarios de la administración central. E inmediatamente acota y limita los alcances de tal "reserva".
"No puede referir a una opinión respecto de la marcha del servicio público (...) En todo caso esa 'reserva' únicamente abarcaría datos sensibles que el funcionario conoce por el desempeño de su cargo (ejemplo: no divulgar la enfermedad de un paciente determinado) cuya comunicación, además, no contribuye en nada al interés público".
Ohanian es categórico, claro y contundente:
"La Administración no puede pretender regimentar la opinión de sus dependientes y las críticas públicas que de ellos provienen han sido, son y deberán ser toleradas por los gobernantes. El secretismo es ajeno por completo al sentido republicano. Que no sea del gusto de los directores del INCA el hecho de que trascienda una determinada situación interna, no les concede el derecho de sancionar a una funcionaria cercenando su libertad de expresión, pretendiendo de este modo silenciarla".
"El sentenciante -escribe el juez- no concibe que un funcionario público encuentre limitado su derecho constitucional a expresar su pensamiento en un medio de prensa bajo apercibimiento de ser objeto de una sanción administrativa, como le ocurrió a la actora".
Y agrega que no hay nada que limite el derecho del funcionario público "a expresarse personalmente en forma negativa respecto a la gestión de los directores o cargos políticos si está en desacuerdo; o bien denunciando lo que a su entender son fallas del servicio, porque ello conviene al interés general de toda la sociedad de tomar conocimiento de eventos de gran trascendencia".

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Según la dirección del INCA -los mismos que mandaron tapiar la puerta por la que entraba la funcionaria- González debió verter sus críticas y sus denuncias en forma interna, comunicándolas "a sus superiores".
"La sede no comparte en absoluto estas afirmaciones", dice Ohanian en su fallo. "En el Estado de Derecho cualquier funcionario puede dar opinión respecto de lo que entiende es el mal funcionamiento del servicio en el que trabaja. Lo hacen los sindicatos todos los días. Entender que ello está vedado en aras de una 'reserva' inexistente, únicamente tienda a tutelar la buena imagen de los dirigentes, para que su gestión no sea controvertida en público".

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Ohanian estableció que la dirección del INCA tuvo una "actitud dolosa negligente y temeraria" en este caso y falló a favor de la funcionaria: ASSE deberá pagarle 1.200.000 pesos para compensar el daño moral sufrido.

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En un país donde el secretismo reina, el fallo de Ohanian es histórico y merece el mayor reconocimiento.
Habría que enmarcarlo y colgarlo en cada oficina pública. Habría que entregarle una copia a cada funcionario del Estado, empezando por el presidente de la República y siguiendo por los ministros y cada uno de aquellos que dirigen alguna oficina.
Todos los periodistas hemos chocado mil veces contra el muro del miedo y la censura impuesta desde la burocracia estatal. Miles de funcionarios tienen prohibido por sus superiores hablar con la prensa, incluso de las cosas más nimias: sienten pavor ante la mera presencia de un periodista, temerosos de las sanciones que recaen sobre ellos si hablan, como le pasó a González en el Instituto del Cáncer.
Para hablar, son obligados a tramitar permisos excepcionales con sus superiores, con todo lo que ello implica.
Lo maravilloso del fallo de Ohanian es que establece que esa censura no se basa en nada legal y que, por el contrario, viola las más elementales normas de la República.
Con todo, y luego de la enorme alegría y satisfacción que provoca leer esta sentencia de un juez uruguayo, el fallo deja un triple sabor amargo.
Primero, porque los funcionarios que en este caso actuaron en forma "dolosa, negligente y temeraria", siguen allí, dirigiendo el Instituto del Cáncer u otras dependencias de la salud pública.
Segundo, porque el dinero que se le pagará a la funcionaria perseguida en forma ilegal e injusta no saldrá de los bolsillos de sus perseguidores, como debería ser, sino del nuestro, del de todos los uruguayos. (¿Hasta cuándo seguiremos todos nosotros pagando la irresponsabilidad de la burocracia que mal dirige el estado?).
Y tercero, porque el secretismo -a pesar del notable fallo de Ohanian- vive y lucha. Pocas semanas después, un decreto de la propia Presidencia, firmado por el vicepresidente Sendic y todos los ministros de gobierno, estableció que los funcionarios deben mantener la "discreción" respecto a "datos, hechos y documentos" que conocen como empleados públicos y que es una "falta muy grave, pasible de destitución" filtrar documentos a la prensa.
Es contra la República.

Lean el fallo del juez Ohanian.

Víctor Hugo Morales: denunciante renunciante

La Justicia archivó la denuncia penal que Víctor Hugo Morales realizó contra Luciano Álvarez y contra mí por el contenido del libro Relato Oculto.

El juez Gabriel Ohanian tomó tal decisión luego de que el relator no se presentó en el juzgado a respaldar su propia denuncia.
El abogado de Morales, Pablo Donnangelo, no pudo explicar su ausencia y sostuvo que en las 24 horas previas al juicio, el relator dejó de responder sus mensajes y llamadas telefónicas.
El siguiente video emitido por Telenoche 4 permite ver escenas de la audiencia judicial y las declaraciones posteriores de los involucrados... que asistieron a la cita judicial.

Tras el fin del caso, Morales dijo al diario El País que no vino a Montevideo debido a "un alto nivel de contractura y de estrés". Sin embargo, horas más tarde achacó su ausencia a un cólico nefrítico y a sugerencias de "políticos amigos".
Desde el momento en que me enteré de la noticia de la demanda dije dos cosas: a) que confiaba en la Justicia uruguaya y b) que todo lo que dice Relato Oculto es cierto y está documentado.
Ha quedado claro.