El apartheid uruguayo

En Uruguay rige el apartheid, un sistema legal oprobioso que discrimina a los ciudadanos en dos categorías, una –privilegiada- con más derechos que la otra, que es explotada en beneficio de la primera.
Tenemos un apartheid como el que tuvo Sudáfrica, sólo que acá los ciudadanos de segunda no son los negros.
Lo percibí con claridad en un seminario sobre políticas demográficas que organizaron el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Instituto Rumbos.
Estaba exponiendo la socióloga y demógrafa Carmen Varela. Su presentación se centraba en cómo en Uruguay existen pocos estímulos y casi ninguna asistencia para quienes deciden tener hijos.
Varela hablaba de la licencia maternal. Las mujeres embarazadas tienen 12 semanas, la mitad antes del parto y la otra mitad después. Pero hay un detalle: tras la licencia, las empleadas públicas tienen el derecho a optar por trabajar medio horario hasta que el niño cumpla los seis meses de edad. Las empleadas privadas no: una vez finalizada la licencia maternal, tienen que volver a cumplir con su horario completo, sin alternativas.
Yo pensé que en un país cuya Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, el dato tirado sobre la mesa por Varela provocaría un escándalo. Pero no fue así. A mi lado, la senadora socialista Mónica Xavier seguía tomando apuntes con calma y el diputado colorado Washington Abdala, que llegó tarde y quizás se perdió ese detalle, permanecía atento a los mensajes que llegaban a su celular.
Varela continuó y marcó otro punto de nuestro sistema de apartheid. Si un empleado público tiene un hijo, la ley le otorga tres días para faltar al trabajo y estar junto a su familia. Pero si un empleado privado tiene un hijo, la ley no le otorga nada y no puede ausentarse ni cinco minutos de su empleo.
La Constitución miente. No somos iguales. Hay madres clase A y madres clase B. Padres clase A y padres clase B. ¿No era así el apartheid?
Miré a mi alrededor, pero este tema no parecía preocupar a nadie. Pensé que quizás las demógrafas Adella Pellegrino y Wanda Cabella, ambas presentes, dirían algo. Porque ellas han publicado un muy completo informe sobre la emigración que muestra como la gente se sigue escapando del Uruguay tanto o más que en 2002, más allá de los cantos de sirena del ministro Astori. El estudio de Pellegrino y Cabella revela que en los empleados privados la tendencia a emigrar es mayor que en los públicos. Es lógico: a nadie le gusta ser ciudadano clase B en un sistema de apartheid. Pero las demógrafas no dijeron nada al respecto. Las dos pidieron la palabra, pero hablaron sobre otros temas. En Uruguay hay asuntos más importantes que el simple hecho de que unos ciudadanos tengan más derechos que otros.
Volví a observar a la concurrencia. En la sala había parlamentarios, docentes e investigadores de la Universidad de la República, economistas del Instituto Nacional de Estadísticas, funcionarios del Banco de Previsión Social. Me pareció ser el único empleado privado y comencé a sentirme mal. Afuera había una mesita para servirse café, igual que cuando te sacan sangre.
Pidió la palabra Elvira Domínguez, integrante de la dirección del BPS en representación de los empresarios. Dijo que si alguien pensaba sancionar leyes que otorgaran más beneficios a las familias con hijos (algo que le parecía justo), por favor cuidara de no gravar más al sector privado, cuya capacidad de contribución está al límite.
Luego Domínguez puso las cifras crudas del apartheid sobre la mesa: según datos oficiales del BPS, el sueldo promedio de un empleado público (administración central, empresas públicas y municipios) es de 15.624 pesos. El de los trabajadores privados es 8.129.
En ese momento alguien debió pararse y gritar: ¡Abajo el sistema de castas! ¡Abajo el apartheid! ¡No a la explotación del hombre por el hombre! ¡Igualdad! ¡Igualdad! ¡Igualdad! Pero nadie dijo nada. La senadora Xavier continuaba tomando apuntes, Abdala seguía mirando su celular. Los demás cambiaron rápido de tema. ¿No tendré algún antepasado Haberkorn nacido en España?
He comenzado a recopilar más información sobre nuestro sistema de segregación legal con el objetivo de pedir asilo político en alguna embajada extranjera. Los datos están todos allí, en las páginas oficiales de internet de los ministerios y organismos públicos.
Los empleados públicos ganan más y trabajan menos. Lo normal es que trabajen 40 horas por semana. En los privados lo normal es 48. A los empleados de UTE que cumplen 48 horas de trabajo semanales se les paga un 20% de sobresueldo por el esfuerzo.
Los funcionarios públicos no sólo cobran más y trabajan menos, también padecen riesgos menores: el trabajo precario, las rebajas salariales, el seguro de paro y el desempleo no existen para ellos.
La lista de privilegios de los que gozan es mucho más extensa que lo mencionado en el seminario. Para empezar: la demógrafa Varela cometió un error en su exposición: no todas las mujeres embarazadas tienen 12 semanas de licencia maternal. Las empleadas públicas tienen 13. Al parecer los mecanismos biológicos de las mujeres son diferentes según el lugar donde trabajen.
En cuanto a las licencias por enfermedad, la discriminación contra los empleados privados alcanza grados de escándalo. Si un empleado público se enferma, cada día de licencia médica lo cobra igual que si hubiese trabajado. En cambio, cuando un privado tiene licencia médica, apenas cobra el 70%. Los trabajadores públicos cobran el sueldo todos los días que están enfermos. Los trabajadores privados no cobran nada por los tres primeros días que están en cama. Los trabajadores públicos enfermos cobran el 100% de su sueldo, no importa cuanto ganen. Si uno de los 100 gerentes de Antel con un sueldo de 70.000 pesos falta por enfermedad, el seguro le cubrirá el 100% de su salario. Pero los trabajadores privados tienen topeado este beneficio: aunque ganen mucho, solo pueden cobrar unos 5.000 pesos. Es evidente que en Uruguay, más allá de toda la cháchara igualitaria, la salud de algunas personas vale más que la de otras.
Los trabajadores públicos tienen un nivel de estudios superior al de los privados: el apartheid uruguayo se los garantiza, ya que ellos tienen derecho a 30 días de licencia extras para preparar exámenes. Un trabajador privado solo tiene derecho a que su patrón lo eche si se le ocurre faltar para dar un examen.
Los trabajadores públicos no trabajan los feriados laborables. Si se casan tienen 15 días de licencia. Si se les muere un familiar cercano tienen diez días de licencia por duelo con goce de sueldo. Si deciden iniciar su trámite jubilatorio tienen 30 días de licencia con goce de sueldo para hacer el papeleo con mayor comodidad.
Muchos funcionarios públicos cobran primas por hogar constituido y en las empresas públicas reciben pagos extraordinarios si se casan y cuando tienen un hijo.
La licencia anual de los empleados públicos es mayor que la de los privados. El trabajador privado tiene un descanso de 20 días corridos sin contar los domingos. En cambio un trabajador público tiene 20 días corridos, sin contar los domingos, los sábados y los feriados laborables.
La lista sigue. Es larga. Es oprobiosa. Clase A y clase B. No hay derecho a preguntarse luego por qué decenas de miles de jóvenes uruguayos tienen como máxima ambición en su vida la de ser auxiliares de suplentes en la lavandería del Banco de Seguros del Estado. Los que salen sorteados se quedan a disfrutar de su puestito clase A en nuestro apartheid clase Z. Los que pierden se van a España.
Tenemos el país que hemos fabricado. Astori puede seguir cantando sus maravillas (como todos los ministros de Economía mientras a Argentina le va bien) y los publicistas pueden seguir haciendo avisos diciendo lo lindo que es ser uruguayo, tomar mate y caminar por la rambla. La verdad es que nadie quiere quedarse acá para verlo.
Mario Benedetti, el intelectual que sin duda más sabe de empleados públicos, dijo dos cosas al respecto.
La primera es que Uruguay es la única oficina del mundo que alcanzó la categoría de República. La segunda es que, dado su abrumador número, sólo los empleados públicos podrían hacer una revolución en Uruguay.
La primera afirmación es meridianamente cierta. La segunda es muy ingenua y equivocada: los empleados públicos jamás harán una revolución porque no la necesitan. Tienen el mando. Tienen la ley. Tienen el poder.
Los trabajadores privados tenemos menos: un poco de rabia, cansancio y el pasaporte.

Publicado por Leonardo Haberkorn en el diario Plan B, viernes 9 de noviembre de 2007

No soy gorilo, soy periodisto y progresisto

En tiempos tan progresistas como los que corren, el idioma debe cambiar y hacerse políticamente correcto. Por eso a los ciegos no se los llama ciegos sino “no videntes”, a las prostitutas se las denomina “trabajadoras sexuales”, los niños que viven en la calle son niños en “situación de calle” y no hay gente con retardo sino con “capacidades diferentes”. Ya no se sufre de estreñimiento sino de "tránsito lento". El cambio de denominación no hace mejor las cosas, pero se supone que quedan más prolijas. Se puede decir “tuberculoso” pero nunca jamás “sidoso”: hay que decir “seropositivo”. El mundo es así: unos trabajan para conseguir la vacuna y la cura del sida, otros corrigen el idioma.
El último grito idiomático de lo políticamente correcto, impulsado por grupos y organizaciones feministas, es el de rechazar los genéricos masculinos.
Este movimiento comenzó hace algunos años. Uno de sus primeros logros fue conseguir que la palabra “edil”, que se usaba en forma indistinta como sustantivo femenino y masculino (la edil Mengana o el edil Fulano), dejara de emplearse como genérico para mujeres y hombres. Ahora, en el caso de una mujer, hay que decir “la edila”. Es una conquista fundamental en la lucha por la igualdad de géneros. La palabra “edil”, bajo su apariencia de igualdad sexual, representaba todo el machismo idiomático subyacente en nuestra cultura. Quizás lo justo sería dar un paso más y eliminarla del todo. Borrarla de la faz de la Tierra. Si el curul es mujer, que sea la edila. Y si el curul es hombre, que sea el edilo.
Ahora que lo pienso: también hay que eliminar la palabra “curul”: deberían ser el curulo y la curula. El curulo Pirulo y la curula Pirula.
Un hito histórico en la lucha por abolir los genéricos masculinos ocurrió en 2006, cuando un varias organizaciones de mujeres se manifestaron contra el nuevo eslogan de la Intendencia de Montevideo: “Montevideo de todos”.
Estos grupos, verdadera vanguardia del Progresismo Idiomático, realizaron una “intervención pública urbana” que consistió en modificar varios carteles de la Intendencia y, con pegotines, cambiar el eslogan sexista “Montevideo de todos” por el nuevo “Montevideo de todas”.
¡Bien hecho! Prioridades son prioridades.
Estos grupos militantes del Progresismo Idiomático remitieron una carta al intendente Ricardo Ehrlich, reproducida en La Diaria. La misiva decía en un pasaje: “En las palabras ‘Montevideo de todos’, las mujeres montevideanas nos sentimos excluidas”.
La carta fue respondida por el director de prensa del municipio Gonzalo Eyherabide quien, citando a la Real Academia Española, argumentó que es “técnicamente correcto” representar con “el masculino, lo femenino y masculino a la vez”.
Hago votos desde aquí para que Eyherabide nunca llegue a ser edilo o curulo, porque no lo merece. Es difícil comprender cómo un funcionario progresisto puede esgrimir argumentos tan vetustos y retrógrados.
Los dichos de Eyherabide fueron respondidos por Lucy Garrido, de la organización Cotidiano Mujer: “Estamos en contra de ese genérico al que hace mención el director de Prensa de la IMM y por el cual invoca a la Real Academia Española”. ¡Bien dicha, Lucy!
Lamentablemente, en forma simultánea, la Comisión de Mujeres del Centro Comunal Zonal 12 propuso que el eslogan municipal fuera cambiado a “Montevideo Nuestra”.
Creo que es un razonamiento tristo y una idea trista: el machismo idiomático se ha infiltrado en los grupos feministas. Por eso abogan por consignas tibias y no se atreven a luchar por cambios revolucionarios de verdad. El eslogan de la capital progresista de un país progresisto debería ser “Montevidea nuestra”. Porque, ¿por qué Montevideo se llama así y no Montevidea? Aunque el origen cierto del nombro de nuestra ciudad se desconoce, es evidente que fue un cretino machisto el que eligió un nombro terminado con “o”. Hay que cambiarlo por una “a”. Ya no se soporta más al sexisto de El Sabalero cantando “qué será Montevideo, tan querido y tan lejano”. Ni que hablar del “Montevideo, qué lindo te veo”, ese himno machisto que entonan todos los hombres sexistos cuando se emborrachan en las tabernas.
Pero aún con la oposición de mentes retrógradas como la del intendente Ehrlich, la de Eyherabide y la del Sabalero, la destrucción del sexismo idiomático avanza.
Antes, qué horror, si uno decía “los niños” se refería a todos los niños, cualquiera fuera su sexo. Por eso en el Día del Niño también las niñas recibían sus regalos. Ahora, gracias a la lucha idiomática encabezada por las ONGs feministas, esas convenciones asquerosamente machistas han comenzado a caer. Hoy ya no se dice “los niños” sino “los niños y las niñas”. ¡Qué las niñas devuelvan todos los regalos que recibieron en un día que no era el de ellas!
Este cambio idiomático revolucionario, que seguramente provocará enormes beneficios a la infancia uruguaya, día a día cobra más vigor. Cada vez es más frecuente encontrar en la prensa artículos donde el genérico “niños” es sustituido por “los niños y las niñas”. Esta Verdadera Revolución de la Lengua acaba de ser adoptada por el mismísimo Parlamento nacional. El Senado votó días atrás una ley que prohibe el castigo físico a “niños, niñas o adolescentes”.
Uruguay avanza y avanzo.
El lunes 29, La Diaria publicó un librillo de la organización Mujer y Salud en Uruguay. El folleto es el desideratum en cuanto a la tan esperada abolición de los genéricos masculinos.
Ya desde el título, se elimina “paternidad”, uno de los genéricos masculinos más asquerosos. Dice: “Significados sobre maternidad y paternidad en adolescentes”. Y, si uno y una siguen leyendo, se dan cuenta de que ya no está bien decir: “los adolescentes”. Ahora hay que decir: “los y las adolescentes” o “mujeres y varones adolescentes”. Tampoco se puede usar más el genérico “educadores”. Ahora es: “educadores/as”.
Lo que antes de la Revolución Idiomática Progresista se podía tilular: “Significado de la paternidad”, ahora debe ser: “Significado de la paternidad y maternidad de los niños, las niñas, los y las adolescentes”.
Estos cambios son necesarios, justos, genialos e imprescindiblos: me doy cuenta porque no soy ningún gorilo. Sepan desde ya, queridas compañeras, que como periodisto progresisto siempre contarán con mi apoyo.
La abolición del sexismo machisto en el idioma de las mujeres y el idiomo de los hombres, los niños y las niñas, los y las adolescentes, adolescentes varones y mujeres, los padres y las madres, los educadores/as, los trabajadores sexualos y las trabajadoras sexualas, edilos, edilas, curules, curulos, es una causa y un causo que apoyo con el más fervoroso de los aplausos.
Tiene solo dos pequeñas contras. La primera es que al escribir se gasta más papel. No importa: cuánto más papel se gaste, más plantas de celulosa se instalarán y nuestras autoridadas y nuestros autoridados ya nos han garantizado que el agua de los ríos y de las rías mejora con cada nueva planta que se instala. La segunda contra es que, al escribir y al hablar, ahora se pierde un poco más de tiempo. Pero eso tampoco importa. En Uruguay lo que nos sobra es tiempo.

Publicado por Leonardo Haberkorn en el diario Plan B, viernes 2 de noviembre de 2007.
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