En las últimas semanas dos importantes politólogos han escrito sobre el asunto, ante la indiferencia de los principales actores políticos, que parecen no entender que en ello va la credibilidad de todo el sistema.
Oscar Bottinelli escribió en El Observador, el 30 de marzo:
"Los costos de las campañas electorales son crecientes, asfixian a los actores políticos, los obligan a recurrir a fuentes privadas de financiamiento con el consiguiente condicionamiento, a otros los lleva a abandonar la carrera. ¿Qué ha hecho el sistema político para resolver un problema que lo agobia? Descargar su furia y su impotencia en privado y no hacer nada en los hechos".
Daniel Chasquetti, por su parte, dedicó una de sus columnas en Montevideo.com a este problema. Recordó que parte del dinero lo aporta el Estado, que paga a los partidos 13 unidades indexadas por voto en las elecciones internas, 87 en las nacionales, diez en el balotaje y 13 en las municipales. En 2009, solo por las elecciones de octubre, recordó Chasquetti, el Estado transfirió a los partidos algo más de 18 millones de dólares.
Pero la ley no fija un tope a lo que se puede gastar en cada campaña, y todos gastan más y más y el dinero que pone el Estado nunca alcanza. Entonces, los partidos recurren a los aportes privados, la mayor parte de ellos proveniente de empresas y empresarios.
Recuerda Chasquetti que la legislación vigente fija un máximo de 300.000 UI, algo más de 36.000 dólares, para cada donación privada. Mientras tanto, las empresas concesionarias de servicios públicos no pueden hacer aportes mayores a 10.000 UI (1.200 dólares).
¿Quién controla esto? La Corte Electoral, un organismo que no tiene ninguna capacidad real para comprobar que lo que declaran los partidos políticos sea cierto. Es como pedirle a la intendencia de Artigas que controle el mar territorial uruguayo. O como encomendar al Municipio G de Montevideo la vigilancia de nuestras fronteras con Brasil.
Para Chasquetti los partidos políticos pusieron a la Corte Electoral a controlar sus gastos de campaña "simplemente porque no desean ser controlados".
"O sea, con la legislación actual se creó una pantalla para que los ciudadanos, los medios y los observadores internacionales digan que Uruguay cuenta con normativa moderna sobre el problema del financiamiento. (...) Los informes que se presentan ante la Corte Electoral además de ser poco exhaustivos suelen ocultar buena parte de los ingresos y egresos. O sea, las declaraciones juradas no solo son imprecisas sino que mienten deliberadamente sobre el monto real que cada partido invirtió en la campaña electoral. Bajo estas condiciones, no deberíamos sorprendernos si un día de estos alguien descubre que los fondos de tal o cual partido provienen de fuentes ilegales".
Lo que dicen Bottinelli y Chasquetti es muy grave y no ha merecido ninguna respuesta de los partidos. Deberían responder. Botinelli habló de "condicionamientos". Es decir: el que pone dinero luego condiciona decisiones.
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| La famosa foto de El Observador |
¿Estará Aratiri financiando alguna campaña? ¿Quizás todas?
Hace unas semanas, Luis Lacalle Pou declaró en Brecha que su sector invertirá -tan solo en las elecciones internas- la tremenda cifra de 1,7 millones de dólares.
Seguramente no sabremos quién puso ese dinero, ni el de los otros precandidatos, porque la ley que sancionó el sistema político uruguayo ("una pantalla", según Chasquetti) no alcanza a las elecciones internas.
Es mucho dinero que sale de la sociedad uruguaya, que pasa por los partidos y que, en un altísimo porcentaje, termina engrosando las arcas de los canales privados de televisión, los grandes beneficiarios de cada campaña electoral y de este sistema opaco e indigno de una verdadera democracia.
¿Quieren que la gente crea en la política?
Entonces, háganle caso a Bottinelli y a Chasquetti y háganla transparente.
el.informante.blog@gmail.com
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58 dias de publicado y ni un solo comentario... eso te dice todo
ResponderEliminarComprate un almanaque, che.
EliminarEn la fotografía adjunta precisamente aparece el empresario López Mena, que protagonizó una de las financiaciones más descaradas que se recuerde, cuando mediante su empresa Buquebús trasladó prácticamente gratis a miles de votantes del FA desde Argentina. Con el FA en el poder, la monopólica Buquebús ya no tuvo límites de expansión, incluso beneficiándose abiertamente del prolongado conflicto de los puentes, conflicto al cual el gobierno de entonces de Tabaré Vázquez nunca enfrentó con la debida decisión.
ResponderEliminarTotalmente de acuerdo con el artículo, algún día esta sonada democracia, tan ensalzada siempre por los actores políticos, tendrá que empezar a serlo en serio, algo que por ahora está por verse.
Mas allá de la financiación, en la campaña presidencial de Brasil en 2010 pude encontrar un control que no se usa en Uruguay y que ayudaría.
ResponderEliminarCada volante o "pegotín" tiene un pié de imprenta con el tiraje, quien lo pagó y el "RUT" de la imprenta que lo hizo.
Bien metida la foto del almuerzo en Lindolfo.
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