"Siempre me he opuesto a la caza de brujas. Siento ahora que viene el tiempo en que (...) tendremos que oponernos también a que las brujas salgan a cazar. Están cazando".
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Para un medio de prensa pequeño, como necesariamente lo es uno de una ciudad de apenas 20.000 habitantes, una multa de esa envergadura puede ser la partida de defunción. Para un pueblo, el cierre de un medio de prensa siempre es una tragedia. No le preocupó ni una cosa ni la otra al INAU. Uno presume que la falta cometida por El Municipio debe haber sido muy grave.
¿Qué hizo el periódico? Atendió a una vecina que llegó a su redacción desesperada. Pedía que por favor alguien la ayudara a mantener a su familia. Contó: "Mi hija de 16 años salió hace dos años del INAU, donde estuvo internada porque el padre la violó. El varón de 17 años está medicado, porque a causa de los golpes que le daba el padre quedó muy violento". Agregó: "Tengo dos nenas más: una de ocho años y otra de diez. También tengo conmigo una hija de 20 años… y mi nietita de un año. La verdad es que yo no puedo salir a trabajar porque a los chicos de 16 y 17 años, son dos personas que yo tengo que tener controladas". Relató cuáles son sus ingresos y sus angustias: "Recibo 1.300 pesos de tarjeta y 2.300 pesos de asignación, con eso tengo que vivir todo el mes (...) Necesito comestibles, pañales para mi nieta, que es lo más caro. Pido eso hasta que los chicos que tengo con problemas puedan salir un poco adelante y yo pueda conseguir un trabajo (...) Necesito ayuda, lo mínimo para mí es mucho".
Para el INAU, como la mujer dio su nombre verdadero y su dirección, y como El Municipio los publicó, se violaron dos artículos del Código de la Niñez y Adolescencia que resguardan el derecho a la privacidad: "Todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida, no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que lo perjudique".
El caso es muy discutible y no queda claro que el medio de prensa haya incumplido la normativa, porque nunca publicó los nombres de los chicos, ni sus fotos. Y la información que sí publicó fue dada por su propia madre, en un intento de la que sociedad conozca su tragedia y pueda ayudarla. Dio su nombre y su dirección para que le lleven comida y pañales, porque vive en la miseria.
De aquí en más, gracias al precedente sentado por la burocracia del INAU, la próxima vez que alguien en Carmelo o en otro pueblo necesite ayuda para sus hijos, ningún medio publicará su caso. Y nadie ayudará.
Maravillas de la corrección política.
La sanción a El Municipio, además, tiene como efecto secundario el ayudar a esconder la miseria que, a pesar de los éxitos obtenidos por los gobiernos del Frente Amplio en reducir la pobreza, todavía abunda en el Uruguay de hoy, a pesar de algunos intentos por negarla.
Resultado final: los hijos de la señora fueron golpeados, violados y no tienen lo que comer pero, eso sí, su derecho a no ser estigmatizados está celosamente custodiado por el Estado.
¿Hay que salir a festejar?
No es un caso aislado, lamentablemente.
La doctora Adriana Grisoli, responsable de la policlínica del barrio Casavalle de Montevideo, donde trabajaba desde hacía 30 años, dijo al diario El Observador en 2012: "es común que los niños sean violados permanentemente". Agregó que la violación "ya se ve como algo aceptado en una zona donde la mitad de los niños no va a la escuela y los que van es para almorzar y merendar".
El propio director del INAU, Jorge Ferrando, dijo días atrás que en 2014 se alcanzó un récord de denuncias de casos de abuso sexual a menores. Lo expresó de un modo muy curioso, como si fuera un éxito: "Se ha ido logrando que haya cada año más denuncias", le dijo a a radio Montecarlo.
Supongo que ve como un logro que la gente denuncie, lo que está bien. Pero uno tiene derecho a preguntarse: ¿no será que las denuncias aumentan porque también aumentan los casos?
En todo caso, el INAU no solo no logra solucionar este gravísimo problema del Uruguay, sino que también forma parte de él, ya que muchos de los abusos contra los menores, incluyendo tortura, han ocurrido dentro sus dependencias. Hay gente procesada por la Justicia por ello. En ese contexto, es casi risible que el INAU sancione a un pequeño semanario del interior por el pecado de darle voz a una madre desesperada.
La misma alteración de la realidad se ha visto a raíz del asesinato de la niña Yamila Rodríguez, de 15 años, en Maldonado. Ese también fue otro caso de abuso sexual infantil, porque su cuñado la violó y luego la mató para evitar ser denunciado.
Es cierto que algunos medios de prensa hicieron una cobertura espantosa, difundiendo rumores infundados y aspectos de la vida privada de Yamila. Muchos periodistas olvidan que, cuando cubren casos policiales, el muerto no está para defenderse de las versiones que recogen por ahí.
Organizaciones feministas, el sindicato de la prensa, voceros políticos y periodistas políticamente correctos pusieron el grito en el cielo por esas crónicas equivocadas, injustas e indefendibles.
Pero tanto criticaron la cobertura de los medios que -queriéndolo o no- ayudaron a soslayar los problemas de fondo, más importantes: la miseria del barrio Kennedy, el interminable ciclo de abuso sexual infantil, la demora de la policía en tomarse en serio la denuncia de una familia pobre y, sobre todo, la saga de homicidios que padecemos sin que se le mueva un pelo a nadie. Otro más.
Si uno lee las redes sociales uruguayas parecería que lo peor que le pasó a Yamila fue lo que la televisión y alguna prensa dijeron sobre ella.
Pero no.
Es mentira.
Lo peor que le pasó a Yamila fue que, después de violarla, la asesinaron.
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