Al menos desde la recuperación de la democracia en 1985, los tres grandes partidos uruguayos nunca se pusieron de acuerdo en nada. Ríos y ríos de tinta se gastaron en analizar a un país siempre trancado y dividido en tercios o en mitades. Cuando una mitad conseguía algo, la otra le organizaba un referéndum en contra.
Muchos llamaron, hasta con desesperación, a encontrar el mínimo común denominador que permitiera unir dos visiones de país tan opuestas. Era necesario para poder sacar el Uruguay adelante.
Ahora, por fin, el mínimo común denominador ha aparecido: se llama Botnia y Ence.
Como nunca antes en ningún otro asunto, los tres grandes partidos uruguayos están monolíticamente de acuerdo en defender, a capa y espada, la instalación de las gigantescas plantas de celulosa en el río Uruguay. No existe ningún otro asunto en el cual la opinión del presidente Vázquez, la de Lacalle y la de Sanguinetti sean tan idénticas. Y también la de Fernández Huidobro y Jorge Batlle. Y la de todos los demás, del primero hasta el último.
Los líderes que nunca lograron ponerse de acuerdo en cómo frenar la delincuencia, en cómo detener la debacle del sistema educativo, en cómo solucionar el caos de la salud pública, en impulsar una política energética que no ahogue al país, en cómo reformar el asfixiante aparato estatal uruguayo, ahora están de acuerdo en algo. Cien por ciento de acuerdo. Una ola de optimismo recorre la República: ahora todos los problemas serán solucionados.
El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, sugirió que "a lo mejor hay algún incentivo" para que el gobierno uruguayo promueva con tanto fervor la instalación de las plantas.
El gobierno, el Partido Nacional, el Partido Colorado y también el Independiente pusieron el grito en el cielo. El gobierno llamó al embajador uruguayo en Buenos Aires. Por primera vez una decisión de Vázquez fue aplaudida por toda la oposición. "Hace muy bien el Uruguay en protestar", dijo Sanguinetti. "En estas cosas tenemos que estar todos espalda contra espalda", afirmó el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. El Partido Nacional, a través del diputado Gustavo Borsari, organizó... ¡una interpelación a favor del gobierno!, para que quedara bien en claro el monolítico respaldo del Parlamento al nuevo Mínimo Común Denominador de la Orientalidad.
Busti luego dio marcha atrás. Dijo que usó la palabra "incentivos" refiriéndose a los beneficios económicos obvios que una inversión tan grande puede generar. No quiso arrojar ninguna sospecha de corrupción, ni ninguna sombra de duda sobre las razones que hay detrás del apoyo uruguayo a las polémicas plantas.
Pero que Busti no tenga dudas, o que exista una unanimidad que funciona como aplanadora, no quiere decir que las cosas estén claras.
En la edición pasada de Qué Pasa, el propio Pablo Mieres reclamó la urgencia de sancionar una ley que aclare cómo se financia la política uruguaya: una ley en serio, no un chiste como la anterior.
Mieres dijo que eso era necesario "para evitar situaciones sospechosas".
—¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que las decisiones de los partidos y del gobierno no estén influidas por el dinero de las contribuciones recibidas en la campaña? —se le preguntó.
—Ninguna. Esa es la realidad. Queda en creer o no creer. No tenemos lo que una democracia debe tener: un conjunto de procedimientos institucionales que den la certeza de que no están ocurriendo injerencias indebidas en la toma de decisiones públicas —respondió.
Creer o no creer. ¿Cuál será la razón por la cual el dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, pasó de ser un empresario demonizado por el Frente Amplio a ser un prohombre al que el gobierno del propio Frente Amplio le asigna concesiones del Estado? ¿Por qué el funcionario que logró que los casinos municipales dieran pérdidas fue premiado y puesto a dirigir los casinos del Estado? ¿Será que los partidos políticos uruguayos no tienen "una caja dos" como los brasileños, o será que Uruguay no tiene una revista como Veja, fuerte económicamente, con un tiraje de millones, no dependiente de los avisos ni de los préstamos estatales, y con un plantel suficiente de periodistas capaz de descubrirla?
La política argentina no es el desideratum de la transparencia. La presente edición de Qué Pasa le dedica una página a su reciente campaña electoral: la nueva política prometida por Kirchner se parece demasiado a la vieja: el Estado puesto al servicio de los candidatos oficiales, promesas electorales demagógicas y millonarias, acusaciones falsas contra la oposición y ausencia de un debate medianamente serio.
Algunos creen que la política uruguaya es muy distinta a la argentina y la brasileña. Hace poco, sin embargo, muchos hablaban de las grandes similitudes del Mercosur "progresista".
Si el gobierno y los políticos uruguayos no quieren que un Busti cualquiera siembre dudas sobre sus decisiones, no tienen que rasgarse las vestiduras, ni inflamarse de patriotismo, ni gastar la plata del Estado en hacer ir y venir a los embajadores.
Tienen que crear una Junta Anticorrupción que de verdad funcione. Tienen que hacer del Tribunal de Cuentas algo más que un organismo testimonial. Tienen que permitir que todo ciudadano tenga acceso a los documentos públicos. Tienen que respetar la Constitución. Y, de una vez por todas, tienen que sancionar una ley que aclare de dónde sale el dinero que mueve la política uruguaya.
Pueden hacerlo. El Frente Amplio se pasó 20 años hablando de estos temas, y hoy tiene mayoría absoluta en el Parlamento para lograrlo. Incluso puede contar con el apoyo de la oposición. Ahora que todos han demostrado que pueden ponerse de acuerdo en algo.
Publicado por Leonardo Haberkorn en el suplemento Qué Pasa del diario El País, 5 de noviembre de 2005.