Lo que nos tenía podridos

Esta columna la escribí en el suplemento Qué Pasa, del diario El País, en la edición del 1 de noviembre de 2003, en pleno gobierno de Jorge Batlle (Partido Colorado).
La recuerdo para algunos desmemoriados. Y para que quien así lo desee se ejercite y vea si el Uruguay cambió mucho o cambió poco en los casi once años que pasaron desde entonces.

Lo que nos tiene podridos

El título de tapa de esta edición de Qué Pasa choca. Y duele. Su origen está en la expresión del ex ministro y precandidato presidencial del Partido Nacional, Sergio Abreu, que dijo estar "podrido" del hueco debate sobre el plebiscito de Ancap. Su sentido es claro: no es EL Uruguay lo que nos tiene podridos, sino UN Uruguay.

Ilustración de Noelí Seveso.

El Uruguay que nos tiene podridos no es todo el Uruguay, sino el Uruguay de las batallas electorales vacías, el Uruguay que no se puede poner de acuerdo en nada, el de los corporativismos salvajes. Un Uruguay cuya agenda política la fijan las encuestas y un sindicato de empleados públicos.

Nos tiene podridos el Uruguay del doble, del triple discurso. Un Uruguay donde el mismo senador que redacta una ley junta firmas para derogarla. Un Uruguay en el que los mismos que hablan de la eficiencia del Estado lo han llenado, clientelismo político mediante, de miles de empleados que sobran. El Uruguay de los ñoquis. El Uruguay donde hay funcionarios públicos que cobran su sueldo 11 años sin pasar por el trabajo. El Uruguay que tiene presidentes que le ponen la firma a tamañas aberraciones, y después ni siquiera dignan explicarse.

Nos tiene podridos el Uruguay que gasta sus escasos recursos sin prioridades. Un Uruguay que es incapaz de enseñar a leer y escribir correctamente a sus jóvenes. Un Uruguay con partidos políticos gobernados eternamente por los mismos. Un Uruguay donde las empresas del Estado las dirigen los políticos fracasados. Donde los que realizan negocios ruinosos para el Estado siguen tan campantes.

Nos tiene podrido el Uruguay donde a los que vacían un banco les dan otro para que lo intenten de nuevo. Nos tiene podridos un Uruguay donde siempre todo está mal, incluso pretender llevar 30 turistas a la isla de Lobos. Un Uruguay donde los que bloquean cada oportunidad, después se quejan del desempleo.

Nos tiene podridos el Uruguay frivolón de las lágrimas de cocodrilo. El Uruguay de los intelectuales plagiadores que dictan cátedra. El Uruguay donde el mérito nunca es nadar, sino hacer la plancha.

Es un Uruguay que no invierte en ciencia, que no investiga, que se resigna a que su energía sea siempre el petróleo importado. (Eso sí, nos arrancamos los ojos para ver quién es el dueño de la refinería).

En Qué Pasa no nos resignamos a ese Uruguay.

Hay dos notas centrales en esta edición. Una está hecha en Montevideo y la otra en el lejano pueblo de Pepe Núñez, en Salto. A primera vista, los dos artículos pueden parecer distintos. Pero los dos dicen lo mismo.

Un hombre puede cambiar el mundo

Una sola vez fui a una embajada a firmar un libro de condolencias: fue cuando mataron a Isaac Rabín, el primer ministro de Israel.
No recuerdo si escribí algo o solo firmé aquel cuaderno, pero sí tengo presente el dolor que sentía aquel día, el pecho oprimido por la angustia y las ganas de llorar.
No solo se trataba de la muerte injusta de un hombre bueno y valiente. Sabía -porque era fácil darse cuenta- que aquel asesinato tendría consecuencias funestas.
A Rabín, que había tenido la visión y el coraje de negociar la paz con los palestinos, lo asesinó el 4 de noviembre de 1995 un malnacido llamado Igal Amir, un fanático, un fundamentalista, un racista, que veía al primer ministro israelí como si fuera el diablo por haber buscado y trabajado por un entendimiento entre los dos pueblos.
Recuerdo con exactitud que hacía yo el 13 de setiembre de 1993, cuando Rabín y Arafat se dieron la mano.
Trabajaba en el semanario Búsqueda y muchos de mis compañeros se reunieron en una salita que tenía un televisor para ver ese momento en vivo y en directo. Por lo general, las mayores convocatorias de la salita se daban cuando había un partido de fútbol importante. Pero aquel día éramos muchos. Era Historia, con mayúsculas, como cuando el hombre llegó a la Luna, como cuando cayó el Muro de Berlín: historia de la grande, verdadera. La paz.
Tuve que levantarme antes, para que no vieran que se me estaban cayendo las lágrimas.
Hoy frente al televisor las lágrimas no brotan de la emoción sino de rabia y dolor.
Igal Amir, maldito: tu obra está hecha.
Un hombre puede cambiar el mundo. Para bien o para mal.

¿Cómo se financia la política uruguaya?

Es un tema del que nunca se habla, aunque es central para tener una democracia sana y creíble: ¿de dónde salen los millones de dólares que financian las campañas políticas en Uruguay?
En las últimas semanas dos importantes politólogos han escrito sobre el asunto, ante la indiferencia de los principales actores políticos, que parecen no entender que en ello va la credibilidad de todo el sistema.
Oscar Bottinelli escribió en El Observador, el 30 de marzo:
"Los costos de las campañas electorales son crecientes, asfixian a los actores políticos, los obligan a recurrir a fuentes privadas de financiamiento con el consiguiente condicionamiento, a otros los lleva a abandonar la carrera. ¿Qué ha hecho el sistema político para resolver un problema que lo agobia? Descargar su furia y su impotencia en privado y no hacer nada en los hechos".
Daniel Chasquetti, por su parte, dedicó una de sus columnas en Montevideo.com a este problema. Recordó que parte del dinero lo aporta el Estado, que paga a los partidos 13 unidades indexadas por voto en las elecciones internas, 87 en las nacionales, diez en el balotaje y 13 en las municipales. En 2009, solo por las elecciones de octubre, recordó Chasquetti, el Estado transfirió a los partidos algo más de 18 millones de dólares.
Pero la ley no fija un tope a lo que se puede gastar en cada campaña, y todos gastan más y más y el dinero que pone el Estado nunca alcanza. Entonces, los partidos recurren a los aportes privados, la mayor parte de ellos proveniente de empresas y empresarios.
Recuerda Chasquetti que la legislación vigente fija un máximo de 300.000 UI, algo más de 36.000 dólares, para cada donación privada. Mientras tanto, las empresas concesionarias de servicios públicos no pueden hacer aportes mayores a 10.000 UI (1.200 dólares).
¿Quién controla esto? La Corte Electoral, un organismo que no tiene ninguna capacidad real para comprobar que lo que declaran los partidos políticos sea cierto. Es como pedirle a la intendencia de Artigas que controle el mar territorial uruguayo. O como encomendar al Municipio G de Montevideo la vigilancia de nuestras fronteras con Brasil.
Para Chasquetti los partidos políticos pusieron a la Corte Electoral a controlar sus gastos de campaña "simplemente porque no desean ser controlados".
"O sea, con la legislación actual se creó una pantalla para que los ciudadanos, los medios y los observadores internacionales digan que Uruguay cuenta con normativa moderna sobre el problema del financiamiento. (...) Los informes que se presentan ante la Corte Electoral además de ser poco exhaustivos suelen ocultar buena parte de los ingresos y egresos. O sea, las declaraciones juradas no solo son imprecisas sino que mienten deliberadamente sobre el monto real que cada partido invirtió en la campaña electoral. Bajo estas condiciones, no deberíamos sorprendernos si un día de estos alguien descubre que los fondos de tal o cual partido provienen de fuentes ilegales".
Lo que dicen Bottinelli y Chasquetti es muy grave y no ha merecido ninguna respuesta de los partidos. Deberían responder. Botinelli habló de "condicionamientos". Es decir: el que pone dinero luego condiciona decisiones.

La famosa foto de El Observador

¿Cuántas cosas que ocurren en los gobiernos uruguayos podrían explicarse mejor si se supiera la verdad sobre la financiación de las campañas?
¿Estará Aratiri financiando alguna campaña? ¿Quizás todas?
Hace unas semanas, Luis Lacalle Pou declaró en Brecha que su sector invertirá -tan solo en las elecciones internas- la tremenda cifra de 1,7 millones de dólares.
Seguramente no sabremos quién puso ese dinero, ni el de los otros precandidatos, porque la ley que sancionó el sistema político uruguayo ("una pantalla", según Chasquetti) no alcanza a las elecciones internas.
Es mucho dinero que sale de la sociedad uruguaya, que pasa por los partidos y que, en un altísimo porcentaje, termina engrosando las arcas de los canales privados de televisión, los grandes beneficiarios de cada campaña electoral y de este sistema opaco e indigno de una verdadera democracia.
¿Quieren que la gente crea en la política?
Entonces, háganle caso a Bottinelli y a Chasquetti y háganla transparente.

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