El efecto Tarmezano

Laura Tarmezano tenía 28 años y la asesinaron el 11 de mayo, delante de su hijo de 6 años y de dos amigos.

“¿Qué hacés, ñery? Esto te pasa por alcahueta”, le dijo su matador antes de dispararle en la cabeza.

Tarmezano había declarado como testigo ante el Poder Judicial por el homicidio de un hombre de 24 años, al que habían matado el 4 de abril y que apareció semienterrado en la zona de la Cachimba del Piojo.

Por eso, había pedido que le pusieran protección policial. El juez de la causa accedió, pero cuando la mataron la custodia policial no estaba: había desaparecido.

El ministro Eduardo Bonomi y el juez Ricardo Míguez dieron versiones opuestas y contradictoras respecto a las razones por las cuales Tarmezano estaba desprotegida cuando llegaron a matarla.

Bonomi dijo que no tenía custodia porque se había mudado. La familia de la víctima lo negó. Ahora reclaman 200.000 dólares del estado, que no les devolverán a Laura y que no pagarán ni Bonomi, ni Míguez, ni ningún otro jerarca. Pagaremos nosotros, como ocurre con todos los juicios que el estado pierde todo el tiempo por la ineptitud y la desidia de sus funcionarios.

Pero eso no es lo más grave. Lo más grave lo dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak:

"La posibilidad de que el Estado efectivamente asegure la integridad física de quienes sean testigos en hechos protagonizados por personas vinculadas a bandas de narcomenudeo o al crimen organizado, es el resorte indispensable para motivarlas a declarar. Si no podemos asegurar su integridad física, lo más probable es que desestimulemos que se quiera declarar o hacer reconocimientos en audiencia por miedo a sufrir represalias".

Lo que dijo Chediak es cierto, pero sus palabras llegaron demasiado tarde. Tarde para Tarmezano por lo menos. Y quizás tarde para el Uruguay también.

El 17 de mayo hinchas de Cerro dispararon contra el director técnico e hirieron a otro funcionario de Rampla Juniors.

Las actuaciones judiciales quedaron estancadas porque  a pesar de que había mucha gente presente cuando el atentado, nadie vio nada.

El abogado de Rampla Juniors dijo que todo se debía a lo que podríamos llamar el efecto Tarmezano: “Hay mucho temor en los testigos”.

Un día antes de las declaraciones del abogado, en el atardecer de San José, asesinaron en la calle a Susana Odriozola, una alguacil de la justicia, hermana de una jueza penal.

Da la casualidad que la jueza María Noel Odriozola había procesado en agosto a tres personas por un asesinato cometido en una guerra entre bandas de narcotraficantes.

La urgencia de las autoridades por determinar que la alguacil fue asesinada por “una rapiña fallida” no hizo más que acrecentar las dudas.

La versión oficial dice que a Odriozola la mataron porque se habría resistido a ser robada, que el asesino la mató para poder consumar su asalto. Pero, curiosamente, una vez que le disparó no se llevó nada: ni el teléfono, ni la cartera. La mató y se fue.

El Ministerio del Interior dijo que el homicida solo tenía antecedentes por delitos menores. Sin embargo, periodistas de San José han difundido su prontuario, en el que consta que también fue procesado por balear a una persona en un bar, y fue sospechoso de una ejecución nunca aclarada.

El dueño de la moto que utilizó el homicida de Odriozola dijo al diario El País que se la prestó para no tener problemas. “Se sabe que él anda armado, que anduvo a los tiros”.

Agregó: “Yo a veces intento no discutir porque soy laburante y trato de esquivar los problemas”.

Pocos días después, un matón a sueldo fingió ejecutar al abogado penalista Gustavo Bordes y se informó de amenazas de muerte recibidas por jueces y fiscales.

En este punto estamos hoy. Que la gente que trabaja tiene miedo de decirle que no a un delincuente. Que el que declara en un juzgado contra un asesino, es asesinado pocos días después. Que la justicia y el gobierno se pasen la pelota y por lo menos uno de los dos mienta respecto a por qué el testigo estaba sin custodia policial. Que de decenas de personas que vieron como una barra brava baleó a un dirigente de otro cuadro, ninguno se anima a declarar en un juzgado. Que la hermana de una jueza que se metió por los narcos es asesinada en plena calle, en una “rapiña frustrada” en la que los ladrones no robaron nada.

Los diarios de hoy informan de los cuerpos de tres jóvenes que aparecieron calcinados adentro de un auto.

Dos eran una pareja de novios. Al parecer, uno de los dos muchachos muertos había sido testigo de un asesinato de una banda de narcos.

Durante meses, desde el Ministerio del Interior se quitó trascendencia a muchos asesinatos señalando que eran “ajustesde cuentas”.

La idea subyacente que se buscaba -y que se busca- transmitir a la población es que estos “ajustes de cuentas” son crímenes que se producen entre delincuentes, unos se matan a los otros, no es un verdadero problema: sería casi un beneficio para la sociedad.

Luego, ante la cifra creciente de muertes, se dijo que habíamos pasado de los “ajustes de cuentas” a una guerra entre bandas.

La idea siempre es la misma: hay que estar tranquilos, estas son cosas que solo afectan a los que se meten en el narcotráfico o el delito.

Mentira. La realidad es la opuesta: estos asesinatos de bandas, estos supuestamente benignos “ajustes de cuentas”, afectan a mucha otra gente, como Tarmezano, como la joven calcinada adentro de un auto y cualquiera que se interponga en el camino del nuevo poder emergente. Lejos de ser benignos, los "ajustes de cuentas" son gravísimos y solo permiten temer lo peor: son los signos que anuncian un cáncer que una vez que comienza a comerse a la sociedad se lo traga todo, como ocurre -por ejemplo- en México.

El primer paso para solucionar los problemas es reconocerlos.

Se perdió mucho tiempo negando.

Ningún negador solucionó nunca nada.