La noticia de que un preso pasó 60 días dentro de una cárcel uruguaya secuestrado por otros reclusos que lo torturaron y lo abusaron, me hizo recordar esta columna que escribí a fines de 2018 en el desaparecido portal Ecos. La reproduzco tal como fue publicada entonces. Hoy ya tenemos casi 13.500 presos.
La razón de la inseguridad que no le importa a nadie
Publicado: 26/12/2018 07:37
Me tocó entrevistar a Andrea, una joven expresa, para un libro que celebró los 30 años de la ONG El Abrojo y que puede leerse gratis en la web.
En realidad, Andrea no se llama Andrea. Hubo que cambiar su nombre para que no peligrara su nueva vida de buena ciudadana y no arriesgar su actual trabajo.
Andrea fue una niña explotada, fue Cenicienta. Al fin huyó y se liberó de la mala mujer que la esclavizaba. Pero el precio de esa libertad fue una pobreza extrema que persiguió durante años, ya adulta y casada. Un día, agotada de tanta miseria, y en contra de la opinión de su propio esposo, esta muchacha decidió dejar de penar por un plato de comida y se puso a vender pasta base.
Le fue “bien” durante un lustro. Hizo mucha plata, de pobre pasó a rica, olvidó los días de privaciones. Pero conoció otros problemas. El peor de todos: cayó presa. La separaron de sus hijas.
-¿La cárcel te sirvió de algo? -le pregunté en su actual hogar, muy cerca de donde fueron derrumbados “los Palomares”.
Primero respondió con un “No” tajante. Luego se quedó callada unos segundos mientras toda su familia la miraba y cambió su respuesta: “Bueno, sí, a mí me sirvió”.
Las cárceles son un problema central del Uruguay, pero abordarlo es casi imposible. Hay demasiados prejuicios, demasiadas pasiones, demasiado rencor que impiden calibrarlo como es debido.
Una parte de la opinión pública cree que en el fondo nadie debería ir preso. Por eso abogan por reducir penas, borrar antecedentes, aumentar los beneficios para salir antes de prisión, fomentar cualquier castigo alternativo.
No asumen que esos mecanismos son muy positivos en algunos casos, pero no siempre. No asumen que hay delincuentes peligrosos, psicópatas graves diagnosticados y sin marcha atrás. Insisten el devolverlos a la calle.
Un caso tremendo fue el de Williams Pintos. Se sabía que iba a abusar de menores y que cada vez sus ataques serían más violentos. La justicia uruguaya ya lo había peritado con esas conclusiones. Sin embargo, lo enviaron a la calle sin control y hasta le dieron un taxi para que pudiera cazar mejor a sus presas. A Pintos lo ayudaron a transformarse de abusador en asesino. Luego, eso sí, todos pusieron la foto de la niña Brissa en sus redes sociales.
Hay una segunda corriente de opinión, opuesta a la anterior pero también muy numerosa, que tampoco quiere saber nada con las cárceles.
Los de este bando piensan que todos los presos son violadores y asesinos irrecuperables, que merecen la pena de muerte y -si no se puede- la cadena perpetua. Cuánto más infecto sea el pozo en el que estén encerrados, cuando mayores humillaciones y vejaciones sufran, mejor.
Es una posición muy miope.
El desinterés por las cárceles -fomentado por estas dos corrientes de opinión- ha transformado nuestras prisiones en un verdadero infierno en la Tierra en el que viven más de 10.000 personas, más habitantes de los que tienen Castillos, Guichón o Lascano.
En diciembre de 2017 teníamos 10.241 presos, un número que -en líneas generales- no ha dejado de subir desde 1999.
No es cierto que todos sean asesinos y violadores. Un censo carcelario de 2010 estableció que el delito que más gente lleva a las prisiones es la rapiña, causa del 37% de las reclusiones. Un 15% estaba preso por hurto y un 10% por venta o tráfico de drogas (la mayoría en el escalón más bajo de la cadena). Casi un 8% estaba recluido por delitos menores: receptación, desacato, lesiones, etc.
Supongo que está claro y estamos todos de acuerdo en que no se puede aplicar la cadena perpetua a un ladrón. Por eso los presos salen. Entran a la cárcel pero egresan, como un día salió Andrea.
El número sorprenderá a muchos. Cada año salen de las cárceles más de 6.000 presos y entran otros tantos. En 2017, según cifras oficiales, egresaron 6.377.
La cifra debería llamar a la reflexión. En promedio, cada día son liberados más de 17 reclusos. Día tras día, de lunes a domingo, los 365 días del año.
Lamentablemente, la historia de Andrea no es la más habitual. La entrevisté a la una tarde, cerca de General Flores y Carreras Nacionales. Ya había trabajado toda la mañana y llevado a sus niñas a la escuela. Qué bueno sería que 17 personas salieran de las cárceles cada día y se sumaran al mundo del trabajo, se transformaran en ejemplo de recuperación para sus familiares, sus amigos, para sus hijos.
Pero estamos lejos. La mayoría de los liberados no se reforman como Andrea. Más de la mitad vuelve a delinquir. Algunos sitúan la reincidencia en un 70%, otros en un 60%, los más optimistas en un 55%. En 2016 casi el 51% de los delitos los cometieron reincidentes.
Que la cárcel le sirviera a Andrea no fue mérito del sistema penitenciario. Lo que la rescató de un destino oscuro y triste fueron dos cosas: el trabajo de los voluntarios de El Abrojo en la cárcel de mujeres y, sobre todo, el tesón de su esposo, el que nunca quiso que vendiera pasta base, el que se puso la familia al hombro cuando todo se vino abajo, el que trabajó más y más duro y nunca dejó de visitarla, de apoyarla, de estar a su lado, de cinchar por sacarla de aquel pozo.
Porque las cárceles uruguayas son el pozo dentro de El Pozo. Las madres de todos los pozos. El informe 2017 del Comisionado Parlamentario establecía que el 30% de los presos está recluido en un régimen inhumano y degradante y un 45% en condiciones algo mejores pero aun insuficientes para lograr su integración social. Apenas un 25% está preso en una situación que habilita una posible recuperación.
La política de “que se pudran en la cárcel” ha llevado a que las prisiones sean antros copados por mafias carcelarias, academias del delito gobernadas por los delincuentes más pesados. El que entra por hurto sale rapiñero; el rapiñero sale secuestrador; el secuestrador, asesino.
La cadena diaria de humillaciones, de presos violados, ajusticiados, genera -además- un rencor y un odio que lo portan los 17 que cada día vuelven a sus casas, los 6.300 que cada año salen a la calle. Luego lo devuelven con violencia a la sociedad. Es un rencor y un odio que también se multiplica en familiares y amigos.
Si los presos son 10.000 y cada uno tiene cinco familiares directos y cinco amigos, ese odio y deseo de venganza se impregna en 100.000 personas. Lo he visto con mis propios ojos. Lo padecemos todos.
Ese rencor tiene bases sólidas. En 2017, 17 presos confiados al Estado fueron asesinados dentro de las cárceles, otros diez supuestamente se suicidaron y una muerte adicional nunca pudo ser aclarada. En 2018, el año aún no termina y, según las cifras que lleva la oficina del comisionado penitenciario, ya van 25 muertes violentas: 18 homicidios, seis supuestos suicidios y una muerte por “violencia institucional”, la del preso Carlos Núñez, cuyo homicidio a manos de la guardia fue presentado falsamente por el Ministerio del Interior como un “ajuste de cuentas” entre presos, sin ninguna consecuencia.
Uno de los supuestos suicidios -nunca aclarado- fue el de Williams Pintos, el asesino de Brissa. El estado lo detectó como psicópata, lo liberó sin control, le dio los medios para asesinar con facilidad y él mató a una pobre niña. Luego, el Estado encarceló a Pintos y mil preguntas quedaron sin respuesta porque tampoco pudo garantizar su vida. Un ciclo completo de desinterés, desastre, ineptitud y falta de idoneidad, una espiral que va destrozando familias y familias año tras año.
El colmo de la hipocresía uruguaya nos lleva a criticar a los países que tienen pena de muerte (a la que me opongo), cuando nosotros la tenemos y de peor manera: sin jueces ni abogados, la pena de muerte aplicada por los peores delincuentes, la propia guardia carcelaria o la desidia de los gobernantes.
En 2011, en la cárcel de Rocha, debido a situaciones ya denunciadas y documentadas, una red eléctrica deficiente provocó un incendio y 12 presos murieron quemados vivos.
En cualquier país con dignidad, debió ser el fin del señor Bonomi como ministro. ¡Fueron 12 personas confiadas a su cargo quemadas vivas! Si algo la mitad de grave hubiera ocurrido en la dictadura todavía estaríamos hablando de ello. Pero no pasó nada porque, entre otras cosas, los presos de hoy no le importan a nadie. No se comprenden las consecuencias de este desastre.
Para una sociedad es muy fácil reverenciar a sus ciudadanos famosos, a los consagrados, a los mejores. Pero la verdadera estatura ética de un país se mide por cómo trata a los más infelices, a los más desposeídos y también a los peores.
Pero ya no es solo una cuestión ética. Hoy es una cuestión de supervivencia.
Detrás de más de la mitad de los delitos que golpean a nuestros trabajadores, detrás del azote permanente de los delincuentes a la gente inocente, detrás del récord de homicidios que ya no se tolera, detrás de este Uruguay violento e irreconocible, hay una tragedia carcelaria previa. Es hora de asumirlo.
No se trata de justificar a los delincuentes por el estado de las cárceles. Se trata de comprender cómo funcionan las cosas. Soy de la idea de que es necesario penar con más severidad la reincidencia, pero al mismo tiempo es urgente que las cárceles dejen de funcionar como fábricas de peores delincuentes.
Nadie pide un hotel de cinco estrellas para los presos, como se suele ironizar cuando alguien se atreve a plantear este tema. Pero si de verdad estamos a favor de las víctimas del delito, debemos asumir que necesitamos cárceles que funcionen, donde el Estado mande, donde los peritajes psiquiátricos existan y sean atendidos, donde no estén mezclados ladrones y asesinos, primarios y reincidentes. Donde se trabaje y se eduque.
“No parece estar claro todavía para la opinión pública cuál es el sentido y objetivo de la cárcel”, escribió el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit en su informe sobre las cárceles de 2017. “Mientras no haya un cambio cultural en el cual se asuma que la función de la cárcel es educar y preparar proyectos de vida para evitar nuevos delitos -agregó- la cárcel seguirá siendo una fuente de violencia, de desintegración y, paradojalmente, de nuevos delitos”.
Tiene razón.
Con cárceles que son un infierno nunca tendremos seguridad pública.
Puede ser un buen plan colectivo para 2019. Asumirlo. Hacer lo que esté a nuestro alcance. Presionar para que, en este año electoral, los partidos y los políticos actúen de una buena vez en este sentido.
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