Mercader y el último golpe tupamaro

Antes de ser político, Antonio Mercader fue un muy buen periodista. Siendo joven llegó a estar al frente de la redacción del vespertino El Diario, en una época en que cada tarde se vendían 150.000 ejemplares o más, cifra utópica para la prensa uruguaya desde hace ya muchos años.

Mercader, que falleció en 2019, solía decir que el periodismo es una gran profesión para saber dejarla a tiempo.

Él presumía de haberlo hecho. Pronto abandonó la prensa y se dedicó a la publicidad. Luego pasó a la política. Pero en su libro póstumo editado en 2021, El último golpe tupamaro, “Manino” volvió a usar aquellas herramientas de su primer oficio, y lo hizo con una gran calidad y destreza.

El libro tiene como epígrafe una frase de Hannah Arendt: “Ninguna filosofía, análisis o aforismo, por profundo que sea, puede compararse en intensidad y riqueza de significado, con una historia bien narrada”.

Y eso es lo que Mercader logró con esta obra.

El último golpe tupamaro es un libro ágil y muy bien escrito, que se lee muy rápido. Claro, ordenado e inteligente, es un trabajo muy serio, pero con algunos toques de humor irónico que lo enriquecen. Es una obra muy útil como fuente de consulta ya que resume muy bien un hecho importante al que cada tanto vuelve el debate público: la tragedia del Filtro.

La culminación del relato son los violentos sucesos de la noche del 24 de agosto de 1994, cuando una multitud resistió la extradición a España de tres miembros del grupo terrorista vasco ETA, y el joven Fernando Morroni, de 24 años, murió baleado por la policía.

 

País tupper

 “El último golpe tupamaro” es un libro muy documentado. Mercader revisó la prensa uruguaya y la española, los libros ya publicados sobre el tema y los documentos fundamentales, incluyendo las sentencias de la justicia. Sumó alguna entrevista propia, la principal de ellas al hoy también fallecido Eleuterio Fernández Huidobro.

La fortaleza del trabajo no está en nuevas grandes revelaciones. Que el MLN hizo en el Filtro su último ensayo de lucha callejera, de asonada violenta, ya lo ha admitido Jorge Zabalza y lo han documentado académicos como Fito Garcé.

Lo que hizo Mercader en esta obra fue unir todos los puntos dispersos, darles una hilación y un sentido. Vincular lo ocurrido con los antecedentes, con las consecuencias, con el contexto uruguayo, español e internacional, para hacer que todo el episodio adquiera un sentido completo. Narrar la historia como pedía Hannah Arendt.

En el centro de la trama están la ETA y el MLN, la relación entre ambas organizaciones y cómo esas vinculaciones confluyeron en el Filtro. Aquel día de 1994, casi una década después de recuperada la democracia, los tupamaros todavía seguían sin renunciar del todo a la violencia como herramienta política.

Mercader buceó en los archivos de la prensa española para historiar las actividades de ETA en Uruguay, su nexo con el MLN y otras organizaciones. Al respecto el libro documenta mucho y al mismo tiempo deja la sensación de que todavía hay piezas que faltan.

Los etarras en Uruguay intercambiaban mensajes secretos con un código cifrado. En esos crípticos telegramas a Argentina le decían Asia; a Estados Unidos, Estocolmo; a Venezuela, Valencia. Siempre tomaban la primera letra de cada nombre para buscar la palabra alternativa. Sin embargo, a Uruguay, no se sabe por qué, le decían Tupperware. A partir de esa revelación, Mercader -con humor- pasa a llamar Tupperware a Uruguay, el país-tupper, la comarca cerrada donde la información que el mundo tiene por buena no cuenta. No asumimos los hechos a veces porque los desconocemos, y otras porque –a pesar de conocerlos- elegimos ignorarlos para no violentar la corrección política.

Los datos de la realidad indicaban que ETA no era ni nunca había sido la genuina representante del pueblo vasco. Que asesinaba sin piedad. Y que en España, un país con separación de poderes, los etarras tendrían un juicio justo. Pero la propaganda pro ETA de esos días machaba con todo lo contrario. Y en el país tupper algunos prefirieron hacerse los otarios.

Cuarenta y ocho parlamentarios de todos los partidos firmaron una solicitada que reclamaba el asilo político para los etarras. El senador blanco Alberto Zumarán hizo gestiones por ellos. Hugo Batalla fue a darles apoyo. Seregni y Tabaré Vázquez también.

Ante un episodio clave, la política oriental no supo discernir entre dictadura y democracia. España era una democracia, como lo es hoy, pero muchos políticos uruguayos actuaron como si no lo fuera. Igualaron la voz del Estado español con la de una organización terrorista.  

También la Universidad de la República se sumó a la confusión. El PIT CNT decretó con una huelga general por tiempo indeterminado. Se organizó una marcha que encabezó José D´Elía y que culminó en un acto en el que habló Juan José Bentancor.

No se me ocurren dos sindicalistas con mejores credenciales democráticas que D´Elía y Bentancor, un dirigente al que traté y siempre fue ejemplo de caballerosidad, mesura, tolerancia y pluralismo.

¿Cómo dos personas así pudieron involucrarse en un acto en favor de tres integrantes de un grupo terrorista que ya había asesinado a más de 700 personas?

 

El “otro” muerto

Aunque el foco del libro está puesto sobre el MLN, la policía es otro de sus temas. Aquella noche, ante la violencia organizada, las fuerzas de seguridad abrieron fuego sobre la multitud en forma indiscriminada. Las balas mataron a Morroni, pero pudieron haber matado a muchos más. El homicidio del muchacho permanece impune hasta hoy.

Mercader retrata en el libro a una policía atrasada y con una falta de preparación lindante con lo criminal. No tenía ni carros lanza agua ni munición no letal. Enfrentadas a la asonada, las fuerzas policiales reaccionaron como un malón, disparándole a quemarropa a la multitud.

El libro es también una denuncia sobre el Uruguay de hoy. Cuando Mercader lo terminó de escribir, durante la presidencia de José Mujica, ninguna editorial se animó a publicarlo. Eso dice mucho sobre el país en que vivimos.

Mujica formó parte del accionar planificado por el MLN en apoyo de los etarras, un ingrediente central del cóctel que terminó en tragedia.

Tengo dos historias personales sobre esa noche.

Los sucesos ocurrieron una noche de miércoles. Yo trabajaba en el semanario Búsqueda y ese era el día de cierre. Por eso, aunque ya hubiéramos terminado nuestro trabajo, los miércoles todos los periodistas debíamos permanecer en la redacción hasta la medianoche, cuando la edición entraba en la imprenta. Nos quedábamos llamando a nuestras fuentes, buscando alguna noticia de último momento.

Recuerdo muy claro cuando el cronista judicial regresó del Filtro y contó de los violentos incidentes. Lo habían enviado a cubrir la extradición de los vascos porque aquello era un procedimiento judicial: pedido por la justicia española y ordenado por la uruguaya, no por el gobierno de Uruguay.

A todos los que estábamos en la redacción nos encargaron alguna tarea vinculada a conseguir información sobre lo que había ocurrido. Se decía que había dos muertos, Morroni y Roberto Facal.

Me encomendaron ir al velorio de Facal. Se presumía que podía ocurrir allí algún incidente violento.

Llegué. No había manifestantes. Entré a la sala velatoria. Había poca gente, mucho silencio y un lógico ambiente de pesar. Me senté. Nadie hablaba. Un familiar se me acercó y me preguntó qué hacía allí. Le dije que era periodista. Me manifestó que esa muerte no tenía nada que ver con el Filtro y me pidió que por favor me retirara.

Años después entrevisté a otro allegado a Facal que me dijo lo mismo: su muerte, apuñalado, no tuvo que ver con la represión policial.

Mercader publica en su libro la sentencia judicial del caso Facal, en la que se condenó a dos personas ajenas a los episodios político-policiales.

Pero la insistencia en decir que hubo un segundo muerto persiste.

 

Las bases del PIT-CNT

El otro episodio personal tiene que ver con la huelga decretada por el PIT-CNT en favor de los vascos. Tras las primeras 24 horas de paro general se convocó a una Mesa Representativa. Se hizo en la sede de la federación del transporte. Yo era el cronista sindical de Búsqueda y ahí estuve. El clima era muy tenso. Se vetó la presencia de periodistas. Pero varias fuentes me contaron lo que ocurrió: muchos sindicalistas relataron que sus bases no entendían por qué el PIT-CNT estaba haciendo esa huelga a favor de tres etarras. Si el paro seguía, se corría el riesgo de que muchos trabajadores lo desacataran. Se votó darlo por concluido.  

A propósito del libro de Mercader, Martín Aguirre escribió en El País que los episodios del Filtro demuestran que “la grieta” en 1994 era mayor que ahora.

Creo que no. La mayoría de la gente, incluyendo a miles de trabajadores afiliados al PIT-CNT, no querían hacer un paro por ETA. Nadie lo entendía. Pero la política había sido ganada por un microclima ajeno a la realidad.

Más allá de la asonada del MLN y su apoyo a la ETA, ese es el gran tema del libro: cómo una eficaz mezcla de desinformación y propaganda, mucha manija bien atizada con sentimientos de justicia y defensa del más débil, puede llevar a un país por caminos insospechados y trágicos.

También pesó el silencio de todos los que callaron para no llevarle la contra a los abanderados de la corrección política.

Mercader cita una frase autocrítica del exdiputado y ministro socialista José Díaz: “Todos los que, como en mi caso, no participamos de las manifestaciones, tenemos nuestra cuota parte de culpa por no habernos explicado con más contundencia y (no) haber generado ámbitos de debate sobre el tema de fondo que consiste en señalar que la causa de los etarras no es la del pueblo vasco”.

Salvando las distancias, hoy pasa algo parecido con los anti vacunas: desinformación, manija, apelaciones a dictaduras que no son tales, líderes de grupos minoritarios azuzando las aguas y mandando a otra gente al muere. Mañana, ¿cuál será el tema?

En ese sentido, el libro de Mercader deja una sensación de angustia. Somos manipulables y también lo son nuestros líderes. Pasó y puede volver a pasar.

La verdad, el debate, la información, el no callarse por miedo a la reacción de la propia tribu, son los mejores antídotos.

 

Nota publicada en diario El Este, 13 de noviembre de 2021 

Tapa del libro

Miguel Ángel Campodónico (1937-2022)

 Alto, muy serio y con cara de pocos amigos, la primera impresión que te causaba Miguel Ángel Campodónico era la de un hombre hosco y huraño. Yo lo conocí a mediados de los 80 en la redacción del semanario Aquí. Yo tenía apenas más de 20 y el casi 50. No me llevó mucho tiempo descubrir que detrás de esa fachada seria y dura había un hombre muy generoso, con una ética intachable y un compromiso total con el trabajo periodístico.

Siempre ponía la lupa en los problemas sociales. Sus notas solían denunciar las carencias de asilos, hospitales públicos o barrios olvidados. Se ponía en la piel de los más pobres y tenía poca paciencia para las excusas y explicaciones de los políticos funcionarios implicados.

Era duro para juzgar esas injusticias, a las que el periodismo muchas veces termina por resignarse, por la fuerza de los hechos.

Miguel Ángel no. “El periodismo es una máquina de hacer enemigos”, decía, con cierta pesadumbre, no comprendiendo por qué algunos de los implicados se enojaban tanto con sus notas, si él había dicho la verdad.

Nunca olvidé esa frase y hasta hoy me sirve de apoyo, por su evidente exactitud.

Era generoso y abierto a desafiar sus propios esquemas. Signo de aquellos tiempos, la sección cultural de Aquí tenía dos espacios diferentes, con editores distintos. Una de las secciones estaba volcada a la literatura, con un enfoque más tradicional. El otro, con gente más joven, hacía énfasis en el rock. Miguel Ángel escribía en el sector tradicional. Yo, de vez en cuando, en el del rock.

Cuando murió Luca Prodan, publiqué una semblanza basada en una entrevista que le había hecho cuando vino al primer Montevideo Rock. Era la típica nota que solía ser recibida con mucha frialdad en la sección de cultura “tradicional”. Por eso temí cuando Miguel Ángel me dijo que quería hablar conmigo. Pero lo que quería decirme es que Luca Prodan le había resultado alguien muy interesante, con “algo especial”.

Era hincha de Peñarol. Recuerdo una tarde que trabajamos en el mismo escritorio. La radio estaba prendida con el relato de un partido entre Nacional y Progreso, en el Paladino. No le dábamos mucha importancia, hasta que -para nuestra felicidad- los goles de Progreso comenzaron a sucederse uno tras otro, hasta encajarle un histórico 6 a 1 a Nacional. El puntero Johnny Miqueiro hizo tres goles esa tarde. Luego del partido declaró que había jugado casi en ayunas, porque le dolía el estómago. Cada vez que nos veíamos, Miguel Ángel recordaba aquella anécdota a las risas.

Era un hombre de izquierda en sus ideas, pero no se casaba con nadie. Publicó muchas biografías, de Mauricio Rosencof a Julio Sánchez Padilla, pero la más popular, traducida y vendida fue la de José Mujica. Eso no le impidió opinar en 2016 que la presidencia del extupamaro había sido la peor desde 1985 hasta ese momento.

Hace pocos años lo recomendé como columnista para el portal Ecos. Ya tenía casi 80 años, pero su impronta seguía siendo la misma: la denuncia de la injusticia, el olvido de los postergados, la frivolidad y el doble discurso político.

En el gesto y en la pluma, fue un duro hasta el final.

Un gran periodista y un gran tipo.

Gentileza de la familia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en el semanario Brecha, edición del 12 de agosto de 2022, acompañando una nota de Alicia Torres sobre la obra literaria de Campodónico.

Abrazados a las redes sociales

La pérdida de confianza en las instituciones es una tendencia mundial.

Una reciente encuesta de Equipos, que divulgó Subrayado, mostró que 60% de los uruguayos tiene poca o ninguna confianza en la Iglesia, un 57% se siente igual respecto a los sindicatos y un 50% descree de los partidos políticos.

Equipos no midió la desconfianza hacia los medios de comunicación, pero otros ya lo han hecho otras veces. Un informe de Reuters, por ejemplo, mostró que entre 2017 y 2020 la confianza en los medios informativos experimentó notorias caídas en Argentina y Chile.

Algunas de las razones por las cuales los medios hipotecan la confianza del público son bastante obvias: medios que priorizan un proyecto político-partidario por sobre la información, medios que han desertado de territorios enormes (investigación, debate, cultura), medios que han sacrificado la calidad en pro de una reducción de costos sin fin.

Hay medios que quieren, pero no pueden. La publicidad migró a los gigantes de internet. La prensa –de cuyos contenidos se valen los nuevos ricos de la web- cada vez es más pobre. Sin dinero, la calidad informativa cae en picada. Y sin información no hay democracia.

Ante ese panorama, muchos han visto en las redes sociales una esperanza.

En las redes –dicen- todas las voces tienen un lugar, todos podemos decir lo que queremos, no hay censura ni filtros. Muchos las han abrazado con un fervor sin límites.

Es una nueva religión y Elon Musk es uno de sus profetas.

Muchos que descreen por igual de políticos, partidos, sindicatos y periodistas, tienen una fe ciega en lo que hará un multimillonario del que apenas conocen unos pantallazos de su vida.

Es cierto que en Twitter uno puede oír todas las campanas. Todas, incluyendo la de millones de cuentas creadas por quién sabe quién, operadas quién sabe dónde, que replican discursos destinados a diseminar el odio, la información falsa o a acabar con el prestigio de personas inconvenientes: políticos, jueces, científicos, periodistas.

¿Cómo se ha aprovechado este menú súper plural?

Muchos de los que han desertado de los medios por entender que les falta apertura e imparcialidad se han volcado a las redes donde –algoritmo mediante- se han encerrado en burbujas mucho menos plurales.

Lejos de favorecer la diversidad de puntos de vista, las redes sociales, a través del “me gusta” y sus algoritmos, promueven que uno se enclaustre cada vez más en un círculo viciado y vicioso. ¡Es tan lindo oír lo que quieren nuestros oídos!

Millones que huyeron de los medios porque los entienden sesgados, hoy se empachan en las redes leyendo y oyendo una y otra vez a los que piensan igual que ellos. Es la nueva plaza pública, dice el profeta Musk. Una plaza pública donde cada día se lapida al que piensa distinto.

Hace unas semanas, la senadora colorada Carmen Sanguinetti fue objeto de una furibunda campaña de denostación en las redes por haber expuesto en el Parlamento como las mujeres se ven más perjudicadas por el cambio climático.

La furia con que fue atacada resultó difícil de entender. La senadora apenas si habló de ese tema en lo que se llama la “media hora previa”, un espacio que tienen los legisladores para plantear ideas o pensamientos propios, sin ninguna consecuencia ulterior.

Tras el bullying recibido, Juan Moreno, un diputado colorado, presentó un proyecto para castigar penalmente a los que insultan y atacan en las redes.

En Argentina, algo similar había propuesto días antes un representante del gobierno.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, anunció un plan para que las redes sean usadas “para el bien común” y “dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.

Ambas iniciativas fueron sepultadas en un mar de críticas. Regular las redes sociales es un problema, porque la libertad de expresión está en juego.

En la reciente cumbre de la Unesco, el presidente Lacalle Pou se manifestó por no regular nada relacionado con estos temas. Admitió que ve como un problema que la gente viva inmersa en burbujas donde todos piensan lo mismo. Reconoció que ese fenómeno es alentado y potenciado por las empresas mediante la inteligencia artificial. Sin embargo, propuso combatir ese mal tan solo con “educación”.

No creo que la educación pueda tanto. Los centros de estudio en Uruguay -y en menor medida, en todo el mundo- tienen enormes problemas para enseñar a escribir, leer y multiplicar. Es demasiado pretender que, además, logren desbaratar los esquemas montados por los especialistas que trabajan para las empresas más poderosas del mundo.

En la divulgación de discursos de odio a través de las redes, la creación y distribución de información falsa a través de ellas, la generación de burbujas informativas y en la agonía de la prensa, la democracia tiene un problema de primer orden. No es admisible que los gobiernos miren para el costado y le tiren semejante fardo a la educación. O al mercado.

Otros creen que la solución vendrá para todo el mundo de la mano de un multimillonario generoso y benefactor.

Prefiero apostar por la república y la democracia.

Tomado de Pink Floyd The Wall

Manini Ríos y los "intereses inconfesables"

“Hay medios que se tomaron en serio su papel de sicarios al servicio de intereses inconfesables”, escribió en Twitter el senador Guido Manini Ríos respecto al semanario Búsqueda.
La cita llamó la atención por su virulencia. Un sicario es un homicida de la peor calaña, que asesina solo por dinero. Hay países donde se los ejecuta o se los encierra de por vida.
Hay un fiscal investigando a hinchas de fútbol por fomentar la violencia en las redes. El senador Manini Ríos -salvo que quiera promover la violencia contra la prensa- debería reflexionar sobre el lenguaje que usa.
Los cronistas de Búsqueda merecieron esa calificación por divulgar una grabación clandestina en la cual el diputado Eduardo Lust dice que la mitad de los integrantes de Cabildo Abierto fueron torturadores.
¿La cinta es verdadera? Sí. Lo admitió el propio Lust.
¿Entonces por qué se enoja tanto el senador? En todo caso, debería enojarse con Lust y no calificar de asesinos a sueldo a gente que solo está dando una noticia verdadera.
Manini dijo que a los “sicarios” de Búsqueda “todo les sirve: inventar o tergiversar hechos, pagar por grabaciones de conversaciones privadas sacadas de contexto, promover divisiones internas...”
Vayamos paso por paso:
Inventar: no en este caso. La grabación es verdadera.
Tergiversar hechos: no en este caso. La cita es muy clara y textual.
Pagar por grabaciones de conversaciones privadas: El director de Búsqueda dijo que no se pagó por la cinta. Si el senador tiene pruebas en sentido contrario debería presentarlas. Pero aún si así hubiera sido, los dichos seguirían siendo reales y verdaderos. No amerita tanto enojo con los periodistas y mucho menos instigar a la violencia pública llamándolos “sicarios”.
Manini agregó que Búsqueda se mueve por “intereses inconfesables”.
Es un latiguillo que usa en forma recurrente.
El 18 de mayo de 2017, en la celebración del aniversario del Ejército y siendo su comandante en jefe, dijo: “Vivimos tiempos complejos: tiempos de odios que parecen inextinguibles, muchas veces alentados por intereses inconfesables, en un mundo en que campea la violencia irracional, donde no existe rincón alguno que esté libre de conflicto, o de ser escenario de algún acto de terrorismo”.
Un año después, al celebrarse la misma fecha, agradeció a los soldados “por no reaccionar ante la provocación de aquellos que respondiendo a intereses inconfesables viven de la confrontación".
El 24 de octubre de 2019, ante el pedido de procesamiento del fiscal Morosoli por el caso Gavazzo, dijo que Uruguay está “cada vez más en manos de las mafias del narcotráfico, y de otros intereses inconfesables".
El 31 de enero de 2020 escribió en Twitter: “Las grandes falsificaciones y tergiversaciones de la realidad suelen usar la careta de la seriedad periodística, ocultando los verdaderos e inconfesables intereses”.
El 8 de julio de 2020 habló por zoom en el festejo del 103 aniversario de La Mañana. Dijo que ese semanario “no obedece a ningún interés de los que llamamos inconfesables, sino que es el pensar nacional que a todos nosotros nos impulsa, ese artiguismo que queremos mantener siempre presente”.
El 28 de agosto de 2020, puso una imagen del tratado Berlín-Moscú previo a la Segunda Guerra Mundial y escribió en Twitter: “La historia se repite...Órganos de prensa de la derecha como Búsqueda, se suman a otros supuestamente de izquierda, y al Partido Comunista, para atacar con furia un día sí y otro también a Cabildo Abierto... Solo sus inconfesables intereses los unen”.
El 3 de febrero de 2021, ante el pedido del Frente Amplio de renuncia del director del Banco República en representación de Cabildo Abierto, Pablo Sitjar, dijo que éste era "víctima de una campaña de desprestigio" movida por “intereses inconfesables".
29 de abril de 2021, ante críticas políticas que recibía Cabildo Abierto señaló que cuando “aquellos que representan intereses inconfesables nos tratan de esa manera, es porque Cabildo Abierto está afectando poderosísimos intereses”.
El 14 de julio, en una sesión del Senado, en el 150 aniversario del nacimiento de José Enrique Rodó, dijo sus ideas han sido falseadas “obedeciendo intereses inconfesables”.
El 8 de diciembre de 2021, respecto a la no vigencia de la ley de Caducidad, dijo: “Los intereses inconfesables hacen carroña de nuestra debilidad y aprovechan para lograr sus objetivos, que inevitablemente pasan por perpetuar la división y el odio entre uruguayos”.
Los intereses inconfesables son también una constante en los editoriales de La Mañana. Por poner solo un ejemplo, el 7 de agosto de 2020, al abogar por una amnistía para los militares condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, La Mañana afirmó: “Los personeros de los oscuros e inconfesables intereses foráneos tendrán también letrados, bien remunerados que argumenten opiniones opuestas”.
O sea: los “intereses inconfesables” actúan aquí y allá, promueven la guerra en el mundo, el terrorismo, la división de los uruguayos, la prisión de militares de la dictadura y la malinterpretación de la obra de Rodó. Mueven los hilos de la prensa y de quienes critican a Cabildo Abierto.
¿Qué más sabemos de estos todopoderosos “intereses inconfesables”? Poco. Al parecer tendrían que ver con el narcotráfico y estarían en las antípodas del artiguismo.
Otros integrantes de Cabildo nos dan más pistas. Por ejemplo, el suplente de Manini en el Senado, el coronel retirado Emilio Sequeira, escribió en Twitter el 8 de noviembre de 2020, que “hay muchos ‘Organismos Internacionales’ como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que desde un escritorio lujoso casi sin conocerlo y valiéndose de relatos falseados, emiten declaraciones entrometiéndose en la política interna de los países, cumpliendo designios inconfesables”.
El 24 de octubre de 2021, La Mañana publicó una carta de un lector: “Las fuerzas que buscan el desmembramiento del Estado trascienden a los partidos políticos. Son estos intereses inconfesables los que vía ONG, organismos internacionales y consultorías rimbombantes condicionan a las autoridades de turno con ‘innovaciones’ y otros sofismas en su incesante búsqueda de la división”.
O sea que los organismos internacionales y las ONGs también integrarían “los intereses inconfesables”.
Los principales voceros de Cabildo Abierto sostienen que no son un partido de derecha radical o extrema. Sin embargo, el politólogo argentino Franco Delle Donne, especializado en este tema, sostiene que estos partidos tienden a presentar a sus adversarios políticos como “actores que ocultan algo”.
“Esta frase de los ‘intereses inconfesables, de que hay algo que está por detrás, es una forma de generar una dinámica típica de los discursos populistas: poner a las élites como enemigas del pueblo porque no lo cuentan todo y obedecen intereses oscuros”, dijo Delle Donne. “En contraposición está el líder populista, que al denunciar esto se pone del lado del pueblo perjudicado por las supuestas mentiras del resto de la elite. Es algo muy común en los partidos de derecha radical, aunque no exclusivo. Partidos de otras ideologías también usan ese discurso binario”.
Delle Donne agregó que la derecha radical muchas veces acusa a la prensa de seguir estos “intereses inconfesables” porque suele ser incluida como parte de la “elite oscura”.
Acusar a sus rivales de seguir “intereses inconfesables” no es una originalidad de Manini Ríos. Lo solía hacer Juan Domingo Perón y también lo hicieron Hugo Chávez y Dilma Roussef.
En línea con Delle Donne, años atrás, en un artículo en El País de Madrid, el escritor catalán Joan B. Cullá escribía: “El populismo se caracteriza –escribió- por halagar o excitar los instintos populares más primarios, por despreciar o denostar a las élites (ya sean las intelectuales, las económicas, las sociales...), por no admitir la crítica, por cultivar el simplismo y el maniqueísmo (nosotros poseemos toda la verdad y la razón, ellos están completamente equivocados, o los mueven intereses inconfesables)”.
Cada vez que Manini Ríos dice que sus adversarios actúan por “intereses inconfesables” mientras él es guiado por el ideario de Artigas, plantea el debate así: él es el bien (artiguismo) y los otros son un mal tan malo y oscuro que ni siquiera puede ser dicho (inconfesable).
Dado que es una persona preparada e inteligente, y salvo que su intención sea dividir al país en buenos y malos, el senador Manini Ríos debería recurrir a mejores argumentos.
¿Manini conoce medios de prensa que sean financiados por el narcotráfico u otras mafias internacionales ilegales? Debería denunciarlos ante la Fiscalía. ¿Manini conoce medios de prensa que son financiados por ONGs u organismos internacionales legales, y para él es lo mismo eso que ser financiado por el narcotráfico? Debería explicarse. ¿Cuál es la información? ¿Cuáles son los argumentos?
Hace muchos años, en mis inicios como periodista, asistí a una conferencia de Luis Moreno Ocampo. El tema era la corrupción y allí el abogado argentino dijo una frase que me quedó grabada: una clave para detectar políticos corruptos es que muchos de ellos se la pasan denunciando la corrupción. Poco después la regla se materializó en Fernando Collor de Mello, que llegó a la presidencia de Brasil con un fuerte discurso anticorrupción y debió renunciar por corrupto. Y luego en muchos más.
No voy tomar al pie de la letra a Moreno Ocampo para terminar cayendo en lo mismo que critico. No diré que Manini Ríos actúa guiado por “intereses inconfesables”. No lo creo. Pienso que el uso recurrente de esa frase maniquea y binaria es solo una muletilla, un latiguillo, una costumbre sobre la que ha reflexionado poco.
Sería bueno para el debate político que el senador Manini Ríos sea más explícito. Que llame a las cosas por su nombre. Que señale a los que son financiados por mafias ilegales. Que dé el debate de ideas. Que argumente. Que explique. Que no que divida al mundo en buenos y malos.

Publicada en el diario El Este el 2 de febrero de 2022

Con cárceles que son un infierno nunca habrá seguridad pública

La noticia de que un preso pasó 60 días dentro de una cárcel uruguaya secuestrado por otros reclusos que lo torturaron y lo abusaron, me hizo recordar esta columna que escribí a fines de 2018 en el desaparecido portal Ecos. La reproduzco tal como fue publicada entonces. Hoy ya tenemos casi 13.500 presos.

La razón de la inseguridad que no le importa a nadie

Publicado: 26/12/2018 07:37

Me tocó entrevistar a Andrea, una joven expresa, para un libro que celebró los 30 años de la ONG El Abrojo y que puede leerse gratis en la web.

En realidad, Andrea no se llama Andrea. Hubo que cambiar su nombre para que no peligrara su nueva vida de buena ciudadana y no arriesgar su actual trabajo.

Andrea fue una niña explotada, fue Cenicienta. Al fin huyó y se liberó de la mala mujer que la esclavizaba. Pero el precio de esa libertad fue una pobreza extrema que persiguió durante años, ya adulta y casada. Un día, agotada de tanta miseria, y en contra de la opinión de su propio esposo, esta muchacha decidió dejar de penar por un plato de comida y se puso a vender pasta base.

Le fue “bien” durante un lustro. Hizo mucha plata, de pobre pasó a rica, olvidó los días de privaciones. Pero conoció otros problemas. El peor de todos: cayó presa. La separaron de sus hijas.

-¿La cárcel te sirvió de algo? -le pregunté en su actual hogar, muy cerca de donde fueron derrumbados “los Palomares”.

Primero respondió con un “No” tajante. Luego se quedó callada unos segundos mientras toda su familia la miraba y cambió su respuesta: “Bueno, sí, a mí me sirvió”.

Las cárceles son un problema central del Uruguay, pero abordarlo es casi imposible. Hay demasiados prejuicios, demasiadas pasiones, demasiado rencor que impiden calibrarlo como es debido.

Una parte de la opinión pública cree que en el fondo nadie debería ir preso. Por eso abogan por reducir penas, borrar antecedentes, aumentar los beneficios para salir antes de prisión, fomentar cualquier castigo alternativo.

No asumen que esos mecanismos son muy positivos en algunos casos, pero no siempre. No asumen que hay delincuentes peligrosos, psicópatas graves diagnosticados y sin marcha atrás. Insisten el devolverlos a la calle.

Un caso tremendo fue el de Williams Pintos. Se sabía que iba a abusar de menores y que cada vez sus ataques serían más violentos. La justicia uruguaya ya lo había peritado con esas conclusiones. Sin embargo, lo enviaron a la calle sin control y hasta le dieron un taxi para que pudiera cazar mejor a sus presas. A Pintos lo ayudaron a transformarse de abusador en asesino. Luego, eso sí, todos pusieron la foto de la niña Brissa en sus redes sociales.

Hay una segunda corriente de opinión, opuesta a la anterior pero también muy numerosa, que tampoco quiere saber nada con las cárceles.

Los de este bando piensan que todos los presos son violadores y asesinos irrecuperables, que merecen la pena de muerte y -si no se puede- la cadena perpetua. Cuánto más infecto sea el pozo en el que estén encerrados, cuando mayores humillaciones y vejaciones sufran, mejor.

Es una posición muy miope.

El desinterés por las cárceles -fomentado por estas dos corrientes de opinión- ha transformado nuestras prisiones en un verdadero infierno en la Tierra en el que viven más de 10.000 personas, más habitantes de los que tienen Castillos, Guichón o Lascano.

En diciembre de 2017 teníamos 10.241 presos, un número que -en líneas generales- no ha dejado de subir desde 1999.

No es cierto que todos sean asesinos y violadores. Un censo carcelario de 2010 estableció que el delito que más gente lleva a las prisiones es la rapiña, causa del 37% de las reclusiones. Un 15% estaba preso por hurto y un 10% por venta o tráfico de drogas (la mayoría en el escalón más bajo de la cadena). Casi un 8% estaba recluido por delitos menores: receptación, desacato, lesiones, etc.

Supongo que está claro y estamos todos de acuerdo en que no se puede aplicar la cadena perpetua a un ladrón. Por eso los presos salen. Entran a la cárcel pero egresan, como un día salió Andrea.

El número sorprenderá a muchos. Cada año salen de las cárceles más de 6.000 presos y entran otros tantos. En 2017, según cifras oficiales, egresaron 6.377.

La cifra debería llamar a la reflexión. En promedio, cada día son liberados más de 17 reclusos. Día tras día, de lunes a domingo, los 365 días del año.

Lamentablemente, la historia de Andrea no es la más habitual. La entrevisté a la una tarde, cerca de General Flores y Carreras Nacionales. Ya había trabajado toda la mañana y llevado a sus niñas a la escuela. Qué bueno sería que 17 personas salieran de las cárceles cada día y se sumaran al mundo del trabajo, se transformaran en ejemplo de recuperación para sus familiares, sus amigos, para sus hijos.

Pero estamos lejos. La mayoría de los liberados no se reforman como Andrea. Más de la mitad vuelve a delinquir. Algunos sitúan la reincidencia en un 70%, otros en un 60%, los más optimistas en un 55%. En 2016 casi el 51% de los delitos los cometieron reincidentes.

Que la cárcel le sirviera a Andrea no fue mérito del sistema penitenciario. Lo que la rescató de un destino oscuro y triste fueron dos cosas: el trabajo de los voluntarios de El Abrojo en la cárcel de mujeres y, sobre todo, el tesón de su esposo, el que nunca quiso que vendiera pasta base, el que se puso la familia al hombro cuando todo se vino abajo, el que trabajó más y más duro y nunca dejó de visitarla, de apoyarla, de estar a su lado, de cinchar por sacarla de aquel pozo.

Porque las cárceles uruguayas son el pozo dentro de El Pozo. Las madres de todos los pozos. El informe 2017 del Comisionado Parlamentario establecía que el 30% de los presos está recluido en un régimen inhumano y degradante y un 45% en condiciones algo mejores pero aun insuficientes para lograr su integración social. Apenas un 25% está preso en una situación que habilita una posible recuperación.

La política de “que se pudran en la cárcel” ha llevado a que las prisiones sean antros copados por mafias carcelarias, academias del delito gobernadas por los delincuentes más pesados. El que entra por hurto sale rapiñero; el rapiñero sale secuestrador; el secuestrador, asesino.

La cadena diaria de humillaciones, de presos violados, ajusticiados, genera -además- un rencor y un odio que lo portan los 17 que cada día vuelven a sus casas, los 6.300 que cada año salen a la calle. Luego lo devuelven con violencia a la sociedad. Es un rencor y un odio que también se multiplica en familiares y amigos.

Si los presos son 10.000 y cada uno tiene cinco familiares directos y cinco amigos, ese odio y deseo de venganza se impregna en 100.000 personas. Lo he visto con mis propios ojos. Lo padecemos todos.

Ese rencor tiene bases sólidas. En 2017, 17 presos confiados al Estado fueron asesinados dentro de las cárceles, otros diez supuestamente se suicidaron y una muerte adicional nunca pudo ser aclarada. En 2018, el año aún no termina y, según las cifras que lleva la oficina del comisionado penitenciario, ya van 25 muertes violentas: 18 homicidios, seis supuestos suicidios y una muerte por “violencia institucional”, la del preso Carlos Núñez, cuyo homicidio a manos de la guardia fue presentado falsamente por el Ministerio del Interior como un “ajuste de cuentas” entre presos, sin ninguna consecuencia.

Uno de los supuestos suicidios -nunca aclarado- fue el de Williams Pintos, el asesino de Brissa. El estado lo detectó como psicópata, lo liberó sin control, le dio los medios para asesinar con facilidad y él mató a una pobre niña. Luego, el Estado encarceló a Pintos y mil preguntas quedaron sin respuesta porque tampoco pudo garantizar su vida. Un ciclo completo de desinterés, desastre, ineptitud y falta de idoneidad, una espiral que va destrozando familias y familias año tras año.

El colmo de la hipocresía uruguaya nos lleva a criticar a los países que tienen pena de muerte (a la que me opongo), cuando nosotros la tenemos y de peor manera: sin jueces ni abogados, la pena de muerte aplicada por los peores delincuentes, la propia guardia carcelaria o la desidia de los gobernantes.

En 2011, en la cárcel de Rocha, debido a situaciones ya denunciadas y documentadas, una red eléctrica deficiente provocó un incendio y 12 presos murieron quemados vivos.

En cualquier país con dignidad, debió ser el fin del señor Bonomi como ministro. ¡Fueron 12 personas confiadas a su cargo quemadas vivas! Si algo la mitad de grave hubiera ocurrido en la dictadura todavía estaríamos hablando de ello. Pero no pasó nada porque, entre otras cosas, los presos de hoy no le importan a nadie. No se comprenden las consecuencias de este desastre.

Para una sociedad es muy fácil reverenciar a sus ciudadanos famosos, a los consagrados, a los mejores. Pero la verdadera estatura ética de un país se mide por cómo trata a los más infelices, a los más desposeídos y también a los peores.

Pero ya no es solo una cuestión ética. Hoy es una cuestión de supervivencia.

Detrás de más de la mitad de los delitos que golpean a nuestros trabajadores, detrás del azote permanente de los delincuentes a la gente inocente, detrás del récord de homicidios que ya no se tolera, detrás de este Uruguay violento e irreconocible, hay una tragedia carcelaria previa. Es hora de asumirlo.

No se trata de justificar a los delincuentes por el estado de las cárceles. Se trata de comprender cómo funcionan las cosas. Soy de la idea de que es necesario penar con más severidad la reincidencia, pero al mismo tiempo es urgente que las cárceles dejen de funcionar como fábricas de peores delincuentes.

Nadie pide un hotel de cinco estrellas para los presos, como se suele ironizar cuando alguien se atreve a plantear este tema. Pero si de verdad estamos a favor de las víctimas del delito, debemos asumir que necesitamos cárceles que funcionen, donde el Estado mande, donde los peritajes psiquiátricos existan y sean atendidos, donde no estén mezclados ladrones y asesinos, primarios y reincidentes. Donde se trabaje y se eduque.

“No parece estar claro todavía para la opinión pública cuál es el sentido y objetivo de la cárcel”, escribió el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit en su informe sobre las cárceles de 2017. “Mientras no haya un cambio cultural en el cual se asuma que la función de la cárcel es educar y preparar proyectos de vida para evitar nuevos delitos -agregó- la cárcel seguirá siendo una fuente de violencia, de desintegración y, paradojalmente, de nuevos delitos”.

Tiene razón.

Con cárceles que son un infierno nunca tendremos seguridad pública.

Puede ser un buen plan colectivo para 2019. Asumirlo. Hacer lo que esté a nuestro alcance. Presionar para que, en este año electoral, los partidos y los políticos actúen de una buena vez en este sentido.

Intendencia perdonó deuda de 25.000 dólares de exembajadora Rosario Portell

Publicado en el diario El Este, de Rocha, el 6 de agosto de 2021.

La Intendencia de Montevideo resolvió cancelar una deuda de 1.145.657 pesos –algo más de 25.000 dólares- que la exembajadora Rosario Portell mantenía con la comuna, a pesar de que el departamento jurídico de la comuna estimó que no había motivos legales para hacerlo.

Un informe de la asesoría jurídica de la IM señaló que la renuncia a cobrar la deuda de Portell -embajadora en China y Vietnam durante los gobiernos del Frente Amplio-, podía hacerse solo como una medida “discrecional”.

Desde el ejecutivo de la IM, fuentes que prefirieron no ser nombradas justificaron la decisión y la consideraron justa, ya que Portell desistió de llevar adelante el proyecto que generó la deuda.

Además, Portell pretendía que la IM le devolviera un dinero ya pagado, lo que no fue aceptado por las autoridades de Montevideo.

La IM comunicó que canceló la deuda de la exembajadora mediante una resolución enviada a la Junta Departamental de Montevideo el 12 de mayo. Allí se señala que se “resolvió dejar sin efecto el convenio de `reconocimiento de deuda’ (…) celebrado el día 6 de octubre de 2017 entre la Intendencia de Montevideo y la señora María del Rosario Portell Casanova”.

La situación derivó en un pedido de informes del edil Leonel Aguirre, del Partido Colorado, a la intendenta Carolina Cosse.

Aguirre preguntó a la jefa comunal “las razones por las cuáles se deja sin efecto el convenio de reconocimiento de deuda” y “por qué razón la Intendencia accede a renunciar a su derecho a percibir el saldo aún pendiente de pago”.

La Intendencia le respondió enviándole copia del dictamen de la abogada y escribana Verónica Morales, de su Asesoría Jurídica.

 “No existe causa alguna”

Del escrito de Morales queda claro que Portell pidió cancelar un convenio de pago que tenía por un trámite de “mayor aprovechamiento” de un padrón, “en virtud de que no realizará la obra” que había proyectado. La exembajadora, además, pedía que se reconociera como un crédito a su favor lo que ya había pagado.

El “mayor aprovechamiento” es el incremento del valor económico de los inmuebles que se origina “por la autorización que la Intendencia confiere para una intervención en el territorio departamental” que se aparta de las normas de construcción vigentes para ese sector de la ciudad.

Portell había obtenido una autorización de la Intendencia para construir un edificio en régimen de propiedad horizontal “con determinados apartamientos normativos en carácter de modificación cualificada con mayor aprovechamiento”. Entre otras excepciones, Portell pretendía construir un edificio de 11,70 metros, que llegaba a los 14,5 metros con su “coronamiento”, cuando el máximo habilitado en esa cuadra es 9.  Por ello debía pagar un precio compensatorio de 1.727.569 pesos, de acuerdo la tasación del Servicio de Catastro y Avalúos de la IM.

El padrón adquirido por Portell es una subestación de UTE, en la calle Tabaré, en Punta Carretas, entre bulevar Artigas y Zorrilla de San Martín.

Portell aceptó el pago compensatorio establecido y el 6 de octubre de 2017 abonó el 10% del precio, o sea 172.756,90 pesos. Quedó un saldo de 1.554.813 pesos que “se abonaría en cuatro cuotas mensuales reajustables por IPC”.

Casi dos años después, el 30 de julio de 2019, Portell pagó la primera cuota por 409.156 pesos.

Tras recordar todos estos antecedentes, la doctora Morales analizó el pedido de Portell de que la deuda se cancelara y que lo pagado pasara a ser un crédito a su favor.

La abogada de la Intendencia recordó que el “pago compensatorio” no es un tributo, sino un precio. Agregó que Portell lo había consentido. Y que la Intendencia había otorgado las ventajas pedidas por Portell, “dependiendo de la propia interesada su concreción”.

La obra se había iniciado el 19 de diciembre de 2018 y de las normas vigentes “no surge elemento alguno que permita ligar el cobro del precio compensatorio a la efectiva finalización de la obra”, afirmó Morales. Y agregó que el hecho de que las obras hayan sino iniciadas pero no terminadas, por el contrario, podría dar lugar a sanciones.

Hoy el predio adquirido por Portell está cercado con chapas azules. Además, se construyó, invadiendo parte de la vereda, un precario muro de bloques para colocar los medidores de consumo. La subestación de UTE sigue en pie, y a su alrededor, oculta por el cerco de chapa azul, se acumulan desechos varios y basura.

Morales analizó luego en su dictamen todas las eventuales razones que podrían esgrimirse para revocar el convenio firmado, y una a una las fue descartando por improcedentes: “No existe en la situación de análisis causa alguna para solicitar la anulación del convenio, en tanto se firmó válidamente”.

“Por lo expuesto –continúa- la única vía de acceder a lo solicitado sería en el marco de lo dispuesto por el artículo 1294 del Código Civil, que establece con carácter general la posibilidad de que las partes por mutuo consentimiento extingan las obligaciones creadas por un contrato, mediante el otorgamiento de un nuevo convenio que así lo dispone y que se denomina de ‘mutuo disenso’. (…) En atención a que el mutuo disenso requiere la voluntad de ambas partes, la administración debe decidir si accede o no a otorgarlo de acuerdo a lo peticionado, y al no existir razones de legitimidad, el fundamento estará constituido por razones de mérito”.

En conclusión –señala Morales- “en opinión de la suscrita no existirían razones de legitimidad para acceder a lo solicitado, puesto que el convenio suscrito es válido y eficaz, estando la Administración facultada para perseguir el saldo todavía pendiente de pago. Sin perjuicio de ello y con carácter discrecional, la superioridad podría evaluar dejar sin efecto el convenio por razones de mérito, la prosecución de valores de oportunidad, conveniencia, utilidad o justicia en la realización de los fines públicos”.

Esto último fue lo que decidió la intendenta Carolina Cosse: renunciar al cobro.