Periodismo uruguayo: oficialista siempre

Las denuncias contra el hermano del vicepresidente Nin Novoa revivieron la acusación de que la prensa hace una oposición salvaje al gobierno del Frente Amplio. Pero no es cierto.
La mayor parte del periodismo es oficialista, como siempre desde 1973.
Durante la dictadura el oficialismo era impuesto: no serlo implicaba censura, clausuras, la cárcel y la amenaza de la tortura.
Durante los gobiernos de los partidos tradicionales que siguieron a la reapertura democrática, el oficialismo se debió a muchos empresarios de la comunicación, aliados de los partidos Colorado y Blanco, que “protegían” al gobernante de turno, minimizaban cualquier escándalo que pudiera afectarlo, ocultaban información y presionaban a sus periodistas para que no revolvieran demasiado.
Pero ahora gobierna el Frente Amplio y el oficialismo sigue. Curioso destino el del periodismo uruguayo.
Hoy hay una buena cantidad de medios que se asumen del Frente Amplio, y se les nota. Mientras tanto, a los grandes medios no les resulta fácil pasar a ejercer el periodismo en serio después de décadas de oficialismo más o menos recalcitrante.
Aún si quisieran, la mayor parte de las empresas periodísticas no tienen los recursos necesarios para buscar información de calidad que de verdad pueda cuestionar a un gobierno. Esas redacciones pequeñas, mal pagas, donde la mayoría son casi adolescentes, ¿pueden de verdad investigar los negociados turbios de un gobierno?
No, no pueden.
La mayor parte de los dueños de los medios no están interesados en invertir en mejor periodismo. Han vivido bien siendo oficialistas, ¿para qué cambiar? Un equipo capaz de investigar hoy a un gobierno sale caro y puede molestar mañana a una empresa que pone avisos. Puede generar problemas con UTE, Antel y Ancap. En los medios existe pavor a perder la publicidad de las empresas públicas. Ya lo dijo Visillac, el que se porta mal pierde los avisos.
Además, ha habido un cambio generacional. Los periodistas formados en la dictadura ya no están. Eso es bueno, porque los nuevos cronistas ya no creen que el periodismo sea ponerle el micrófono delante al gobernante de turno.
Pero, a su vez, un alto porcentaje de estos jóvenes periodistas son adherentes al Frente Amplio. Y aunque seguramente se esfuerzan por hacer bien su trabajo, piensan, razonan, preguntan y hablan como frenteamplistas. Por eso se indignaban con el clientelismo de los colorados pero ahora no les dice nada que el Frente Amplio coloque a miles y miles de nuevos funcionarios públicos. Por eso les parece correcto usar “la izquierda” como sinónimo de Frente Amplio (¿y Zabalza?, ¿y el Partido Independiente?, ¿y Juan Andrés Ramírez que insiste en considerarse una persona de izquierda?). Por eso les parece una verdad evidente que éste es el primer “gobierno progresista”, aunque haya muchos motivos –históricos y actuales- como para dudarlo. Nuestros gobernantes adoran a estos jóvenes periodistas. Mujica nunca les pedirá que no sean “nabos”.
No hay prueba más flagrante del oficialismo del periodismo que el modo en que reproduce el lenguaje publicitario del gobierno. Un buen ejemplo es el de la reforma tributaria. Lo que sin duda es un impuesto a los ingresos y no a la renta, es llamado “impuesto a la renta” por todos los medios porque así lo decidió el gobierno. No es algo muy distinto a lo que pasaba en los tiempos de “adelante Asadur desde Casa de Gobierno”.
Cuando la reforma tributaria comenzó a ser criticada en sus flancos más obvios (se considera “ricos” a quienes apenas ganan 15.000 pesos, no se permiten las deducciones que debería admitir un verdadero impuesto a la renta, paga lo mismo un joven soltero que quien mantiene a su pareja desempleada), buena parte de los periodistas (y los humoristas) oficialistas acallaron todo debate repitiendo el eslogan acuñado desde el gobierno: se quejan los ricos porque ahora pagan más.
Adelante, Asadur, te escuchamos.
Poco después de presentar la reforma impositiva, el equipo económico hablaba de que había que esperar tres años para modificarla. Luego el propio presidente Vázquez dijo que ésta no era la reforma tributaria que el gobierno quería. Ahora Astori anuncia que la modificará dentro de seis meses. Es decir, el periodismo uruguayo ha batido su propio récord: ahora es más oficialista que el propio gobierno. Ni siquiera Asadur, con los sables militares agitándose sobre su cabeza, llegó tan lejos.
Eso sí. Algunos medios exhiben sus discrepancias con el gobierno con toneladas de opinión. Pero eso no cuenta, no influye, porque el público está aburrido de tanta opinión. Los miles de editoriales que el diario El País escribió durante años y años, todos los días, contra el Frente Amplio no hicieron otra cosa que alfombrar el camino hacia la victoria de Tabaré Vázquez. Lo que cuenta es la información, y eso es lo que le falta al periodismo uruguayo para dejar de ser oficialista, por decisión u omisión.
No hay que engañarse: en el caso Nin Novoa el periodismo no investigó nada. Apenas ofició de correa de transmisión de una denuncia de unos políticos oficialistas contra otros políticos oficialistas. ¿No es esa otra forma de oficialismo?

Publicado por Leonardo Haberkorn en el diario Plan B, viernes 14 de diciembre de 2007, y en Montevideo.com

Hablando de Svetogorsky

Un puñado de especialistas extranjeros descubrió que el financiamiento de los partidos políticos es un tema que no interesa en Uruguay.

Fui invitado a participar de un seminario sobre financiamiento de los partidos políticos organizado por la ONG Uruguay Transparente. La propuesta era interesante: durante el seminario, unos 30 especialistas extranjeros dictarían conferencias sobre una materia en la que Uruguay está muy atrasados respecto al resto del mundo.
No es un asunto cualquiera. Una democracia en la que no se sabe quién y cómo aporta el dinero que financia las campañas electorales es una democracia turbia, renga, incompleta en el mejor de los casos. ¿Cómo sabemos que un legislador o el mismo presidente no están actuando en favor de quien, en secreto, le donó el dinero que hizo posible que fuera electo?
En esa penosa situación nos encontramos hoy en Uruguay.
Las conferencias se realizarían en el Palacio Legislativo, el 27 y 28 de noviembre. Luego de cada exposición, un panel integrado por un legislador, un académico y un periodista uruguayos debía hacerle preguntas al experto extranjero para que la concurrencia sacara más y mejores conclusiones. Me invitaban a ser uno de los periodistas que haría esas preguntas. Lo consideré todo un honor. Trasparentar el financiamiento de nuestra democracia es un capítulo pendiente y una tarea ineludible si se quiere que Uruguay avance en serio.
La conferencia en la que me tocaba participar era a las 15.00 horas del martes 28. Llegué a las 15.02 minutos y noté algo raro.
La sala del edificio anexo del Poder Legislativo en la que se iba a desarrollar el simposio estaba casi desierta. La mayor parte del centenar de cómodas butacas giratorias, cada una con su respectivo escritorio y micrófono, estaban vacías. Apenas había cuatro o cinco personas desperdigadas en el salón. Dos de ellos dormían, tirados en las butacas y con los pies sobre el escritorio.
Pensé que me había equivocado de lugar y le pregunté a una secretaria, que estaba sentada fuera. Me dijo que no había error. La conferencia era allí. Me pidió que aguardara, la actividad estaba un poco atrasada.
Entré en silencio, tratando de no despertar a quienes dormían.
La sala era moderna, con mobiliario nuevo y alfombrada con una gruesa moquette color granate. Sin embargo, no lucía muy prolija. Aquí y allá había vasos de plástico sin dueño, ejemplares del diario El Observador abandonados sobre los escritorios y unos platitos con sándwiches a medio comer.
A las 15.10 uno de los que dormía se despertó. Algunos de los pocos presentes comenzaron a hablar entre sí: por los acentos de sus voces ninguno de ellos era uruguayo. Un hombre de unos 30 años, anglófono, salió y le preguntó a la secretaria si la conferencia si dictaría o no.
Le dijeron que la actividad estaba un poco atrasada.
A las 15.12 llegó otra persona. A las 15. 18 llegaron dos más.
Los presentes comenzaron a hacer bromas entre ellos: “el seminario ya terminó”, dijo uno. “Por qué no me avisaron”, retrucó otro. Una de las mujeres presentes se quejaba de que la conexión a internet inalámbrica no funcionaba y no podía usar su laptop. Un hombre tomó un ejemplar de El Observador y leyó en voz alta: “No soy un piojo resucitado”. Leía el título de una nota que ocupaba una página entera sobre el trascendente cruce de acusaciones entre las vedettes orientales Mónica Farro y Claudia Fernández. Sentí un poco de pudor por los diarios uruguayos, el periodismo uruguayo y el Uruguay todo. En la sala, no éramos ni siquiera diez y había uno que seguía durmiendo.
A las 15.23 llegó al fin alguien que parecía ser uno de los organizadores, una mujer. La señora se me acercó, me dio la mano y me preguntó:
-¿Usted es Obando?
-No.
-Ahh. No es Obando.
-No.
-¿Usted es uruguayo?
-Sí.
-Entonces no le puedo dar un juego con las ponencias. Son para los extranjeros.
Volví a acomodarme en mi asiento. ¿Quién sería Obando? ¿Dónde estaban el académico uruguayo y el legislador uruguayo que debían hacer las preguntas conmigo?
En la sala había un gran cartel. Según se leía en él, el seminario era auspiciado por Canal 12, radio El Espectador y El Observador. También por la Presidencia de la República y la Intendencia de Montevideo. Pero allí no había un solo periodista o directivo de Canal 12, El Espectador o El Observador. Tampoco ningún funcionario o jerarca de la Presidencia o la Intendencia de Montevideo.
A las 15.26 llegó otra persona, recogió unas cosas que tenía en la sala, se despidió de los demás y se fue. También entró un mozo que se llevó los sándwiches a medio comer y no dejó nada a cambio.
A las 15.28 llegaron dos hombres que unos cinco minutos después anunciaron que empezaría la conferencia.
Se suponía que iba a hablar un periodista colombiano premiado por sus trabajos sobre el financiamiento de la política en su país y la influencia de los paramilitares, pero comenzó a hablar un hombre sobre las leyes que regulan los aportes a los partidos en el Perú.
En la sala, no había más de diez o doce personas, contando al que todavía dormía. Quizás uno de ellos fuera el señor Obando, no estoy seguro. Pero en cambio puedo dar fe que entre el público presente no había ningún legislador uruguayo, ni ningún dirigente político. Tampoco había ningún periodista. Y no había ningún académico que yo conociera. Sólo había un puñado de especialistas extranjeros aburridos y que ya habrían descubierto que en Uruguay el modo en que se financian los partidos políticos no le interesa a nadie. Cada país tiene la democracia que se merece.
Tomé mis cosas y me fui sin hacer ruido. Nunca hice las preguntas que tenía preparadas.
Que el puerto de Montevideo no pueda tener un scanner como la gente, ¿tendrá algo que ver con el financiamiento de los partidos políticos?
Que el contrabando sea un mal endémico, ¿tendrá algo que ver con el financiamiento de los partidos políticos?
Qué la DGI sea tan diligente con Tienda Inglesa y tan lenta con Tenfield, ¿tendrá algo que ver con el financiamiento de los partidos políticos?
Qué el monopolio que domina la televisión abierta haya sido beneficiado por los políticos con el gracioso oligopolio de la televisión por cable, ¿tendrá algo que ver con el financiamiento de los partidos políticos?
Qué Cutcsa sea celebrada por líderes de todos los partidos como una empresa modelo cuando ni siquiera coloca sus horarios en las paradas, ¿tendrá algo que ver con el financiamiento de los partidos políticos?
Qué el ministro Danilo Astori defienda tanto al señor Bengoa, ¿tendrá que ver con el financiamiento de los partidos políticos?
Es lo que tiene la falta de transparencia. Alienta la suspicacia.
Paré un taxi. Subí. Como antes, como siempre, en la radio hablaban de Svetogorsky.
Qué raro.

Publicado por Leonardo Haberkorn en el diario Plan B, viernes 7 de diciembre de 2007.

El apartheid uruguayo

En Uruguay rige el apartheid, un sistema legal oprobioso que discrimina a los ciudadanos en dos categorías, una –privilegiada- con más derechos que la otra, que es explotada en beneficio de la primera.
Tenemos un apartheid como el que tuvo Sudáfrica, sólo que acá los ciudadanos de segunda no son los negros.
Lo percibí con claridad en un seminario sobre políticas demográficas que organizaron el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Instituto Rumbos.
Estaba exponiendo la socióloga y demógrafa Carmen Varela. Su presentación se centraba en cómo en Uruguay existen pocos estímulos y casi ninguna asistencia para quienes deciden tener hijos.
Varela hablaba de la licencia maternal. Las mujeres embarazadas tienen 12 semanas, la mitad antes del parto y la otra mitad después. Pero hay un detalle: tras la licencia, las empleadas públicas tienen el derecho a optar por trabajar medio horario hasta que el niño cumpla los seis meses de edad. Las empleadas privadas no: una vez finalizada la licencia maternal, tienen que volver a cumplir con su horario completo, sin alternativas.
Yo pensé que en un país cuya Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, el dato tirado sobre la mesa por Varela provocaría un escándalo. Pero no fue así. A mi lado, la senadora socialista Mónica Xavier seguía tomando apuntes con calma y el diputado colorado Washington Abdala, que llegó tarde y quizás se perdió ese detalle, permanecía atento a los mensajes que llegaban a su celular.
Varela continuó y marcó otro punto de nuestro sistema de apartheid. Si un empleado público tiene un hijo, la ley le otorga tres días para faltar al trabajo y estar junto a su familia. Pero si un empleado privado tiene un hijo, la ley no le otorga nada y no puede ausentarse ni cinco minutos de su empleo.
La Constitución miente. No somos iguales. Hay madres clase A y madres clase B. Padres clase A y padres clase B. ¿No era así el apartheid?
Miré a mi alrededor, pero este tema no parecía preocupar a nadie. Pensé que quizás las demógrafas Adella Pellegrino y Wanda Cabella, ambas presentes, dirían algo. Porque ellas han publicado un muy completo informe sobre la emigración que muestra como la gente se sigue escapando del Uruguay tanto o más que en 2002, más allá de los cantos de sirena del ministro Astori. El estudio de Pellegrino y Cabella revela que en los empleados privados la tendencia a emigrar es mayor que en los públicos. Es lógico: a nadie le gusta ser ciudadano clase B en un sistema de apartheid. Pero las demógrafas no dijeron nada al respecto. Las dos pidieron la palabra, pero hablaron sobre otros temas. En Uruguay hay asuntos más importantes que el simple hecho de que unos ciudadanos tengan más derechos que otros.
Volví a observar a la concurrencia. En la sala había parlamentarios, docentes e investigadores de la Universidad de la República, economistas del Instituto Nacional de Estadísticas, funcionarios del Banco de Previsión Social. Me pareció ser el único empleado privado y comencé a sentirme mal. Afuera había una mesita para servirse café, igual que cuando te sacan sangre.
Pidió la palabra Elvira Domínguez, integrante de la dirección del BPS en representación de los empresarios. Dijo que si alguien pensaba sancionar leyes que otorgaran más beneficios a las familias con hijos (algo que le parecía justo), por favor cuidara de no gravar más al sector privado, cuya capacidad de contribución está al límite.
Luego Domínguez puso las cifras crudas del apartheid sobre la mesa: según datos oficiales del BPS, el sueldo promedio de un empleado público (administración central, empresas públicas y municipios) es de 15.624 pesos. El de los trabajadores privados es 8.129.
En ese momento alguien debió pararse y gritar: ¡Abajo el sistema de castas! ¡Abajo el apartheid! ¡No a la explotación del hombre por el hombre! ¡Igualdad! ¡Igualdad! ¡Igualdad! Pero nadie dijo nada. La senadora Xavier continuaba tomando apuntes, Abdala seguía mirando su celular. Los demás cambiaron rápido de tema. ¿No tendré algún antepasado Haberkorn nacido en España?
He comenzado a recopilar más información sobre nuestro sistema de segregación legal con el objetivo de pedir asilo político en alguna embajada extranjera. Los datos están todos allí, en las páginas oficiales de internet de los ministerios y organismos públicos.
Los empleados públicos ganan más y trabajan menos. Lo normal es que trabajen 40 horas por semana. En los privados lo normal es 48. A los empleados de UTE que cumplen 48 horas de trabajo semanales se les paga un 20% de sobresueldo por el esfuerzo.
Los funcionarios públicos no sólo cobran más y trabajan menos, también padecen riesgos menores: el trabajo precario, las rebajas salariales, el seguro de paro y el desempleo no existen para ellos.
La lista de privilegios de los que gozan es mucho más extensa que lo mencionado en el seminario. Para empezar: la demógrafa Varela cometió un error en su exposición: no todas las mujeres embarazadas tienen 12 semanas de licencia maternal. Las empleadas públicas tienen 13. Al parecer los mecanismos biológicos de las mujeres son diferentes según el lugar donde trabajen.
En cuanto a las licencias por enfermedad, la discriminación contra los empleados privados alcanza grados de escándalo. Si un empleado público se enferma, cada día de licencia médica lo cobra igual que si hubiese trabajado. En cambio, cuando un privado tiene licencia médica, apenas cobra el 70%. Los trabajadores públicos cobran el sueldo todos los días que están enfermos. Los trabajadores privados no cobran nada por los tres primeros días que están en cama. Los trabajadores públicos enfermos cobran el 100% de su sueldo, no importa cuanto ganen. Si uno de los 100 gerentes de Antel con un sueldo de 70.000 pesos falta por enfermedad, el seguro le cubrirá el 100% de su salario. Pero los trabajadores privados tienen topeado este beneficio: aunque ganen mucho, solo pueden cobrar unos 5.000 pesos. Es evidente que en Uruguay, más allá de toda la cháchara igualitaria, la salud de algunas personas vale más que la de otras.
Los trabajadores públicos tienen un nivel de estudios superior al de los privados: el apartheid uruguayo se los garantiza, ya que ellos tienen derecho a 30 días de licencia extras para preparar exámenes. Un trabajador privado solo tiene derecho a que su patrón lo eche si se le ocurre faltar para dar un examen.
Los trabajadores públicos no trabajan los feriados laborables. Si se casan tienen 15 días de licencia. Si se les muere un familiar cercano tienen diez días de licencia por duelo con goce de sueldo. Si deciden iniciar su trámite jubilatorio tienen 30 días de licencia con goce de sueldo para hacer el papeleo con mayor comodidad.
Muchos funcionarios públicos cobran primas por hogar constituido y en las empresas públicas reciben pagos extraordinarios si se casan y cuando tienen un hijo.
La licencia anual de los empleados públicos es mayor que la de los privados. El trabajador privado tiene un descanso de 20 días corridos sin contar los domingos. En cambio un trabajador público tiene 20 días corridos, sin contar los domingos, los sábados y los feriados laborables.
La lista sigue. Es larga. Es oprobiosa. Clase A y clase B. No hay derecho a preguntarse luego por qué decenas de miles de jóvenes uruguayos tienen como máxima ambición en su vida la de ser auxiliares de suplentes en la lavandería del Banco de Seguros del Estado. Los que salen sorteados se quedan a disfrutar de su puestito clase A en nuestro apartheid clase Z. Los que pierden se van a España.
Tenemos el país que hemos fabricado. Astori puede seguir cantando sus maravillas (como todos los ministros de Economía mientras a Argentina le va bien) y los publicistas pueden seguir haciendo avisos diciendo lo lindo que es ser uruguayo, tomar mate y caminar por la rambla. La verdad es que nadie quiere quedarse acá para verlo.
Mario Benedetti, el intelectual que sin duda más sabe de empleados públicos, dijo dos cosas al respecto.
La primera es que Uruguay es la única oficina del mundo que alcanzó la categoría de República. La segunda es que, dado su abrumador número, sólo los empleados públicos podrían hacer una revolución en Uruguay.
La primera afirmación es meridianamente cierta. La segunda es muy ingenua y equivocada: los empleados públicos jamás harán una revolución porque no la necesitan. Tienen el mando. Tienen la ley. Tienen el poder.
Los trabajadores privados tenemos menos: un poco de rabia, cansancio y el pasaporte.

Publicado por Leonardo Haberkorn en el diario Plan B, viernes 9 de noviembre de 2007