Más allá de Sendic

Sendic tiene tres grandes frentes abiertos: su inexistente título de licenciado en genética, sus decisiones como presidente de Ancap y el uso que hizo de las tarjetas corporativas de esa empresa estatal.

El título

Foto: prensa Senado

A esta altura está claro que Sendic no es licenciado y que mintió durante años cuando se presentó de esa manera, e incluso cuando hizo alarde de su condición de licenciado en genética humana en el Parlamento.
Fue el propio Sendic quien le dijo a la periodista Patricia Madrid, en El Observador, que nunca había cumplido una verdadera licenciatura.
Luego, en lugar de mantenerse en eso, de disculparse y decir que él había dicho la verdad la primera vez que alguien le había preguntado concretamente por el punto, fue y vino, dijo que sí era licenciado, que mostraría el título, habló de reválidas, de cursillos dados y cursos futuros, que sí, que no, todo un fárrago de explicaciones contradictoras que solo empeoraron su situación.
El título nunca apareció. Se demostró que la carrera en la que durante años dijo haberse licenciado ni siquiera existe en Cuba.
Que un político -un vicepresidente y presidente del Parlamento- mienta en algo tan concreto, personal y tangible no es un tema menor. La mentira lo tiñe todo. Siembra el descrédito, la desconfianza. Es imposible construir sobre ella.
La mentira de Sendic arrastró hacia ese fango a todos los que salieron en su defensa.
A la senadora Lucía Topolansky, que dijo que había visto el inexistente título. A la fiscalía y la justicia que, con una sorprendente interpretación del código penal, determinaron que Sendic no había incurrido en el delito de usurpación de título porque la carrera de licenciado en genética humana no existe en Uruguay. Y al Frente Amplio todo, porque su plenario -en lugar de hacer lo que correspondía- se mintió a sí mismo, desconoció los datos de la realidad y afirmó que todo era un complot golpista de la prensa y la oposición.
Con ese elevadísimo costo para su partido y para las instituciones, Sendic logró sortear la crisis de su falsa licenciatura ante su partido y ante la ley.
Pero no ante la opinión pública, donde todo el mundo tiene muy clara la verdad.

Tarjetas corporativas

Los otros dos frentes de Sendic están vinculados entre sí y tienen que ver con su gestión en Ancap, pero son radicalmente distintos en su alcance e importancia.
De lo que estamos hablando hoy es del uso que hizo Sendic de la tarjeta corporativa de la petrolera, con las que hizo compras insólitas para un presidente de una empresa pública y que el propio Sendic no pudo explicar ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que analizó este caso.
De lo que se habla menos es de algo más importante: el manejo de dinero en las compras e inversiones de Ancap mientras Sendic fue su presidente, que terminaron generando un agujero de casi 900 millones de dólares.
Eso no ha sido analizado por el Frente Amplio. Está en manos de la justicia penal porque lo denunciaron los partidos de la oposición.
Ambas cosas tienen relación con Ancap y con Sendic, pero no son iguales.
Cuando Sendic decidió adquirir un short en La Paloma con dinero de Ancap es de suponer que no consultó con nadie más, que por algún motivo poderoso decidió que estaba en su derecho a usar ese dinero público para ese curioso fin.
Lo mismo cuando pasó la tarjeta de Ancap por la caja en Devoto, en Divino y en tiendas de ropa y aparatos electrónicos en distintos lugares del mundo.
No es un asunto menor. Porque los funcionarios públicos -incluso los más elevados- no deben olvidar que el dinero que manejan es el de todos, que deben rendir cuentas de lo que hacen, que el Estado no es su feudo.
Es importante también porque con las carencias que padece el Estado uruguayo en áreas básicas, como salud, seguridad, justicia y enseñanza, indigna que el dinero se gaste en shorts de baño.
Pero estos fueron actos individuales. Hechos protagonizados por un individuo que decía ser licenciado de una carrera inexistente. Anécdotas.

Ancap

Lo que pasó en la gestión de Ancap, en cambio, no es una anécdota. No es anecdótico que el Estado haya tenido que poner 872 millones de dólares para que la compañía no quebrara, tal era su déficit.
No es anecdótico que todos los uruguayos estamos pagando hoy, cada día, de modo directo o indirecto, uno de los combustibles más caros del mundo para tapar este agujero. Y que esa contribución al salvataje de Ancap nos chupe parte de nuestros sueldos.
Semejante déficit no se generó por decisiones aisladas, curiosas, individuales de Raúl Sendic. Primero, porque en Ancap existía un directorio, también integrado por la oposición.
Segundo, porque la magnitud de los negocios e inversiones emprendidos por la mayor empresa pública del Uruguay durante la presidencia de Sendic, no podía ser desconocida para el presidente José Mujica ni para el vicepresidente Danilo Astori ni para el equipo económico y otras autoridades.
Cuando el dinero de todos los uruguayos se usó para comprar un short en La Paloma, todos pueden decir que no sabían.
Pero no pueden decir lo mismo de la millonaria campaña publicitaria en televisión de Ancap, pagada con dinero público y cuyo eslogan luego fue usado por el propio sector de Sendic.
No pueden decir lo mismo de la millonaria fiesta que realizó Ancap con nuestro dinero en honor de la entonces presidente argentina Cristina Fernández.
Y los ejemplos podrían seguir con los negocios de la cal, los contratos con la Armada, ALUR, etc, etc.
El plenario del Frente Amplio analizará el sábado el "caso chico" de Ancap (el short de La Paloma y las otras compras) pero estará sobrevolando el "caso grande" (872 millones de dólares).
El propio dirigente y exsenador del MPP Ernesto Agazzi dijo a Montevideo portal respecto a cómo analiza el expresidente Mujica la actual situación: "Mujica era el superior jerárquico de Sendic, cuando él era presidente de la República y Sendic el director de Ancap. Creo que el enfoque de Mujica es ese y él tiende a mirarlo desde ahí".
Hablando de otro desastre de gestión pública, Mujica había dicho que se haría responsable de todo lo ocurrido en Pluna.
Pero, a la hora de la verdad y ante la justicia, no fue así y los únicos responsables fueron Fernando Lorenzo y Fernando Calloia, sacrificados por la causa.
¿Pasará lo mismo en Ancap?
Son los cálculos que algunos están haciendo esta semana: en estas horas el "caso grande" de Ancap explica muchas de las posiciones del "caso chico".
¿Quién pagará? ¿Quién se hará responsable? ¿Qué podemos hacer para que el incendio no siga creciendo? ¿Hasta dónde llegará la historia?

Milicos y tupas recargado

Se acaba de publicar una nueva edición, la octava, de Milicos y tupas. La novedad es que ésta es la primera reedición que actualiza el texto original e incorpora nueva información.
La mayor parte de los agregados se centran en la tregua entre el Ejército y el MLN, en 1972.
Se suma al libro el testimonio de Ricardo Vescovi, que cuenta lo ocurrido en ese período en el cuartel de Artillería 5, donde estaba recluido. Su desmitificador relato complementa la historia de los protagonistas del libro, que -como recordarán- ocurre en Artillería 1. Los recuerdos de Vescovi son importantes para comprender hasta qué punto llegó la postura "peruanista" de la dirección tupamara presa. También agrega datos sobre el tema que más polémica causó tras la publicación del libro: los tupamaros que aceptaron y hasta participaron en la tortura cuando los detenidos comenzaron a ser empresarios y profesionales acusados por militares y guerrilleros de cometer "ilícitos económicos".

Sobre este punto, también se incorpora el testimonio del periodista Luis Sabini, que vivió una historia personal que confirma lo ya publicado.
La pista sobre las experiencias de Vescovi y Sabini me la dieron dos publicaciones del portal Posta porteña.
A su vez, incluyo un editorial de Carlos Quijano en Marcha. Al leerlo, cada uno sacará sus conclusiones.
Otro testimonio que se suma es el de José Pedro Lopardo, que recibió de la dirección tupamara presa la orden de ir a Artillería 5 a presentar e informar sobre los trabajos conjuntos con los militares.
Se consultó también a David Cámpora para tener otro punto de vista oficial de la dirección del MLN y sus declaraciones se agregan al texto original. También se incorporan algunos datos volcados por Pedro Montero y Carlos Liscano en cartas que escribieron en la prensa tras la publicación original.
Otra incorporación a esta edición ampliada y actualizada es el dramático testimonio de Silvia Rozental, quien en 1972 era la joven esposa del empresario Jaime Wegbrait, uno de los principales apresados, o secuestrados, durante la campaña contra los "ilícitos económicos".
Incluyo también declaraciones que me realizara en sus últimos meses de vida Alejandro Vegh Villegas, ex ministro de Economía de la dictadura, quien explica por qué los generales Cristi y Zubía decidieron cortar la tregua entre el Ejército y el MLN y reafirma el testimonio del contador Carlos Koncke, a quien conoció personalmente.
Por último, agrego elementos que emergieron de la investigación para el libro Gavazzo. Sin Piedad y que ayudan a completar la historia.

El efecto Tarmezano

Laura Tarmezano tenía 28 años y la asesinaron el 11 de mayo, delante de su hijo de 6 años y de dos amigos.

“¿Qué hacés, ñery? Esto te pasa por alcahueta”, le dijo su matador antes de dispararle en la cabeza.

Tarmezano había declarado como testigo ante el Poder Judicial por el homicidio de un hombre de 24 años, al que habían matado el 4 de abril y que apareció semienterrado en la zona de la Cachimba del Piojo.

Por eso, había pedido que le pusieran protección policial. El juez de la causa accedió, pero cuando la mataron la custodia policial no estaba: había desaparecido.

El ministro Eduardo Bonomi y el juez Ricardo Míguez dieron versiones opuestas y contradictoras respecto a las razones por las cuales Tarmezano estaba desprotegida cuando llegaron a matarla.

Bonomi dijo que no tenía custodia porque se había mudado. La familia de la víctima lo negó. Ahora reclaman 200.000 dólares del estado, que no les devolverán a Laura y que no pagarán ni Bonomi, ni Míguez, ni ningún otro jerarca. Pagaremos nosotros, como ocurre con todos los juicios que el estado pierde todo el tiempo por la ineptitud y la desidia de sus funcionarios.

Pero eso no es lo más grave. Lo más grave lo dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak:

"La posibilidad de que el Estado efectivamente asegure la integridad física de quienes sean testigos en hechos protagonizados por personas vinculadas a bandas de narcomenudeo o al crimen organizado, es el resorte indispensable para motivarlas a declarar. Si no podemos asegurar su integridad física, lo más probable es que desestimulemos que se quiera declarar o hacer reconocimientos en audiencia por miedo a sufrir represalias".

Lo que dijo Chediak es cierto, pero sus palabras llegaron demasiado tarde. Tarde para Tarmezano por lo menos. Y quizás tarde para el Uruguay también.

El 17 de mayo hinchas de Cerro dispararon contra el director técnico e hirieron a otro funcionario de Rampla Juniors.

Las actuaciones judiciales quedaron estancadas porque  a pesar de que había mucha gente presente cuando el atentado, nadie vio nada.

El abogado de Rampla Juniors dijo que todo se debía a lo que podríamos llamar el efecto Tarmezano: “Hay mucho temor en los testigos”.

Un día antes de las declaraciones del abogado, en el atardecer de San José, asesinaron en la calle a Susana Odriozola, una alguacil de la justicia, hermana de una jueza penal.

Da la casualidad que la jueza María Noel Odriozola había procesado en agosto a tres personas por un asesinato cometido en una guerra entre bandas de narcotraficantes.

La urgencia de las autoridades por determinar que la alguacil fue asesinada por “una rapiña fallida” no hizo más que acrecentar las dudas.

La versión oficial dice que a Odriozola la mataron porque se habría resistido a ser robada, que el asesino la mató para poder consumar su asalto. Pero, curiosamente, una vez que le disparó no se llevó nada: ni el teléfono, ni la cartera. La mató y se fue.

El Ministerio del Interior dijo que el homicida solo tenía antecedentes por delitos menores. Sin embargo, periodistas de San José han difundido su prontuario, en el que consta que también fue procesado por balear a una persona en un bar, y fue sospechoso de una ejecución nunca aclarada.

El dueño de la moto que utilizó el homicida de Odriozola dijo al diario El País que se la prestó para no tener problemas. “Se sabe que él anda armado, que anduvo a los tiros”.

Agregó: “Yo a veces intento no discutir porque soy laburante y trato de esquivar los problemas”.

Pocos días después, un matón a sueldo fingió ejecutar al abogado penalista Gustavo Bordes y se informó de amenazas de muerte recibidas por jueces y fiscales.

En este punto estamos hoy. Que la gente que trabaja tiene miedo de decirle que no a un delincuente. Que el que declara en un juzgado contra un asesino, es asesinado pocos días después. Que la justicia y el gobierno se pasen la pelota y por lo menos uno de los dos mienta respecto a por qué el testigo estaba sin custodia policial. Que de decenas de personas que vieron como una barra brava baleó a un dirigente de otro cuadro, ninguno se anima a declarar en un juzgado. Que la hermana de una jueza que se metió por los narcos es asesinada en plena calle, en una “rapiña frustrada” en la que los ladrones no robaron nada.

Los diarios de hoy informan de los cuerpos de tres jóvenes que aparecieron calcinados adentro de un auto.

Dos eran una pareja de novios. Al parecer, uno de los dos muchachos muertos había sido testigo de un asesinato de una banda de narcos.

Durante meses, desde el Ministerio del Interior se quitó trascendencia a muchos asesinatos señalando que eran “ajustesde cuentas”.

La idea subyacente que se buscaba -y que se busca- transmitir a la población es que estos “ajustes de cuentas” son crímenes que se producen entre delincuentes, unos se matan a los otros, no es un verdadero problema: sería casi un beneficio para la sociedad.

Luego, ante la cifra creciente de muertes, se dijo que habíamos pasado de los “ajustes de cuentas” a una guerra entre bandas.

La idea siempre es la misma: hay que estar tranquilos, estas son cosas que solo afectan a los que se meten en el narcotráfico o el delito.

Mentira. La realidad es la opuesta: estos asesinatos de bandas, estos supuestamente benignos “ajustes de cuentas”, afectan a mucha otra gente, como Tarmezano, como la joven calcinada adentro de un auto y cualquiera que se interponga en el camino del nuevo poder emergente. Lejos de ser benignos, los "ajustes de cuentas" son gravísimos y solo permiten temer lo peor: son los signos que anuncian un cáncer que una vez que comienza a comerse a la sociedad se lo traga todo, como ocurre -por ejemplo- en México.

El primer paso para solucionar los problemas es reconocerlos.

Se perdió mucho tiempo negando.

Ningún negador solucionó nunca nada.