Amelia Sanjurjo: mentiras verdaderas

El fiscal militar Héctor Borgatto envió el 22 de julio de 1987 un oficio al director general de Información de Defensa, preguntándole si el 31 de octubre o el 1 de noviembre de 1977 habían detenido a la ciudadana Amelia Sanjurjo. Cumplía con un mandato emanado del artículo 4to de la Ley de Caducidad, que exigía al Poder Ejecutivo investigar el destino de los desaparecidos.
El oficio de Borgatto, quien también tenía encomendada la investigación de la desaparición de Eduardo Pérez Silveira, fue respondido apenas un día después, el 23 de julio de 1987. El país llevaba más de dos años de recuperada la democracia.
La respuesta tenía la firma del director general de Información de Defensa, general Juan A. Zerpa. El documento está en el rollo 814 de los llamados Archivos del Terror y se reproduce aquí. Dice que “la persona no fue detenida por personal de esta Dirección General "ni en esas fechas ni en ninguna otra oportunidad". Y agrega:“Asimismo se deja constancia que en esta Dirección General no existe información que la persona mencionada anteriormente hubiese estado detenida en alguna otra repartición militar”.
El 6 de junio de 2023, 36 años después, un esqueleto fue hallado en el Batallón 14. Hoy se supo que eran los restos de Amelia Sanjurjo, la mujer que el Ejército había desaparecido en 1976 y sobre la que había mentido en 1987.

Con cárceles que son un infierno nunca habrá seguridad pública

La noticia de que un preso pasó 60 días dentro de una cárcel uruguaya secuestrado por otros reclusos que lo torturaron y lo abusaron, me hizo recordar esta columna que escribí a fines de 2018 en el desaparecido portal Ecos. La reproduzco tal como fue publicada entonces. Hoy ya tenemos casi 13.500 presos.

La razón de la inseguridad que no le importa a nadie

Publicado: 26/12/2018 07:37

Me tocó entrevistar a Andrea, una joven expresa, para un libro que celebró los 30 años de la ONG El Abrojo y que puede leerse gratis en la web.

En realidad, Andrea no se llama Andrea. Hubo que cambiar su nombre para que no peligrara su nueva vida de buena ciudadana y no arriesgar su actual trabajo.

Andrea fue una niña explotada, fue Cenicienta. Al fin huyó y se liberó de la mala mujer que la esclavizaba. Pero el precio de esa libertad fue una pobreza extrema que persiguió durante años, ya adulta y casada. Un día, agotada de tanta miseria, y en contra de la opinión de su propio esposo, esta muchacha decidió dejar de penar por un plato de comida y se puso a vender pasta base.

Le fue “bien” durante un lustro. Hizo mucha plata, de pobre pasó a rica, olvidó los días de privaciones. Pero conoció otros problemas. El peor de todos: cayó presa. La separaron de sus hijas.

-¿La cárcel te sirvió de algo? -le pregunté en su actual hogar, muy cerca de donde fueron derrumbados “los Palomares”.

Primero respondió con un “No” tajante. Luego se quedó callada unos segundos mientras toda su familia la miraba y cambió su respuesta: “Bueno, sí, a mí me sirvió”.

Las cárceles son un problema central del Uruguay, pero abordarlo es casi imposible. Hay demasiados prejuicios, demasiadas pasiones, demasiado rencor que impiden calibrarlo como es debido.

Una parte de la opinión pública cree que en el fondo nadie debería ir preso. Por eso abogan por reducir penas, borrar antecedentes, aumentar los beneficios para salir antes de prisión, fomentar cualquier castigo alternativo.

No asumen que esos mecanismos son muy positivos en algunos casos, pero no siempre. No asumen que hay delincuentes peligrosos, psicópatas graves diagnosticados y sin marcha atrás. Insisten el devolverlos a la calle.

Un caso tremendo fue el de Williams Pintos. Se sabía que iba a abusar de menores y que cada vez sus ataques serían más violentos. La justicia uruguaya ya lo había peritado con esas conclusiones. Sin embargo, lo enviaron a la calle sin control y hasta le dieron un taxi para que pudiera cazar mejor a sus presas. A Pintos lo ayudaron a transformarse de abusador en asesino. Luego, eso sí, todos pusieron la foto de la niña Brissa en sus redes sociales.

Hay una segunda corriente de opinión, opuesta a la anterior pero también muy numerosa, que tampoco quiere saber nada con las cárceles.

Los de este bando piensan que todos los presos son violadores y asesinos irrecuperables, que merecen la pena de muerte y -si no se puede- la cadena perpetua. Cuánto más infecto sea el pozo en el que estén encerrados, cuando mayores humillaciones y vejaciones sufran, mejor.

Es una posición muy miope.

El desinterés por las cárceles -fomentado por estas dos corrientes de opinión- ha transformado nuestras prisiones en un verdadero infierno en la Tierra en el que viven más de 10.000 personas, más habitantes de los que tienen Castillos, Guichón o Lascano.

En diciembre de 2017 teníamos 10.241 presos, un número que -en líneas generales- no ha dejado de subir desde 1999.

No es cierto que todos sean asesinos y violadores. Un censo carcelario de 2010 estableció que el delito que más gente lleva a las prisiones es la rapiña, causa del 37% de las reclusiones. Un 15% estaba preso por hurto y un 10% por venta o tráfico de drogas (la mayoría en el escalón más bajo de la cadena). Casi un 8% estaba recluido por delitos menores: receptación, desacato, lesiones, etc.

Supongo que está claro y estamos todos de acuerdo en que no se puede aplicar la cadena perpetua a un ladrón. Por eso los presos salen. Entran a la cárcel pero egresan, como un día salió Andrea.

El número sorprenderá a muchos. Cada año salen de las cárceles más de 6.000 presos y entran otros tantos. En 2017, según cifras oficiales, egresaron 6.377.

La cifra debería llamar a la reflexión. En promedio, cada día son liberados más de 17 reclusos. Día tras día, de lunes a domingo, los 365 días del año.

Lamentablemente, la historia de Andrea no es la más habitual. La entrevisté a la una tarde, cerca de General Flores y Carreras Nacionales. Ya había trabajado toda la mañana y llevado a sus niñas a la escuela. Qué bueno sería que 17 personas salieran de las cárceles cada día y se sumaran al mundo del trabajo, se transformaran en ejemplo de recuperación para sus familiares, sus amigos, para sus hijos.

Pero estamos lejos. La mayoría de los liberados no se reforman como Andrea. Más de la mitad vuelve a delinquir. Algunos sitúan la reincidencia en un 70%, otros en un 60%, los más optimistas en un 55%. En 2016 casi el 51% de los delitos los cometieron reincidentes.

Que la cárcel le sirviera a Andrea no fue mérito del sistema penitenciario. Lo que la rescató de un destino oscuro y triste fueron dos cosas: el trabajo de los voluntarios de El Abrojo en la cárcel de mujeres y, sobre todo, el tesón de su esposo, el que nunca quiso que vendiera pasta base, el que se puso la familia al hombro cuando todo se vino abajo, el que trabajó más y más duro y nunca dejó de visitarla, de apoyarla, de estar a su lado, de cinchar por sacarla de aquel pozo.

Porque las cárceles uruguayas son el pozo dentro de El Pozo. Las madres de todos los pozos. El informe 2017 del Comisionado Parlamentario establecía que el 30% de los presos está recluido en un régimen inhumano y degradante y un 45% en condiciones algo mejores pero aun insuficientes para lograr su integración social. Apenas un 25% está preso en una situación que habilita una posible recuperación.

La política de “que se pudran en la cárcel” ha llevado a que las prisiones sean antros copados por mafias carcelarias, academias del delito gobernadas por los delincuentes más pesados. El que entra por hurto sale rapiñero; el rapiñero sale secuestrador; el secuestrador, asesino.

La cadena diaria de humillaciones, de presos violados, ajusticiados, genera -además- un rencor y un odio que lo portan los 17 que cada día vuelven a sus casas, los 6.300 que cada año salen a la calle. Luego lo devuelven con violencia a la sociedad. Es un rencor y un odio que también se multiplica en familiares y amigos.

Si los presos son 10.000 y cada uno tiene cinco familiares directos y cinco amigos, ese odio y deseo de venganza se impregna en 100.000 personas. Lo he visto con mis propios ojos. Lo padecemos todos.

Ese rencor tiene bases sólidas. En 2017, 17 presos confiados al Estado fueron asesinados dentro de las cárceles, otros diez supuestamente se suicidaron y una muerte adicional nunca pudo ser aclarada. En 2018, el año aún no termina y, según las cifras que lleva la oficina del comisionado penitenciario, ya van 25 muertes violentas: 18 homicidios, seis supuestos suicidios y una muerte por “violencia institucional”, la del preso Carlos Núñez, cuyo homicidio a manos de la guardia fue presentado falsamente por el Ministerio del Interior como un “ajuste de cuentas” entre presos, sin ninguna consecuencia.

Uno de los supuestos suicidios -nunca aclarado- fue el de Williams Pintos, el asesino de Brissa. El estado lo detectó como psicópata, lo liberó sin control, le dio los medios para asesinar con facilidad y él mató a una pobre niña. Luego, el Estado encarceló a Pintos y mil preguntas quedaron sin respuesta porque tampoco pudo garantizar su vida. Un ciclo completo de desinterés, desastre, ineptitud y falta de idoneidad, una espiral que va destrozando familias y familias año tras año.

El colmo de la hipocresía uruguaya nos lleva a criticar a los países que tienen pena de muerte (a la que me opongo), cuando nosotros la tenemos y de peor manera: sin jueces ni abogados, la pena de muerte aplicada por los peores delincuentes, la propia guardia carcelaria o la desidia de los gobernantes.

En 2011, en la cárcel de Rocha, debido a situaciones ya denunciadas y documentadas, una red eléctrica deficiente provocó un incendio y 12 presos murieron quemados vivos.

En cualquier país con dignidad, debió ser el fin del señor Bonomi como ministro. ¡Fueron 12 personas confiadas a su cargo quemadas vivas! Si algo la mitad de grave hubiera ocurrido en la dictadura todavía estaríamos hablando de ello. Pero no pasó nada porque, entre otras cosas, los presos de hoy no le importan a nadie. No se comprenden las consecuencias de este desastre.

Para una sociedad es muy fácil reverenciar a sus ciudadanos famosos, a los consagrados, a los mejores. Pero la verdadera estatura ética de un país se mide por cómo trata a los más infelices, a los más desposeídos y también a los peores.

Pero ya no es solo una cuestión ética. Hoy es una cuestión de supervivencia.

Detrás de más de la mitad de los delitos que golpean a nuestros trabajadores, detrás del azote permanente de los delincuentes a la gente inocente, detrás del récord de homicidios que ya no se tolera, detrás de este Uruguay violento e irreconocible, hay una tragedia carcelaria previa. Es hora de asumirlo.

No se trata de justificar a los delincuentes por el estado de las cárceles. Se trata de comprender cómo funcionan las cosas. Soy de la idea de que es necesario penar con más severidad la reincidencia, pero al mismo tiempo es urgente que las cárceles dejen de funcionar como fábricas de peores delincuentes.

Nadie pide un hotel de cinco estrellas para los presos, como se suele ironizar cuando alguien se atreve a plantear este tema. Pero si de verdad estamos a favor de las víctimas del delito, debemos asumir que necesitamos cárceles que funcionen, donde el Estado mande, donde los peritajes psiquiátricos existan y sean atendidos, donde no estén mezclados ladrones y asesinos, primarios y reincidentes. Donde se trabaje y se eduque.

“No parece estar claro todavía para la opinión pública cuál es el sentido y objetivo de la cárcel”, escribió el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit en su informe sobre las cárceles de 2017. “Mientras no haya un cambio cultural en el cual se asuma que la función de la cárcel es educar y preparar proyectos de vida para evitar nuevos delitos -agregó- la cárcel seguirá siendo una fuente de violencia, de desintegración y, paradojalmente, de nuevos delitos”.

Tiene razón.

Con cárceles que son un infierno nunca tendremos seguridad pública.

Puede ser un buen plan colectivo para 2019. Asumirlo. Hacer lo que esté a nuestro alcance. Presionar para que, en este año electoral, los partidos y los políticos actúen de una buena vez en este sentido.

La fe también mata

Cierto pensamiento dominante ayer y hoy en estas latitudes se basa en la creencia de que todos los hombres son buenos por naturaleza. Que no hay hombres malos, mucho menos "monstruos". Ni siquiera el que sube a su auto a una niña de 12 años, escolar, para violarla, matarla y enterrar su cuerpo en un bosque tapándolo con piedras.
Cuando un ser humano comete una monstruosidad así -sostienen- es porque detrás suyo hubo un sistema que lo impulsó. Ningún pibe nace monstruo. Los monstruos los hace algo muy grande y muy malo que está encima de todos nosotros: la religión, el capitalismo, el patriarcado, el heteropatriarcado.

Los hechos atroces nos piden explicaciones rápidas. Pero pensar que son monstruos y no analizar a fondo el sistema que los alimenta no ayuda

— Fabiana Goyeneche (@Fabigoyen) 23 de noviembre de 2017

Una vez oí al periodista Alejandro Bluth explicar que hay una diferencia enorme entre las sociedades que creen que hay hombres malos y aquellas que lo niegan.
Los países donde -por motivos filosóficos, políticos o religiosos- una mayoría cree que la gente malvada existe, no tienen contemplación con ella. Suman las penas de cada uno de los delitos que cometieron: 30 años por este asesinato + 30 años por este otro + 10 años por el secuestro de Fulano + 5 por herir a Mengano = Total 75. Aplican penas cada vez más duras a los reincidentes. Usan la cadena perpetua. Algunos países (yo estoy en contra, lo aclaro), también castigan con la pena de muerte.

Ellos creen -según criterios muy variados y discutibles- que hay verdaderos monstruos y se encargan de sacarlos de circulación.

No pasa eso cuando la mayoría -por ideología o religión- cree que todos los hombres son buenos y que si hacen algo terrible es porque fueron determinados por un sistema maligno.

Cuando el malo es el sistema, el delincuente es otra víctima y "los responsables somos todos". ¿Cuántas veces lo oímos cada semana? Con esa visión, lo que hay que derribar es al capitalismo y al patriarcado.

¿Y mientras tanto?

Mientras tanto, el vil sistema sigue vigente y tiene lógica que las penas sean más benévolas porque todos somos víctimas y responsables al mismo tiempo. No se suman los delitos. No hay cadena perpetua. La pena máxima es de 30 años, así hayas matado a 50, pero siempre se sale antes. Los motivos para anticipar las salidas de la cárcel se multiplican. Reincidir no es un problema, porque se considera que fue "el sistema" el que empujó al pobre diablo a volver a robar, herir o matar al prójimo. Hace unos días la prensa informó que la Justicia envió a su casa a un hombre que ya tenía 13 antecedentes penales: todavía tenemos la esperanza de que ese sujeto se rehabilite, por eso lo seguimos liberando una y otra vez. En el fondo seguro que es bueno.

Nuestro buenismo a ultranza -esto también hay que decirlo- además de indemostrable es hipócrita: porque esas víctimas del sistema son enviadas a cárceles infectas donde no será raro que enfermen, los violen, los maten con un corte o padezcan el horror de morir quemados vivos como los 12 de Rocha, sin que nadie renuncie, nadie vaya preso y a nadie se le mueva un pelo.

El principal sospechoso de haber asesinado a la niña de 12 años ya había estado preso dos veces por delitos sexuales. A su psicopatía se le sumaban los efectos de dos estadías en el infierno carcelario oriental. Sin embargo, estaba libre, suelto, sin control, sin atención especial, manejando un taxi, un trabajo ideal para cazar niñas, porque -más allá de lo que dice la ciencia- tal parece que teníamos FE en que se hubiera rehabilitado, que su fondo bueno por fin hubiera emergido.

Hace unos días asistí a un seminario vinculado a políticas de cárceles.
Un importante funcionario del sistema penitenciario terminó su ponencia cantando unas estrofas de la canción "Amor profundo".

Amor -dijo- es lo que hace falta.
Un buen tipo.
Honesto.
Trabajador.

Con seguridad su receta sirva para muchos casos, pero quizás no para todos.
Unos días después, la niña de 9 años y luego la de 12. No hubo canción ni amor que las salvara.

La agenda importada y la nuestra

Más que noticias son mazazos. El policía que mató a su ex pareja delante de los hijos de ambos y luego los llevó a tomar un helado. El director técnico de baby fútbol que abusaba de un niño a la vez que fungía como padre, e iba incluso a las reuniones en la escuela, y cuando temió que eso ya no pudiera seguir sucediendo, lo asesinó y se mató. El policía -otra vez un policía- que disparó su arma de fuego contra sus propias hijas con el fin de matarlas y arruinarle la vida a la madre. El ex preso que, drogado, mató a su hermana golpéandola con un palo de amasar mientras dormía, porque recordó como ella golpeaba a su madre.
Estas noticias recientes son algunas de las más brutales de una enorme cantidad de episodios de violencia familiar, doméstica, una ola cotidiana que incluye un cantidad espeluznante de casos de abuso sexual infantil y una cifra intolerable de muertes, sobre todo de mujeres. (Aunque quien se tome el trabajo de leer los partes policiales verá que también hay agresiones femeninas, menos violentas, generalmente no mortales, menores en cantidad pero aun así significativas).  
El esfuerzo de la sociedad para combatir estos males se centra en dos campos: la reforma del idioma y la lucha contra "el patriarcado".
La lucha idiomática se inició hace ya diez años. Las mujeres comenzaron a acceder con más regularidad a cargos que antes se les negaban. Entonces si una mujer llegaba a dirigir un ministerio era justo que se la llamara "la ministra" y no "el ministro" o "la ministro".
Pero pronto se pasó a boicotear palabras como edil o presidente, que se usaban para ambos sexos sin ningún sesgo machista: el edil y la edil, el presidente y la presidente.
Nunca hubo edilos ni presidentos.
De ahí se pasó al ridículo en el que han caído políticos, académicos y burócratas usando palabras como rehenas, oficialas y estudiantas.

¿Qué efecto concreto ha tenido toda esta batalla campal contra el castellano? Ninguno concreto conocido, más allá de llenarle el bolsillo a algunos que curran con los cursos de "lenguaje inclusivo".
El juez Gabriel Ohanian lo dijo bien claro en la edición del 12 de mayo del semanario Brecha, entrevistado por Venancio Acosta y Betania Núñez y hablando de las "burocratización" de los derechos humanos:
"Lo que veo es la burocratización y la exacerbación del gesto, de la palabra políticamente correcta, de la irritabilidad cuando se tocan determinados temas, pero en mi muy humilde concepto, eso es pura hipocresía. Las transformaciones no pasan porque alguien diga 'todos y todas' o 'afrodescendiente', pasa por lograr la equidad total. Como llegar a eso es más complejo, entonces nos conformamos con el mundo de la palabra, que suena más lindo pero no cambia nada".
No tengo nada para agregar.
El otro gran frente de batalla es "el patriarcado". Sin embargo, hoy en nuestra sociedad -por suerte- no hay leyes que establezcan un predominio de los hombres por sobre las mujeres.
Sí hay machismo: hombres machistas y algunas mujeres también, en distintos grados.
Sin embargo, ¿alguien cree que quien mata a su ex mujer delante de los hijos de ambos, o quien emprende a balazos contra su propia hijas lo hace porque es machista o principalmente guiado por su machismo?
¿No será que el problema principal o los problemas principales son otros?
Como Ohanian, no tengo la respuesta.
Sin embargo, después de una década de "todos y todas", quizás sea hora de preguntarle si el foco está bien puesto.
La juez letrada de Artigas, Betina Duter, entrevistada el 7 de mayo por el periodista Pablo Melgar en el diario El País, marcó uno de los principales problemas que observa en su tarea diaria en aquel departamento: "la dificultad en el acceso de mecanismos de salud mental".
Esa situación se repite en todo el país, pero casi nada se dice al respecto.
¿No tendrían un evidente problema de salud mental los dos policías de los casos narrados? ¿No tendría un evidente problema de salud mental el director técnico de baby fútbol? ¿Y el ex preso que mató a su hermana? ¿La sociedad uruguaya hoy está capacitada para detectar y tratar a tiempo estos problemas? ¿Se está trabajando para ello?
Hablando de salud mental, Uruguay también tuvo en 2015 una de las tasas más altas de suicidios de toda América Latina.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública ni siquiera tiene un director de salud mental, el cargo está vacante. Y a los policías acusados de actos de violencia doméstica se los lleva, como castigo, a trabajar a las cárceles: algo así como apagar un incendio con nafta.
Hay una agenda que viene de las ONGs del primer mundo, que ponen dinero para machacar en los temas que a ellos les interesa.
Después están nuestros problemas reales.
Abuso sexual infantil.
Alcoholismo.
Adicciones.
Salud mental.
Quizás sería hora de mirar hacia allí.

El secretismo del Uruguay y un juez republicano

En otro país podría ser considerado un fallo histórico, aunque acá seguramente pasará desapercibido.
Se trata de un dictamen del juez Gabriel Ohanian fechado el 26 de noviembre y conocido a través de la prensa en los últimos días.
El objeto central del juicio era considerar si la Administración de los Servicios de Salud del Estado persiguió en forma injusta a una funcionaria del Instituto del Cáncer, la asistente social Gladys González, acusada del grave pecado de haber hecho declaraciones a la prensa.

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Ohanian establece que González "es una muy capacitada profesional (...) que generó inigualable empatía con los pacientes del INCA a quienes organizó para procurar mejoras en el servicio, encolumnando tras sí a otros funcionarios con igual cometido".
"Esta militancia en pro de los usuarios terminó enfrentándola a la dirección del Instituto que comenzó a perseguirla, denostándola y sancionándola con vehemencia".
Como ejemplo, baste con relatar que una de las medidas tomadas fue la de tapiar una puerta por la que González ingresaba al INCA. Un funcionario citado como testigo declaró ante el juez: "Tuve que cerrar la puerta de 8 de Octubre con clavos y maderas y llamar al cerrajero Maldonado para que pusiera un pasador y llave, y llevar la llave a la dirección. Esa puerta que (se) clausuró era la puerta por la que entraba la actora. Lo hice por mandato de la dirección integrada por la doctora Valles, la nurse Aristimuño y el doctor Luongo".
Las sanciones fueron incrementándose hasta que en 2011 González dio una entrevista al diario El País relatando diversas situaciones negativas que ocurrían en el INCA.
Eso motivó que la dirección iniciara una "investigación administrativa" que determinó que a González se la suspendiera durante un mes con retención total de sus haberes.
"A la actora, en verdad, no se le cuestionó el acierto o desacierto de sus dichos en la prensa, sino la violación a un deber de 'reserva', es decir el haber permitido que un periodista la entrevistara", dice el fallo del juez Ohanian.

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Producto de las medidas en su contra, González relata que debió mudarse al campo debido al estrés que padecía, tuvo que sacar a su hija del colegio al que la enviaba y anotarla en un liceo público ya que no tenía dinero para pagar la mensualidad, le cortaron la luz, el agua, el teléfono, debió hipotecar una casa de su familia, tuvo depresión, angustia, ataques de pánico y perdió 15 kilos de peso.

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Respecto al fondo de la cuestión -que González habría violado un deber de "reserva" que afectaría al los funcionarios públicos- Ohanian es concluyente.
Primero recuerda que la norma que establece esa mentada "reserva" está fijada por el artículo 29, numeral 7 de la ley 19.121, pero solo afecta a los funcionarios de la administración central. E inmediatamente acota y limita los alcances de tal "reserva".
"No puede referir a una opinión respecto de la marcha del servicio público (...) En todo caso esa 'reserva' únicamente abarcaría datos sensibles que el funcionario conoce por el desempeño de su cargo (ejemplo: no divulgar la enfermedad de un paciente determinado) cuya comunicación, además, no contribuye en nada al interés público".
Ohanian es categórico, claro y contundente:
"La Administración no puede pretender regimentar la opinión de sus dependientes y las críticas públicas que de ellos provienen han sido, son y deberán ser toleradas por los gobernantes. El secretismo es ajeno por completo al sentido republicano. Que no sea del gusto de los directores del INCA el hecho de que trascienda una determinada situación interna, no les concede el derecho de sancionar a una funcionaria cercenando su libertad de expresión, pretendiendo de este modo silenciarla".
"El sentenciante -escribe el juez- no concibe que un funcionario público encuentre limitado su derecho constitucional a expresar su pensamiento en un medio de prensa bajo apercibimiento de ser objeto de una sanción administrativa, como le ocurrió a la actora".
Y agrega que no hay nada que limite el derecho del funcionario público "a expresarse personalmente en forma negativa respecto a la gestión de los directores o cargos políticos si está en desacuerdo; o bien denunciando lo que a su entender son fallas del servicio, porque ello conviene al interés general de toda la sociedad de tomar conocimiento de eventos de gran trascendencia".

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Según la dirección del INCA -los mismos que mandaron tapiar la puerta por la que entraba la funcionaria- González debió verter sus críticas y sus denuncias en forma interna, comunicándolas "a sus superiores".
"La sede no comparte en absoluto estas afirmaciones", dice Ohanian en su fallo. "En el Estado de Derecho cualquier funcionario puede dar opinión respecto de lo que entiende es el mal funcionamiento del servicio en el que trabaja. Lo hacen los sindicatos todos los días. Entender que ello está vedado en aras de una 'reserva' inexistente, únicamente tienda a tutelar la buena imagen de los dirigentes, para que su gestión no sea controvertida en público".

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Ohanian estableció que la dirección del INCA tuvo una "actitud dolosa negligente y temeraria" en este caso y falló a favor de la funcionaria: ASSE deberá pagarle 1.200.000 pesos para compensar el daño moral sufrido.

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En un país donde el secretismo reina, el fallo de Ohanian es histórico y merece el mayor reconocimiento.
Habría que enmarcarlo y colgarlo en cada oficina pública. Habría que entregarle una copia a cada funcionario del Estado, empezando por el presidente de la República y siguiendo por los ministros y cada uno de aquellos que dirigen alguna oficina.
Todos los periodistas hemos chocado mil veces contra el muro del miedo y la censura impuesta desde la burocracia estatal. Miles de funcionarios tienen prohibido por sus superiores hablar con la prensa, incluso de las cosas más nimias: sienten pavor ante la mera presencia de un periodista, temerosos de las sanciones que recaen sobre ellos si hablan, como le pasó a González en el Instituto del Cáncer.
Para hablar, son obligados a tramitar permisos excepcionales con sus superiores, con todo lo que ello implica.
Lo maravilloso del fallo de Ohanian es que establece que esa censura no se basa en nada legal y que, por el contrario, viola las más elementales normas de la República.
Con todo, y luego de la enorme alegría y satisfacción que provoca leer esta sentencia de un juez uruguayo, el fallo deja un triple sabor amargo.
Primero, porque los funcionarios que en este caso actuaron en forma "dolosa, negligente y temeraria", siguen allí, dirigiendo el Instituto del Cáncer u otras dependencias de la salud pública.
Segundo, porque el dinero que se le pagará a la funcionaria perseguida en forma ilegal e injusta no saldrá de los bolsillos de sus perseguidores, como debería ser, sino del nuestro, del de todos los uruguayos. (¿Hasta cuándo seguiremos todos nosotros pagando la irresponsabilidad de la burocracia que mal dirige el estado?).
Y tercero, porque el secretismo -a pesar del notable fallo de Ohanian- vive y lucha. Pocas semanas después, un decreto de la propia Presidencia, firmado por el vicepresidente Sendic y todos los ministros de gobierno, estableció que los funcionarios deben mantener la "discreción" respecto a "datos, hechos y documentos" que conocen como empleados públicos y que es una "falta muy grave, pasible de destitución" filtrar documentos a la prensa.
Es contra la República.

Lean el fallo del juez Ohanian.

Adiós a una joven valiente

Los meses previos a la salida al mercado de la revista Tres, entre 1995 y 1996, fueron increíbles: a una cantidad de periodistas se nos pagó el sueldo durante varios meses sin que la revista se publicara todavía. La idea es que empleáramos ese lapso para crear fuentes, investigar, preparar notas.
Yo dediqué ese tiempo a investigar a la Comunidad Jerusalén, un grupo de la Iglesia católica que orientaba el sacerdote salesiano Adolfo Antelo, un cura carismático, muy popular por oficiar misa por televisión, a través de Canal 4.
Por una casualidad, a comienzos de 1993 me había tocado cubrir ese tema en el semanario Búsqueda, a pesar de que yo era el cronista sindical y pasaba mis semanas confinado en la sede del PIT-CNT, que entonces estaba en la avenida 18 de Julio, y en el bar de enfrente, el Molto Bene, donde siempre había algún dirigente sindical con quien hablar.
En 1993, después de años de recibir denuncias y no darles curso, la Iglesia por fin había decidido investigar lo que ocurría dentro de la Comunidad Jerusalén. Eso motivó el interés de Búsqueda y, como el periodista que se ocupaba de temas eclesiásticos estaba de licencia, me tocó a mí escribir sobre el asunto.
Hice un par de notas sobre el tema. Conté que la investigación abierta se centraba en denuncias de "malos tratos" que algunos ex integrantes de la Comunidad Jerusalén habían realizado. En el segundo artículo, se incluyeron testimonios de varios jóvenes que habían estado en el grupo y habían sufrido los famosos "malos tratos" de Antelo. Quedaba claro que el cura los golpeaba.
Dos años después yo ya no trabajaba en Búsqueda y estaba en el plantel que preparaba Tres.
Cuando llegaron esos meses soñados por todo periodista en los que podía cobrar un sueldo sin las urgencias de publicar todos los días o todas las semanas, le propuse a los directores de la revista, que eran Alejandro Bluth y Juan Miguel Petit, mi intención de investigar a la Comunidad Jerusalén, porque estaba seguro que aun quedaba mucho que contar.
Sucesivas entrevistas con ex integrantes me sumergieron en un mundo de terror alucinante creado por Antelo dentro de la propia Iglesia y ocultado durante años: las golpizas que sufrían los integrantes del grupo eran tremendas. Antelo les pegaba piñazos y golpes brutales con una pata de palo que llevaba como consecuencia de una amputación y que -parece cómico pero no lo es- oportunamente se quitaba para reventar a sus discípulos. Muchos habían sido fracturados. Las paredes de los locales de la comunidad tenían manchas de sangre. (La reciente publicación del libro El reino del padre Antelo, de Marcelo Di Lorenzo, otro ex integrante de la comunidad, me permitió conocer un nuevo detalle en aquel mundo de horror: Antelo también practicaba el "submarino" con sus víctimas, lo mismo que los torturadores de la dictadura).
Volvamos a 1995. A medida que seguía entrevistando gente y a profundizar en mis preguntas, comenzó a aparecer un asunto nuevo: Antelo también abusaba sexualmente de las mujeres de su comunidad.
Un día se lo conté a Bluth. Me preguntó si alguna de las jóvenes abusadas me había dado su testimonio. Le dije que no, que por el momento lo que tenía era el relato de algunos hombres que habían presenciado manoseos en los genitales y habían visto a Antelo pasar la noche en su dormitorio acompañado de algunas de sus "princesas".
Bluth me respondió tajante, palabras más, palabras menos:
-Si no conseguís una mujer que diga, con nombre y apellido, que Antelo abusó de ella, no vamos a publicar nada de abusos sexuales. El tema es muy grave como para basarnos en fuentes anónimas o testimonios de terceras personas.
A partir de ese momento, mi investigación entró en una fase desesperada. La revista ya tenía fecha de salida para fin de mes y no quedaba mucho tiempo para seguir investigando.
Yo tenía una larga lista de mujeres que habían dejado el grupo y sabía con certeza que varias de ellas habían sido abusadas por Antelo.
Las fui llamando una por una. Ninguna quería hablar. Además de las amenazas de condenarse al infierno eterno que Antelo y sus cómplices lanzaban a todos los disidentes, en este caso se sumaba la vergüenza de tener que contar en público una experiencia traumática y humillante: "Esto no lo puedo hablar con nadie". "No se lo conté ni a mis padres". Algunas me decían que necesitaban pensarlo bien y me pedían que las llamara otra vez en tres o cuatro días. Cuando volvía a telefonearles, me decían que lo habían meditado mucho y que, a pesar de que querían hacerlo o sabían que eso era lo correcto, preferían no hablar.
Yo iba tachando uno a uno los nombres de mi lista. Tenía tantas jóvenes tachadas que parecía que nunca podría contar las cosas terribles que habían pasado en Comunidad Jerusalén. Comencé a deprimirme.

Un día llamé a una tal Ana Coutinho, otro de los nombres de mi lista. Lo mismo que otras, también me pidió unos días para pensarlo. La volví a llamar por teléfono unos días después, con pocas expectativas.

Me dijo:

-Lo estuve pensando mucho y no es fácil para mí, pero voy a dar mi testimonio...

Quería que a nadie más le pasara lo mismo. Pensaba en las chicas que seguían dentro de la Comunidad.

Por un momento quedé en shock. Cuando reaccioné, nos citamos en la plaza de comidas de un shopping, donde ella dio su testimonio en primera persona, con nombre y apellido.

Recuerdo bien el momento. Ana hablaba sin la excitación que suelen tener los que buscan contar algo en la prensa por ansias de figurar, de ganarse sus 15 minutos de fama. Tampoco estaba apesadumbrada. Contó todo con sobriedad y seriedad, sin aspavientos y sin rehuir preguntas, consciente de los efectos que tendría su declaración. Aceptó pasar unos días después por la redacción de la revista para que se le tomara una foto.

La nota, que se publicó en el primer número de Tres, incluida años después en el libro Un mundo sin Gloria, provocó un gran impacto. A pesar de que Antelo nunca perdió el apoyo del Vaticano (ni de un variopinto conjunto de influyentes uruguayos que fue desde Canal 4 al semanario tupamaro Mate Amargo), los testimonios en su contra eran categóricos. Fue procesado con prisión y murió en régimen de prisión domiciliaria en un hogar selesiano.

El gesto valiente de Ana Coutinho fue clave para el justo desenlace de esta historia. Me han dicho en la Iglesia que todas aquellas que fueron las "princesas" de aquel hombre enfermo hoy están recuperadas.

Que yo sepa, luego de haber dado aquel testimonio, Ana no volvió a ser noticia. Se dedicó a rehacer su vida y formó una familia. Salvo un par de encuentros casuales, pasaron los años y no supe más de ella.

En diciembre, recibí la llamada de un ex integrante de la Comunidad Jerusalén. Me contó que Ana Coutinho acababa de fallecer, víctima de una enfermedad que se la había llevado en forma muy prematura.

No puedo decir mucho sobre ella. Apenas la conocí. Solo hablé con Ana largo y tendido una única vez, en la plaza de comidas de un shopping. Pero sí puedo decir una cosa: cuando la vida la puso en una encrucijada, por sobre un coro de admoniciones y amenazas, Ana Coutinho tuvo mucho coraje. En medio de una tempestad donde muchos flaquearon, ella desechó la salida fácil y prefirió lo que era mucho más complicado: hacer lo correcto.

Es una medalla que pocos pueden colgarse.

 

Gavazzo. Sin Piedad: reseñas, críticas y entrevistas

Después de más de dos años de trabajo, se presentó el libro Gavazzo. Sin piedad. La presentación fue radial, realizada en el programa No toquen nada, con el periodista Joel Rosenberg, el historiador José Rilla y el politólogo Daniel Chasquetti. Lo dicho fue resumido en esta nota del portal 180.

Crítica y reseñas

Crítica en La Diaria.

Crítica en el semanario Brecha: (compartida con autorización). 

Reseña en El País.

Opinión de los lectores:

 

Entrevistas a propósito del libro:

Con Edmundo y Estefanía Canalda en 2030, en radio El Espectador.

Con Nicolás Lussich, en radio Carve.

Con Efraín Chury Iribarne, en radio Centenario.

Con Álvaro Carballo, en Televisión Nacional

Con Aldo Silva en Fuentes confiables, radio Universal

Foto: radio Universal

Con Daniel Figares y Pablo Alfano en Rompkbezas, de radio El Espectador.

Con Elio García Clavijo, en Carmelo Portal.

Con María Inés Obaldía, en La Mañana en Casa, en Canal 10.

Con Christian Font, Soledad Ortega y Federico Paz, en Buen día Uruguay, Canal 4.
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Contratapa escrita por el periodista Jaime Clara:

Corrección a Jorge Zabalza

Jorge Zabalza fue entrevistado por el periodista Gerardo Tagliaferro, en su ya tradicional espacio en Montevideo.com llamado "Las 40". Allí el periodista le hace 40 preguntas a su entrevistado y en este caso la pregunta 18 fue:
-En el marco de la llamada "tregua" del año 72 estuvieron los trabajos conjuntos de militares y tupamaros en el Florida contra los "ilícitos económicos", por los cuales se llegó a detener gente. ¿Tenés constancia de que tupamaros hayan participado en torturas a detenidos por este motivo?
Zabalza respondió:
-No tengo testimonio directo de eso. Hubo gente que participó en el levantamiento y análisis de las declaraciones. Eso sí lo tengo claro. El que dice eso es el coronel Agosto (en el libro Milicos y tupas, de Leonardo Haberkorn). No he oído a ninguno de los compañeros que estuvo detenido en esos lugares -que fueron el Batallón Florida, el cuartel de La Paloma, el 9.º de Caballería y el Ingenieros I- hablar de que hayan participado en la tortura.
La respuesta de Zabalza es equivocada, lo que dice no es cierto, y eso me obliga a escribir esta aclaración.
Milicos y tupas no fue escrito para denunciar que hubo tupamaros torturadores, que los hubo.
El libro ha tenido lectores atentos y críticos que han captado bien su espíritu general. Invito a los que tengan curiosidad a leer aquí las críticas de Guillermo Zapiola en El País y de Salvador Neves en Brecha, por ejemplo. O la presentación que hizo del libro el historiador Gerardo Caetano.
Pero el tema de los tupamaros torturados-torturadores vuelve una y otra vez.
Y entonces Zabalza dice lo que dice. Y lo que dice no es verdad.
Lo que el hoy coronel retirado Luis Agosto, que en 1972 era capitán, afirma en el libro respecto a la colaboración de tupamaros a la hora de interrogar a los detenidos por supuestos "ilícitos económicos" está en la página 156 del libro.


Cito en forma textual:

"Según el coronel Agosto varios tupamaros ayudaron en la tarea de teatralizar la tortura:
-Los tupas se prestaban para estar en celdas cercanas y gritar en esos momentos. Desde la pieza de al lado a la que usábamos para interrogar a los ilícitos, los tupas gritaban: '¡No, no me mates!, ¡no me mates!', y los tipos se asustaban y declaraban sin que les hiciéramos nada. Los tupas gritaban y los tipos se cagaban y pedían para confesar".

Es decir, lo que Agosto recordó en el libro es que hubo tupamaros que colaboraron para interrogar a los supuestos delincuentes económicos, pero él no dijo que hayan torturado junto con los militares.
Los que sí dijeron eso, y no puedo entender cómo Zabalza lo olvidó, fueron otros tupamaros, asqueados por los recuerdos de aquella situación.
En Milicos y tupas se recoge el testimonio del contador Carlos Koncke, preso en aquel entonces por tupamaro. Su testimonio está en la página 157:

"A mí los militares quisieron llevarme a interrogar, pero yo les dije que de ninguna manera, que eso era cosa de ellos. Pero recuerdo a un tupa que sí aceptó interrogar a los ilícitos, y fue. Yo lo vi. ¡Lo vi yo mismo! Era un tipo muy especial, un verdadero rico tipo. Y cuando volvió se ufanaba: '¡Yo le metí la cabeza en el tacho, sí!'. Estaba orgulloso de lo que había hecho".

También en el libro se incluye el testimonio de una tupamara que no quiso presentarse con su nombre verdadero, el único caso en el libro. Yo acepté su anonimato porque conozco los problemas que le sobrevendrían si se presentara en público con su nombre, Ojalá se hubiera atrevido a hacerlo, pero no se animó.
La llamé "Mónica" en el libro y su testimonio coincide con el de Koncke. Sus dichos refieren al trato que recibió en el cuartel de La Paloma el contador León Buka, uno de los detenidos durante la tregua entre militares y tupamaros.
El testimonio de "Mónica" está en la página 158:

"Buka fue torturado por gente del MLN. La idea era mostrarle al resto de los compañeros que la cosa iba en serio, que eso era una nueva revolución que se estaba llevando adelante. 'A estos hijos de puta les va a pasar esto de ahora en más'. Ese era el mensaje. Cuando lo devolvían de la tortura, una compañera que sacaba medicamentos de la enfermería le daba analgésicos y Valiums a Buka. '¿Qué estás haciendo?', le decían. 'Estoy ayudando a un pobre tipo' -respondía ella; la tortura nunca es admisible'".

En Milicos y tupas se recoge también el testimonio del tupamaro Pedro Montero, incluido en el libro Ecos revolucionarios (2003), de Rodrigo Vescovi.
Montero coincide con Koncke y con Mónica.
La cita está en la página 158 de Milicos y tupas. Le dijo Montero a Vescovi:

"Después se torturó a toda la gente de Jorge Batlle y participamos nosotros en la tortura. Recuerdo que dentro del batallón Artillería 2 viví la tortura de civiles de derecha y a eso me opuse. El contador de Peirano fue defenido por mí dentro de Artillería 2 (...) Y lo que no puede ser es que hubiese compañeros nuestros haciendo, digamos, de soporte asistencial a los torturadores y preguntando. Y eso para mí, que me disculpen, no lo paso ni lo dejo pasar, lo denuncio. (...) Era infame".

Espero que la memoria de Zabalza se haya refrescado.
No es el coronel Agosto quien dice en mi libro que hubo tupamaros torturadores.
Son otros tupamaros quienes lo cuentan.

Información, información, información

Soy periodista y, a pesar de todos sus problemas y defectos, creo en el periodismo. Creo que la información, cuando circula amplia y libre, ayuda a que la gente tome decisiones más acertadas y así mejora la sociedad. Y que cuánta más información hay disponible, más posibilidades hay de que los problemas se solucionen.
Pero hay mucha gente que no piensa así. A veces están impulsados por motivos mezquinos: ellos manejan información, la aprovechan y no quieren que otros gocen del mismo privilegio. Otros, en cambio, rechazan la circulación de información por motivos altruistas: quieren hacer el bien sin interferencias, y nos ven a los periodistas como un estorbo.
En este último apartado están algunos de los que se dedican en el mundo a recibir refugiados.
Defensores a ultranza de la "privacidad" de los emigrantes, nos ven a los periodistas como una molestia.
Viene a mi mente una ONG que trabaja con refugiados. En las décadas que llevo trabajando en este oficio no recuerdo ningún otro lugar donde me hayan hecho sentir tan indeseable. Te dicen que no te dirán nada incluso antes de que hayas preguntado algo. Ese es su dogma. Para ellos, el trabajo de un periodista que quiera ir más allá de sus comunicados de prensa es malo por definición. Ponemos en riesgo la privacidad de los refugiados.
Seguramente -no lo dudo- tienen muchos ejemplos de mal periodismo que respaldan su convicción.
Hace unos meses comencé a interiorizarme de cómo marchaba la situación de los sirios que el gobierno a instancias del entonces presidente José Mujica trajo a Uruguay. Hablé con varios de ellos y me contaron muchas cosas. Tenían ilusiones y quejas, alegrías y angustias, situaciones que los hacían felices y otras que no comprendían.
Pensé que contar todo eso sería bueno.
Por ejemplo, la mayoría de ellos trabajaba. Los uruguayos, sin embargo y quizás por asociación con los refugiados de Guantánamo, creía y cree que no.
Algunos, por ejemplo, estaban llevando adelante emprendimientos muy empeñosos, pero de un modo precario. La publicidad los hubiera acercado a gente que podría haberlos ayudado a mejorar.
Y así con otras situaciones que un poco de información hubiera ventilado y descomprimido.
Lamentablemente, ninguno de ellos aceptó hablar en público y contar su caso.
Tenían miedo, desconfianza.
Pregunté por qué y algunos se quejaron de que ciertos periodistas habían publicado informaciones falsas sobre ellos. Otros me dijeron que les habían pedido que no hablaran con la prensa.
¿Quién?
No sé.
Intenté sacar adelante una nota contando la marcha de uno de esos empredimientos empeñosos y precarios, en base a testimonios de uruguayos que lo conocían. Tampoco fue posible. Encontré gente deseosa de contar. Pero cuando pidieron permiso para hablar (en Uruguay siempre hay que pedir permiso para hablar) se lo negaron.
Hoy la situación que yo quise contar ya no existe.
Los emprendimientos laboriosos se han caído.
Las molestias se han agrandado.
La frustración ha crecido.
La falta de comunicación y el silencio informativo hicieron su trágica obra: para un público ignorante de todos los hechos, detalles y circunstancias, gente que creía que todo marchaba color de rosas, el tema apareció de golpe y con la magnitud de una bomba: "¡Los sirios están acampando frente a la Presidencia!". "¡Dicen que quieren irse!". "¡Qué gente desagradecida!"
Esas son las noticias en cuanto a la marcha de su inserción en Uruguay.
En cuanto a la defensa de la Privacidad, la cosa está así: la gente pasa por la plaza Independencia y les saca fotos. Algunos insultan y les gritan: "vayan a laburar". Llueve y los sirios están durmiendo a la intemperie, en la calle, a la vista de todos.
Malos periodistas hay muchos, como también hay malos médicos.
Pero combatir la información es como combatir la medicina.
Sabelo.

Una noche en Salto

No es normal que la ciudad de Salto ocupe el centro de la atención continental, pero eso ocurrió el martes 23 cuando Uruguay amaneció con la trágica noticia del accidente protagonizado por el padre de Edinson Cavani que le costó la vida a un joven de 19 años.
El papá del futbolista había bebido y sin embargo conducía una camioneta cuando atropelló y mató al joven motociclista. Para cuando el asunto se hizo público, Luis Cavani ya estaba detenido en espera de ser trasladado ante un juez.
La noticia provocó de inmediato el interés en el resto del mundo, por el impacto que podía tener en el desempeño de Edinson Cavani, uno de los más reconocidos integrantes de la selección uruguaya que estaba disputando la Copa América.
Como mi trabajo de corresponsal en Uruguay de la agencia Associated Press supone no informar de noticias que no estén confirmadas, busqué la confirmación oficial sobre el accidente en el juzgado y la policía de Salto.
Fue así que recibí el comunicado matutino de la Jefatura de Policía de esa ciudad, donde se relatan los acontecimientos de la noche anterior. Todos los días la policía salteña emite esos comunicados, una rutina a la que nadie presta demasiada atención. Si el padre de Cavani no hubiera atropellado al motociclista yo jamás lo habría leído.
Pero lo leí.
Salto es una ciudad importante en Uruguay, pero en términos mundiales o continentales es una ciudad mediana o incluso pequeña. Allí viven unos 100.000 habitantes, lo que la hace unas 13 o 14 veces menos poblada que Montevideo. Pero el comunicado matutino de la Jefatura está lejos de pintar la noche de una ciudad bucólica.
Para empezar, se denunciaron siete robos.
El dueño de una chacra de la avenida Concordia sorprendió a dos hombres que le estaban robando morrones. Pudo detener a uno, pero el otro escapó. Un hombre denunció que otro le puso algo en el vino y aprovechó para robarle la billetera. Otro salteño se presentó ante la policía y relató que ladrones entraron a su casa y lo despojaron de una larga lista de objetos y joyas, también de dos cajas de balas una calibre 22, otra calibre 38 y un rifle. A otro hombre le robaron el celular en su lugar de trabajo. Un comerciante denunció que los ladrones rompieron el techo de su comercio y se llevaron dos cajas registradoras. A otro hombre le entraron al galpón contiguo a su casa y le robaron gran cantidad de herramientas de trabajo.
Además, la policía recuperó una moto robada y logró detener a un menor adicto a las drogas que se encontraba fugado del INAU.
El comunicado abunda en incidentes violentos.
En la calle República Italiana al 1100, una patrulla encontró a un hombre tirado en el piso con un "corte profundo en la cabeza". Lo llevaron a un hospital, pero se fugó antes de poder ser visto por los médicos.
Otro hombre llegó a una dependencia policial y denunció que ocho menores de edad le apedrearon su domicilio en la calle Valentín, provocando daños en el techo de chapa. No era la primera vez que le hacían algo parecido.
Un motociclista agredió a los inspectores que lo detuvieron por circular sin casco y fue detenido.
Un borracho, que quemaba cartones en la calle, intentó arrancar el contador de UTE de la fachada de un comercio, en pleno centro.
Muchos de los actos de violencia consignados en el comunicado ocurrieron en los hogares salteños.
Una mujer denunció que su hijo, menor de edad se peleó con su hermano, y cuando ella intentó calmarlo, él la insultó, la empujó con violencia y luego tomó una madera y rompió todo lo que encontró cerca.
Un hombre denunció que su ex pareja, una mujer, fue a su casa por la noche y lo agredió verbalmente "a los gritos" y "con el más bajo vocabulario". Luego le tiró una piedra en la cabeza.
Una mujer denunció a su esposo por "reiteradas agresiones verbales y físicas". La pareja ya está disuelta, explicó ella, pero siguen viviendo bajo el mismo techo porque él tiene otro lugar donde ir.
Eso es lo que consigna el comunicado. Cabe imaginar cuántos robos no habrán sido siquiera denunciados y cuántos casos de violencia familiar habrán quedado guardados, criando rencor, sepultados por el pudor, la vergüenza o el miedo.
Una noche en Salto. Una noche en la que la única noticia que llegó a los medios fue la del padre de Cavani.
Más o menos lo mismo que pasó en Salto habrá ocurrido también en las otras capitales departamentales que tiene el país. Y habrá pasado multiplicado por 12, 13, 14 o 15 en Montevideo.
Los casos de violencia doméstica -de los que todas las semanas tenemos ejemplos trágicos- merecen un renglón aparte. Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, hermanos contra hermanos y contra sus madres.
Los casos de violencia doméstica en Salto se multiplicaron por dos entre 2011 y 2014, informó el 9 de marzo el diario local El Pueblo. En 2014 hubo 2.673 denuncias.
Y no es solo en Salto. Hace unos días el diario El Observador, citando un estudio presentado en el Palacio Legislativo, informó que las muertes por este tipo infame de violencia en Uruguay son proporcionalmente cinco veces las de Chile y diez veces las de España. ¿Qué es lo que ocurre en este país para que dentro de sus propios hogares los uruguayos se comporten de un modo tan ruin y violento con sus propia familia?
La respuesta -que no debe ser simple- seguro no está en las toneladas de propaganda oficial y publicidad autocomplaciente con la que somos bombardeados día y noche, la machacona y anestesiante prédica de un Uruguay idílico que en realidad no existe.
Más que a la tanda de la televisión, Uruguay se parece a los modestos comunicados que cada día redacta un policía salteño para que nadie lea, salvo que el horror alcance de costado a un futbolista famoso. Habría que leerlos más, porque el primer paso para solucionar cualquier problema siempre es asumirlo.

el.informante.blog@gmail.com

Qatar en el pecho de los dioses del fútbol

Se venden más de un millón de camisetas de Barcelona por año. El equipo es señalado, una y otra vez, como modelo de éxito deportivo y de gestión, omnipresente en las pantallas del televisor. Tres de los diez mejores futbolistas del mundo, quizás tres de los cinco mejores, llevan esa camiseta. Es la que los niños del mundo quieren tener. Es también la que mejor ejemplifica la cínica y perversa relación que el mundo de fútbol tiene con el dinero y la corrupción.

Con Qatar en el pecho

La camiseta de Barcelona lleva la marca de Qatar en el pecho (a través de su empresa aérea estatal Qatar Airways). A cambio, la institución recibe 30 millones de dólares anuales.
Qatar es un pequeño estado árabe de tan solo dos millones de habitantes y una fabulosa riqueza de gas y petróleo que lo han transformado en el país de renta per cápita más alta del mundo. También será la sede de la Copa del Mundo de 2022.
¿Cómo un país inexistente en el mundo de fútbol y del deporte en general logró ser elegido como sede de un Mundial?
Pagando sobornos.
La propia Comisión de Ética de FIFA admitó "prácticas sumamente dudosas" para adjudicar el Mundial, pero FIFA se negó a publicar el resultado íntegro de sus investigaciones.

Documentos revelados por el diario británico Sunday Times mostraron que un miembro qatarí del consejo ejecutivo de FIFA, Mohamed Bin Hammam, pagó altas sumas de dinero para obtener el voto de federaciones africanas de fútbol para que Qatar fuera votado como sede del Mundial 2022.

Un informe del Consejo de Europa lo definió la adjudicación de esa Copa del Mundo como "un procedimiento profundamente manchado de ilegalidad".
Y no solo de ilegalidad. También de sangre. Sangre de miles de trabajadores extranjeros de países pobres que han llegado a Qatar para ganarse un salario y han caído en un oprobioso sistema de explotación que ha llevado a cientos a la muerte.
Según un informe publicado por El País de Madrid en julio de 2014, para esa fecha ya habían muerto 672 nepalíes empleados en las obras del Mundial. Las cifras provienen del un organismo oficial nepalí encargado de indemnizar a los familiares de los trabajadores que han fallecido o sufrido un accidente. Organismos sindicales han estimado que para cuando la pelota comience a rodar la cifra de muertos podrían llegar a 4.000.
En Qatar -el país-marca que Messi, Neymar y Suárez llevan en su pecho- están prohibidos los sindicatos y no existe el salario mínimo. Rige un sistema llamado "kafala", según el cual cada trabajador está vinculado a quien lo contrata, quien es su "patrocinador". Quiere decir que cada trabajador depende de la voluntad de su empleador para tener acceso al sistema de salud, y que debe contar con su permiso para salir del país y hasta para cambiar de empleo si lo desea. No hablemos de establecer una demanda por un contrato incumplido.

Muchos inmigrantes viven hacinados en alojamientos o campamentos que a veces carecen incluso de electricidad y agua corriente.
Según la crónica de El País, los nepalíes en Qatar "se alojan en campos de trabajo pequeños e insalubres donde cientos de personas conviven hacinadas compartiendo una cocina y pocos cuartos de baño. Una gran mayoría trabaja de 10 a 14 horas diarias, a menudo soportando temperaturas que alcanzan los 55 grados. Como consecuencia del ritmo de trabajo agotador e inhumano, muchos son incapaces de sobrellevar el cansancio y mueren a causa de un fallo respiratorio o cardíaco".
Son infartos, dice el gobierno de Qatar.
El informe 2014/2015 de Amnistía Internacional sobre Qatar denuncia que ni siquiera se cumplen las escasas leyes laborales locales, que muchos inmigrantes trabajan más horas de las permitidas y no cobran los salarios pactados. "Algunos empleadores no les pagaban el salario, y otros no les expedían permisos de residencia, dejándolos indocumentados y en peligro de ser detenidos", dice el informe. "Pocos trabajadores guardaban ellos mismos sus pasaportes, y algunos empleadores les negaban los permisos necesarios para abandonar el país. Los trabajadores de la construcción estaban expuestos a condiciones peligrosas. La Ley del Trabajo prohibía a los trabajadores migrantes afiliarse a sindicatos o formarlos".

Periodistas extranjeros y activistas de los derechos humanos que han tratado de reportar estos abusos han sido encarcelados, sin mayores explicaciones. La última vez ocurrió hace tan solo diez días con dos periodistas de la BBC.

"Es simplemente inaceptable que uno de los países más ricos del mundo tenga a tantos trabajadores inmigrantes que están siendo explotados sin piedad, a los que se les roba su paga y que se quedan sin medios para sobrevivir", denunció el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.

Hasta Visa, uno de los principales patrocinadores de FIFA, emitió recientemente un comunicado señalando: "Seguimos consternados por los informes que salen de Qatar sobre la Copa del Mundo y las condiciones de los obreros migrantes".
Consternados, pero allí siguen, alimentando el circo.

El resumen del informe de Amnistía Internacional sobre Qatar dice: 

"La población trabajadora migrante seguía sin recibir protección adecuada de la ley y padecía explotación y abusos. Las mujeres sufrían discriminación y violencia. Las autoridades restringían la libertad de expresión, y los tribunales no respetaban las normas sobre juicios justos".

Mientras todos ponen el grito en el cielo por la corrupción en la FIFA, esa es la camiseta que el modelo del fútbol lleva en su pecho.

Montonera de plata

Es una historia nunca antes contada de la dictadura. Tres oficiales del Ejército encargados de la lucha antisubversiva fueron pasados a Tribunal de Honor en 1979 acusados de secuestrar a un argentino, ajeno a toda guerrilla, con el fin de sacarle cuatro millones de dólares. Publiqué este reportaje en la edición de Brecha del 1 de abril. Aquí se reproduce un fragmento.

Portada de la edición del semanario Brecha

Verano de 1979. Gobierna la dictadura militar y todavía no hay signos de apertura política en Uruguay. Un señor llamado Luis Camuyrano llega a la Jefatura de Montevideo para hacer una denuncia. En los papeles en los que se basa este reportaje no queda claro si fue el miércoles 14 o el jueves 15 de marzo.
Camuyrano, que es argentino, dice a quien lo atiende en la Jefatura de Policía que en los últimos cuatro días lo han secuestrado dos veces, se lo llevan y lo vuelven a dejar en el hotel donde está alojado, prometiéndole volver a secuestrarlo. Dice que lo extorsionan y que lo tienen amenazado de muerte. Que le han propuesto “un acuerdo para ser liberado a cambio de la entrega a sus captores de cuatro millones de dólares”. Que lo han obligado a enviar un télex a un banco de Europa con ese objetivo. Que cuando el dinero llegue, sus secuestradores se quedarán con él.
Cuenta que se aloja en el hotel Crillón y que en cualquier momento volverán por él, para exigirle el dinero. Si no lo tiene lo matarán. Y acá viene lo más interesante. Dice que sus secuestradores son militares y policías. Que él no tiene nada que ver con los Montoneros ni con ninguna guerrilla. Que está en Montevideo por negocios, una venta de carne, una exportación de grasa para Bolivia.
Obviamente no era fácil en aquellos años llegar a la Jefatura de Policía y denunciar por secuestro y extorsión a policías y militares. Pero Camuyrano –que no era un niño inocente- habrá estimado que esa era la última carta que le quedaba por jugar, que no tenía otro remedio, que de lo contrario lo matarían.
Todo está registrado en unos papeles que pertenecen al propio Ejército. Y demuestran con claridad, ponen en blanco sobre negro, que ciertos oficiales de la Policía y las Fuerzas Armadas -que tenían a su cargo la lucha antisubversiva- amenazaban, secuestraban y extorsionaban. No como parte del combate a los movimientos subversivos. Sino simplemente, como vulgares ladrones, para quedarse con dinero ajeno.

***

No se sabe si Camuyrano habrá tenido tal grado de sinceridad con quien le tomó la denuncia como para contarle que sus propios negocios tampoco solían ser legales. Más que un empresario, él, Luis Felipe Camuyrano De León, argentino residente en Italia, era un delincuente de cuello blanco. Tenía sus códigos. No usaba la violencia. Lo suyo eran estafas, falsificaciones, droga.
Cuando llegó esa tarde de marzo a la Jefatura de Policía de Montevideo, Camuyrano llevaba apenas cinco meses de goce de libertad, luego de haber pasado un lustro preso en Alemania.
Aunque esa historia no está registrada en los papeles del Ejército, sí está en el ejemplar del 18 de octubre de 1973 del diario La Vanguardia de Barcelona. Camuyrano integraba una banda de estafadores que contactaba a los familiares de las víctimas del naufragio del trasatlántico Andrea Doria para sacarles dinero con el fin de solventar una inexistente operación de recuperación del buque. Decía ser dueño de una sólida y experimentada empresa de rescate marítimo, y exhibía documentos que así lo demostraban. Falsos, claro.
Quién sabe en realidad qué “negocio” había traído a Camuyrano a Montevideo. Es probable que la idea de venir a Uruguay fuera del doctor Ferreira Estrada, socio y compinche, también con antecedentes penales varios: estafa, falsificación y contrabando.
Lo más seguro es que todo haya sido una trampa de Ferreira Estrada.

***

Camuyrano terminó de hacer su denuncia y quien la recibió le dio curso.
El jueves 15 de marzo, un comisario de apellido Márquez le pidió al comisario Luis Campos Hermida, jefe de la Brigada de Narcóticos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que le prestara “grabadores y captores”: los necesitaba porque había un caso de “secuestro en el hotel Crillón” e iban a investigarlo.
Un secuestro en el hotel Crillón. Campos Hermida se dio cuenta de que se trataba de Camuyrano y se desesperó. Él estaba implicado en esa extorsión. Estaba muy involucrado. ¡Toda la historia había comenzado cinco días antes en su propio despacho!
Hay que parar esto ya mismo, pensó y corrió a la oficina del inspector Leonel Luna Méndez, director de Investigaciones, para pedirle que por favor no siguieran adelante.
El inspector Luna Méndez relataría luego, y quedó anotado por escrito, que Campos Hermida llegó a su despacho exhibiendo una “alteración nerviosa”. Le manifestó que “estaba metido” en una extorsión. Tan atormentado estaba que le dijo que “quería pegarse un tiro”.
Luna se contactó entonces con el mismísimo jefe de Policía de Montevideo, el coronel Hugo Arregui, y le relató lo que estaba sucediendo. Campos Hermida fue interrogado entonces por el Jefe de Policía y declaró más o menos lo mismo. Pidió “que el hecho se hiciera pasar como un procedimiento de Sedición a efectos de no ser perjudicado”.
Se puede suponer que allí mismo Campos Hermida le advirtió a los jefes de la Policía montevideana que no se trataba solo de él, sino que también había metida gente del Ejército, de la OCOA ni más ni menos, el poderoso Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de las Fuerzas Armadas. Estaba metido un comandante de la OCOA, el teniente coronel Ernesto Ramas.
“Ramas sabía que era por dinero”, admitió Campos Hermida ante sus superiores.
Pero, por algún motivo, sus súplicas no fueron oídas y la investigación siguió.
No se sabe qué pasó en la Policía, pero en el Ejército todo terminó en un Tribunal de Honor. Las actas de ese escandaloso Tribunal de Honor, no todas pero casi, son los papeles que respaldan este informe.

***

Todo había comenzado cinco días atrás.
El 10 de marzo un argentino con antecedentes penales llamado Ferreira Estrada llegó a la oficina del comisario Campos Hermida y pidió para hablar con él.
Campos Hermida diría luego que lo atendió porque lo conocía de un trato comercial que habían tenido en 1962, cuando trabajaba manejando un remise.
Según lo que declaró el comisario cuando fue interrogado como testigo por el Tribunal de Honor del Ejército, Ferreira Estrada le contó que estaba en Montevideo con un socio, un tal Luis Camuyrano, que le debía plata a pesar de que tenía millones de dólares depositados en un banco europeo.
Tras la entrevista, Campos Hermida no informó nada a sus superiores en la Policía sino que se puso directamente en contacto con el teniente coronel Ramas, segundo comandante de la OCOA.
Ramas montó un operativo para detener a Camuyrano. Tampoco él le avisó a su superior, el coronel Julio C. González. Participaron, además de Campos Hermida y el propio Ramas, otros dos oficiales del Ejército, el capitán Julio Tabárez y el teniente primero Antranig Ohannessian; y dos agentes policiales al servicio de la OCOA, los sargentos Nurmi Suárez y Washington Grignoli.
Fue un operativo de la OCOA –a espaldas del jefe de la OCOA- para apresar a Camuyrano.

***

La Policía liberó a Camuyrano, que seguramente habrá escapado a Argentina o regresado a Europa.
Los tres oficiales de la Policía implicados en el secuestro fueron interrogados por sus superiores. Un resumen de sus declaraciones fue entregado como insumo a los miembros del Tribunal de Honor del Ejército. Algunos pasajes de esas declaraciones, muy significativas, aparecen en las actas del tribunal.
No consta si los tres policías implicados fueron sancionados. Sí que el sargento Nurmi Suárez pidió o recibió la baja y se fue a vivir a Argentina.
Campos Hermida y Grignoli fueron citados al Tribunal de Honor solo como testigos, ya que esa corte militar solo tenía como cometido juzgar el proceder de los oficiales del Ejército implicados en el caso. Sus declaraciones, de todos modos, están en las actas.
En el Ejército, mientras tanto y antes de que se conformara el Tribunal de Honor, hubo una investigación “sumaria” que determinó sanciones para Ramas, Tabárez y Ohannessian, firmadas por el propio comandante en jefe, el teniente general Luis Vicente Queirolo.
Queirolo firmó el 30 de abril de 1979 una resolución que establecía que “de acuerdo a las conclusiones arribadas con motivo de la información sumaria realizada ante los hechos (…) se servirá disponer las siguientes medidas disciplinarias”:
Al teniente coronel Ramas, 60 días de arresto riguroso por, entre otros, los siguientes motivos:
1) Interrogar a un detenido en una base y no registrar su ingreso a la misma, ocultando también el operativo.
2) Dar lugar a que un ciudadano extranjero se presentara en la Jefatura de Policía de Montevideo y denunciara haber sido privado de su libertad en dos oportunidades, extorsionado y amenazado de muerte.
3) Actuar con ligereza, falta de tacto e irresponsabilidad, al llevar a cabo un procedimiento conjunto que posteriormente dio lugar a que se pusiera en tela de juicio su honestidad, integridad y lealtad, al verse involucrado con Subalternos y funcionarios policiales.
4) Agravar su situación por ostentar su calidad de Jefe responsable del operativo, comprometiendo a Oficiales Subalternos y Personal Superior y Subalterno de la Policía.
Al capitán Tabárez, 45 días de arresto riguroso por:
1) Siendo oficial del OCOA, tomar parte de un operativos conjuntamente con Personal Policial, durante el cual se realizaron detenciones, y actuar con ligereza y falta de tacto, dando lugar a que un ciudadano extranjero se presentara en la Jefatura de Policía de Montevideo y denunciara haber sido privado de su libertad en dos oportunidades, extorsionado y amenazado de muerte.
2) Contravenir disposiciones concretas al no registrar el ingreso de un detenido a una base, siendo Oficial de servicio de la misma, motivando que se intentara ocultar el procedimiento.
Al teniente Ohannessian: 45 días de arresto riguroso por:
1) Siendo oficial del OCOA, tomar parte de un operativos conjuntamente con Personal Policial, durante el cual se realizaron detenciones, y actuar con ligereza y falta de tacto, dando lugar a que un ciudadano extranjero se presentara en la Jefatura de Policía de Montevideo y denunciara haber sido privado de su libertad en dos oportunidades, extorsionado y amenazado de muerte.
2) Ser acusado por Funcionarios Policiales de habérsele encomendado la tarea de realizar averiguaciones en Bancos de plaza para tramitar una transferencia de fondos de un detenido, desde el Exterior a Montevideo, con la presunta finalidad de ser distribuido entre el propio detenido y sus captores”.
Los tres, además, fueron pasados a Tribunal de Honor.

***

El Tribunal de Honor se reunió por primera vez el 11 de junio de 1979 en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Lo integraban cuatro coroneles. Como presidente, Doroteo De León. Como vocales, Pedro H. Gonnet y Alfredo A. Rubio. Juan C. Curutchet era vocal secretario.
Oficiaba de auxiliar para el registro de declaraciones y otras tareas de apoyo, pero sin poder de decisión, el mayor Rafael Miranda.
Campos Hermida, cuyo testimonio resultaba clave para saber cómo había comenzado todo, compareció el 24 de julio de 1979.
Hábil declarante, el comisario trató de darle largas al asunto, de diluir el relato y evadir las preguntas con historias laterales exasperadamente largas.
Uno de los coroneles lo interrumpió:
-En forma breve, perdone, quiero que me conteste cómo (Ferreira Estrada) le presentó el caso.
Entonces Campos Hermida contó que Ferreira Estrada fue a verlo a su oficina y le dijo que Camuyrano era un montonero, que “tiene la hija que es montonera, que está en Francia” y que “tiene además 12 millones de dólares en un banco suizo”.
Campos Hermida insistió en que él le pasó al caso al teniente coronel Ernesto Ramas, subjefe de la OCOA, y se desligó del asunto. No le creyeron. Tampoco le creyeron que hubieran secuestrado a Camuyrano pensando de verdad que era montonero. Para el momento de aquella sesión del Tribunal de Honor, más de tres meses después del día en que el argentino se había presentado en la Jefatura de Policía para denunciar su caso, ya estaba del todo claro que Camuyrano no tenía nada que ver con la guerrilla, una información fácilmente comprobable con una llamada de teléfono a los servicios de inteligencia de Argentina.
Por eso mismo, en el Tribunal, en alguna fría sala del Hospital Militar, esos cuatro coroneles le preguntaron una y otra vez a Campos Hermida por qué no había chequeado la información que le había proporcionado un hombre al que no veía desde hacía tantos años, que no era un informante habitual y que tenía antecedentes penales, antes de pasarla a la OCOA y montar un operativo.
Un coronel le dijo al comisario con evidente disgusto:
-Yo lo que no veo claro es cómo ustedes le creen con tanta seguridad a Ferreira Estrada de que el hombre era montonero…
Otro coronel le preguntó si dado que Camuyrano supuestamente era montonero, por qué Ferreira Estrada no lo había denunciado en Argentina y había venido a hacerlo a su oficina.
Las explicaciones de Campos Hermida no resultaron creíbles. Los militares que lo interrogaban no le creyeron nada, según queda claro de la lectura de las actas.
Uno de los coroneles le recordó al comisario su desesperada irrupción en la oficina del inspector Luna, cuando el asunto comenzó a descubrirse:
-Comisario Campos; en determinado momento, ante uno de los Comisarios Inspectores, ante ese camarada usted manifestó con un gesto deprimido que estaba metido en el asunto de la extorsión y que quería pegarse un tiro. ¿Cuál era el motivo de la desesperación, entonces? Está en las declaraciones.
Campos Hermida respondió que no había sido tan así.
-Aunque usted diga que no es así, usted firmó allí- le recordaron- Ya de entrada se sabía que andaba en danza el dinero.
Campos Hermida lo admitió:
-Sí, señor.
Luego trató de hacer una precisión: “había dinero; no era por dinero, había dinero, es distinto”.
Pero reconoció que pensaban hacerse con el dinero de Camuyrano y que le darían una parte a Ferreira Estrada por haberles pasado el dato.
“Si son cinco partes, es una que hay que respetar para el informante”, le explicó Campos Hermida a los coroneles, sin pudor. Y contó que le había dado garantías al informante de que podía confiar en los hombres de la OCOA: ellos respetarían el acuerdo para repartir el dinero y le entregarían su parte. Citándose a sí mismo, el comisario recordó ante el Tribunal de Honor las palabras con la que había tranquilizado a su informante: “En eso usted no va a tener ningún problema Ferreira, con esta gente no va a tener ningún problema, si en caso de que se reciba ese dinero, que ese dinero esté oficialmente, delo por hecho, no le quepa la menor duda”.
-¿Por qué causa –le preguntó uno de los coroneles- se presentó usted en el despacho del señor Jefe de Policía, parece que alterado psíquicamente, y le dio a entender al Señor Jefe de Policía que se podía encontrar involucrado en un hecho delictivo. (…) Y por qué usted (…) le pidió al Señor Jefe de Policía que se hiciera pasar el hecho como de un procedimiento de sedición a efectos de no perjudicarlo.
-Bueno –respondió- yo no recuerdo, no recuerdo que haya dicho esas palabras, que se hiciera pasar un procedimiento….
-Le pidió al Jefe de Policía que hiciera pasar el hecho como un procedimiento de sedición a efectos de no perjudicarlo… -le refrescaron la memoria, mostrándole sus propias declaraciones ante los mandos policiales.
Campos Hermida pasó vergüenza en el interrogatorio. “Yo sé que tal vez ninguno de ustedes crean lo que yo les estoy diciendo”, dijo en un momento.
Por último le preguntaron por el comandante Ramas. En sus declaraciones ante los jefes policiales, Campos Hermida había dado a entender claramente que Ramas solo quería el dinero de Camuyrano. Ahora intentó rebajar sus afirmaciones:
-A mí me preguntan después qué pienso yo, si el comandante Ramas podía haber hecho esto, podía haber hecho una extorsión, yo no creo que él, de ninguna manera, que el comandante Ramas pueda haber hecho una extorsión, no lo puedo creer. (Pienso) que barajaron mal la cosa o que manejaron mal el procedimiento.

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Leyendo las sucesivas entrevistas realizadas por el Tribunal de Honor se puede reconstruir qué pasó con Camuyrano.
Todo fue muy rápido. Ferreira Estrada habló el sábado con Campos Hermida. El comisario llamó a Ramas y se planificó el operativo. El domingo de noche, a las 21 horas, detuvieron a Camuyrano en la esquina de Uruguay y Paraguay.
Lo llevaron, encapuchado y esposado, no la base de la OCOA sino a la casa de Ramas en El Pinar, sin dar aviso del procedimiento a los superiores de la OCOA ni de la Policía.
Ramas, el dueño de casa, interrogó personalmente a Camuyrano. Es de suponer que habrá empleado los oprobiosos métodos a la usanza del momento. Pero no se puede saber con certeza, porque si bien el interrogatorio de los cuatro coroneles que conformaron el Tribunal de Honor es meticuloso en cuanto a si se cometió o no una extorsión, no hay preguntas sobre malos tratos o torturas al detenido.
Sea como sea que haya sido, en esa primera jornada de interrogatorio en la casa de El Pinar quedó claro que Camuyrano tenía dinero en Europa.
El argentino fue luego llevado al hotel Crillón de modo que pudiera realizar los trámites necesarios para traer los dólares, cuatro millones que se repartirían entre sus secuestradores y Ferreira Estrada.
Según declaró Campos Hermida, “Ramas le manifestó que liberó al detenido para posibilitar algún contacto, que dinero existiría, estando en averiguaciones si se podría transferir…”
El martes 13 volvieron a secuestrar a Camuyrano y esta vez lo llevaron a la “base Roberto” de la OCOA, aunque nuevamente no anotaron su ingreso ni avisaron al coronel al mando.
Volvieron a interrogar al argentino, seguramente preguntándole qué había podido avanzar para traer el dinero a Uruguay. Camuyrano relató a la Policía que tras ese segundo secuestro, el propio Ramas lo llevó de regreso al hotel Crillón y le anticipó que a partir de ese momento los interrogatorios serían a cara descubierta.
Quizás ese detalle fue el que hizo entrar en pánico a Camuyrano y lo decidió a presentarse en la Jefatura de Policía para denunciar su caso.

***

El sargento Grignoli, interrogado como testigo por el Tribunal de Honor acerca de los motivos por los cuales Camuyrano fue detenido, respondió:
-Era un montonero, que estaba acá buscando documentos, tratando de conseguir documentos para presuntamente… habría un dinero de por medio que estaba en Europa que sería de los Montoneros y que habría tratado de recuperarlo…
Antes, cuando sus jefes de la Policía le preguntaron en qué lío andaba metido, Grignoli lo había contado todo. Había dicho entonces que el teniente Ohannessian había quedado encargado de hacer los trámites con el banco en el que Camuyrano tenía los millones, para que los dólares fueran girados a Uruguay.
Los coroneles del Tribunal de Honor, con esas declaraciones en sus manos, le recordaron sus dichos a Grignoli. Uno de ellos le preguntó:
-¿Por quién tuvo conocimiento usted que el Teniente Ohannessian era el encargado de hacer averiguaciones con respecto a la posible transferencia de fondos de Europa hasta acá?
Luego de unos balbuceos, Grignoli respondió que lo presumió porque usualmente Ohannessian se encargaba de ese tipo de trámites.
Uno de los coroneles del tribunal le retrucó:
-Sí, bueno, pero en las declaraciones usted no dice que presume, usted dice que fue él el encargado. ¿Se acuerda en qué momento usted se enteró o de qué forma, expresado correctamente y no presunciones?
-No, Señor, concretamente quién me lo dijo no recuerdo.
-¿Pero usted tenía la seguridad de que él era el encargado?
-Sí, yo pienso que sí, no tengo ninguna otra cosa que pensar, de otra persona que pueda hacerlo, ni que alguien más pudiese…

***

Ohannessian declaró que no hizo ninguna averiguación en los bancos para traer el dinero de Camuyrano desde Europa. Es “totalmente mentira al cien por cien”.
Sin embargo, admitió que Ramas le habló del dinero tras interrogar a Camuyrano.
Las actas de las comparecencias de Ramas y Tabárez ante el Tribunal de Honor faltan en los papeles a los que se accedió. Sin embargo, en sus considerandos finales, el Tribunal repasa los principales datos obtenidos en su pesquisa y allí se citan algunos pasajes de lo que declararon estos dos oficiales.
Ramas, por ejemplo, dijo que aceptó la propuesta de Campos Hermida para detener a Camuyrano porque quería impresionar a sus superiores. Relató que tras el primer interrogatorio en El Pinar, le quedó claro que Camuyrano no era montonero y que le habría dicho a Campos Hermida que era todo un “bolazo”.
Sin embargo, no pudo explicar por qué entonces lo volvió a secuestrar otra vez dos días después.
Según quedó estampado en las conclusiones del Tribunal de Honor, según Ramas “el motivo de esta nueva detención se debió a nuevos informes surgidos de la Policía, pero no puede determinar cuáles fueron, aunque ambos interrogatorios fueron conducidos por él”.
Además, Ramas admitió que en el segundo interrogatorio a Camuyrano, en la base de la OCOA, “se trató la posibilidad de efectuar una transferencia de fondos de bancos europeos”.
Tabárez, por su parte, en su comparecencia ante el Tribunal de Honor, manifestó que Ramas, que era su superior, le ordenó participar del operativo y le dijo que se trataba de detener a un montonero.
Relató haberle preguntado a su jefe qué opinión tenía el coronel González, el jefe de la OCOA, sobre el operativo y recordó que su superior le respondió que “aún no había hablado con el señor Coronel a los efectos de no crear una falsa expectativa”.
Tabárez dijo no haber participado de la sesión de preguntas a Camuyrano pero contó que Ramas le comentó “que del interrogatorio practicado no surgen indicios de valor subversivo”. Y que personalmente escuchó como Camuyrano le decía a Ramas que tenía dinero depositado en Alemania y Suiza.
Además, agregó que luego de la segunda detención del argentino, Ramas le ordenó retirar cierta documentación de la OCOA, al parecer referente al caso.
El Tribunal no interrogó al sargento Nurmi Suárez, porque ya no revestía en la Policía y había emigrado a Argentina. Pero se cita lo que Suárez manifestó cuando fue interrogado por sus superiores de la Jefatura de Policía de Montevideo, declaraciones muy significativas que quizás expliquen por qué Suárez no siguió en la Policía y se marchó del Uruguay. Dice en una de las fojas del Tribunal de Honor.
“El ex sargento Nurmi Suárez, en el interrogatorio primario, admite haber participado en el operativo, conjuntamente con los señores teniente coronel Ernesto Ramas, capitán Julio Tabárez, teniente primero Antranig Ohannessian, comisario Campos Hermida y sargento Primero Washington Grignoli, manifestando que los actuantes en ningún momento hablaron de sedición y sí de reparto de dinero, hecho ratificado en su Acta Policial”.
Suárez también relató que “el Teniente Primero Antranig Ohannessian había manifestado que no había necesidad de viajar a Europa para efectuar la transferencia de los fondos y habría quedado en hacer las averiguaciones al respecto”.

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Todo lo que ocurrió después no es menos escandaloso. Los coroneles que tan duramente habían interrogado a los testigos y a los acusados, en vistas de las declaraciones obtenidas, debieron necesariamente haber llegado a la conclusión que el secuestro de Camuyrano había tenido como fin principal, o único, el hacerse con su dinero. Un secuestro extorsivo. Un delito común, vulgar y grave.
De hecho, en los vistos y considerandos de su resolución final, todo apunta en ese sentido.
Pero, sin embargo, el Tribunal de Honor emitió un fallo muy benévolo (...)

CONTINÚA

Fragmento del reportaje "Montonera de plata". La versión completa se encuentra en el libro Herencia maldita. Historia de los años duros.