La agenda importada y la nuestra

Más que noticias son mazazos. El policía que mató a su ex pareja delante de los hijos de ambos y luego los llevó a tomar un helado. El director técnico de baby fútbol que abusaba de un niño a la vez que fungía como padre, e iba incluso a las reuniones en la escuela, y cuando temió que eso ya no pudiera seguir sucediendo, lo asesinó y se mató. El policía -otra vez un policía- que disparó su arma de fuego contra sus propias hijas con el fin de matarlas y arruinarle la vida a la madre. El ex preso que, drogado, mató a su hermana golpéandola con un palo de amasar mientras dormía, porque recordó como ella golpeaba a su madre.
Estas noticias recientes son algunas de las más brutales de una enorme cantidad de episodios de violencia familiar, doméstica, una ola cotidiana que incluye un cantidad espeluznante de casos de abuso sexual infantil y una cifra intolerable de muertes, sobre todo de mujeres. (Aunque quien se tome el trabajo de leer los partes policiales verá que también hay agresiones femeninas, menos violentas, generalmente no mortales, menores en cantidad pero aun así significativas).  
El esfuerzo de la sociedad para combatir estos males se centra en dos campos: la reforma del idioma y la lucha contra "el patriarcado".
La lucha idiomática se inició hace ya diez años. Las mujeres comenzaron a acceder con más regularidad a cargos que antes se les negaban. Entonces si una mujer llegaba a dirigir un ministerio era justo que se la llamara "la ministra" y no "el ministro" o "la ministro".
Pero pronto se pasó a boicotear palabras como edil o presidente, que se usaban para ambos sexos sin ningún sesgo machista: el edil y la edil, el presidente y la presidente.
Nunca hubo edilos ni presidentos.
De ahí se pasó al ridículo en el que han caído políticos, académicos y burócratas usando palabras como rehenas, oficialas y estudiantas.

¿Qué efecto concreto ha tenido toda esta batalla campal contra el castellano? Ninguno concreto conocido, más allá de llenarle el bolsillo a algunos que curran con los cursos de "lenguaje inclusivo".
El juez Gabriel Ohanian lo dijo bien claro en la edición del 12 de mayo del semanario Brecha, entrevistado por Venancio Acosta y Betania Núñez y hablando de las "burocratización" de los derechos humanos:
"Lo que veo es la burocratización y la exacerbación del gesto, de la palabra políticamente correcta, de la irritabilidad cuando se tocan determinados temas, pero en mi muy humilde concepto, eso es pura hipocresía. Las transformaciones no pasan porque alguien diga 'todos y todas' o 'afrodescendiente', pasa por lograr la equidad total. Como llegar a eso es más complejo, entonces nos conformamos con el mundo de la palabra, que suena más lindo pero no cambia nada".
No tengo nada para agregar.
El otro gran frente de batalla es "el patriarcado". Sin embargo, hoy en nuestra sociedad -por suerte- no hay leyes que establezcan un predominio de los hombres por sobre las mujeres.
Sí hay machismo: hombres machistas y algunas mujeres también, en distintos grados.
Sin embargo, ¿alguien cree que quien mata a su ex mujer delante de los hijos de ambos, o quien emprende a balazos contra su propia hijas lo hace porque es machista o principalmente guiado por su machismo?
¿No será que el problema principal o los problemas principales son otros?
Como Ohanian, no tengo la respuesta.
Sin embargo, después de una década de "todos y todas", quizás sea hora de preguntarle si el foco está bien puesto.
La juez letrada de Artigas, Betina Duter, entrevistada el 7 de mayo por el periodista Pablo Melgar en el diario El País, marcó uno de los principales problemas que observa en su tarea diaria en aquel departamento: "la dificultad en el acceso de mecanismos de salud mental".
Esa situación se repite en todo el país, pero casi nada se dice al respecto.
¿No tendrían un evidente problema de salud mental los dos policías de los casos narrados? ¿No tendría un evidente problema de salud mental el director técnico de baby fútbol? ¿Y el ex preso que mató a su hermana? ¿La sociedad uruguaya hoy está capacitada para detectar y tratar a tiempo estos problemas? ¿Se está trabajando para ello?
Hablando de salud mental, Uruguay también tuvo en 2015 una de las tasas más altas de suicidios de toda América Latina.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública ni siquiera tiene un director de salud mental, el cargo está vacante. Y a los policías acusados de actos de violencia doméstica se los lleva, como castigo, a trabajar a las cárceles: algo así como apagar un incendio con nafta.
Hay una agenda que viene de las ONGs del primer mundo, que ponen dinero para machacar en los temas que a ellos les interesa.
Después están nuestros problemas reales.
Abuso sexual infantil.
Alcoholismo.
Adicciones.
Salud mental.
Quizás sería hora de mirar hacia allí.