La indignidad de los alcaldes

Ahora tenemos alcaldes. Vamos comprando todas y cada una de las ofertas de la corrección política que nos vende el mundo desarrollado. Tenemos una campaña para erradicar las bolsas de nylon alentada por la embajada del Reino Unido. Tuvimos una campaña para que se acepten los besos homosexuales promovida por la embajada de Holanda. Ahora compramos del mundo rico el sistema de alcaldes: una vía para descentralizar el poder y transferirle niveles de decisión a la gente. ¿Quién puede estar en contra de cosas tan buenas?
Son lo que se llaman “derechos de tercera generación”. Los países ricos, los europeos como ejemplo más claro, una vez que solucionaron todos los derechos de primera generación de su gente (derecho a la vida, a la movilidad y a libertad de expresión, por ejemplo) y los de segunda (derecho a la salud, a la educación y al trabajo), se enfrascaron en conseguir mejoras a un nivel más elevado: cuidado del medio ambiente, derechos del consumidor, entre otros.
Uruguay no se queda atrás: combate las bolsas de nylon como Inglaterra, se preocupa porque los gays puedan besarse en la tele como en Holanda y tiene alcaldes como España. Un país de primera.
Solo hay un pequeño problema: Uruguay no es como el Reino Unido, ni como Holanda, ni siquiera como España.
Uruguay, a diferencia de esos países, no tiene solucionados los derechos de primera y segunda generación de su gente. Con mucha buena voluntad podríamos decir que hemos aprobado con regular solo la primera tanda. En cuanto a los derechos a la salud, a la educación y a un trabajo digno estamos todavía muy lejos. Y en algunas áreas -como la educación- estamos cada día más lejos.
Un 15% de los trabajadores gana menos del irrisorio salario mínimo nacional de 4.799 pesos. Más del 40% gana menos de dos salarios mínimos, una cifra de pasar hambre. Somos un país entero de pobres: un 70% de los trabajadores uruguayos ganaba en 2008 menos de 11.000 pesos, un salario que apenas permite la subsistencia: de ir al cine, comprarse un libro o tomarse vacaciones ni hablamos.
Más del 38% de los niños uruguayos son pobres. El 70% de los niños pobres no completa la escuela. Solo el 14% llega a terminar el liceo. Más del 13% de los niños menores de 2 años presenta retraso en su crecimiento producto de su desnutrición. El ingreso de los hogares más ricos es 16 veces mayor que el de los hogares más pobres. El 40% de los trabajadores están subempleados o laboran en condiciones precarias, en negro, en la calle o sin protección social. El 37% del PBI se origina en el trabajo informal. El gobierno de Tabaré Vázquez agitó con orgullo las estadísticas, de retocada metodología, que decían que “solo” existía un 20,5% de pobreza en Uruguay a fines de 2008, cuando la cifra era de 31,9% cuatro años atrás. Lo que nunca se dice en la prensa es que en 2009 aquellos que ganaban más que 5.724 pesos en Montevideo y más que 3.582 pesos en el interior ya no eran considerados pobres. El que gana 3.583 pesos en cualquier lugar del mundo es un zaparrastroso. ¡Pero en Paysandú o Tacuarembó ya cumplió su sueño de llegar a la clase media!
Bienvenidos a Uruguay. Tenemos una Gestapo del tránsito que pone multas a discreción (“la ley somos nosotros”) pero permite que miles de autos circulen lanzando negras nubes de humo cancerígeno. Por eso, entre otros motivos, somos uno de los países con más cáncer en todo el mundo. Nuestros niños hacen doce años de enseñanza pública y egresan sin saber inglés. Ni siquiera pueden escribir en castellano. Hay institutos de enseñanza pública donde la inasistencia de los docentes supera el 30%. Un 25% de los jóvenes y adolescentes no estudia ni trabaja. La violencia contra mujeres y niños es un problema acuciante. En lo que va de 2010, una mujer o niña es muerta cada seis días en un episodio de violencia doméstica.
Estos son los datos del Uruguay hoy. No es un país de primera, no. Tampoco de segunda o de tercera. Es un país de cuarta, pero con alcaldes.
El problema es que los alcaldes no son como las bolsas de nylon. Porque, al menos en la teoría, nada impide luchar contra todas las miserias de nuestro atraso y al mismo tiempo contra el exceso de nylon.
Pero el caso de los alcaldes es distinto. Los alcaldes cuestan mucho dinero, absorben recursos que son imprescindibles para atacar problemas más urgentes y más graves. Un informe de El País señaló que cada alcalde cobrará un sueldo variable: 20.000 pesos en Durazno, 60.000 en Rocha y hasta 80.000 en Montevideo. Y en total son 89. Con un promedio de 40.000 pesos, la cuenta asusta: 2,3 millones de dólares al año solo en salarios para los alcaldes, gastos no incluidos.
Se argumenta que la decisión de crear esta enorme masa de nuevos cargos políticos de privilegio responde a un interés por descentralizar. Quizás ese beneficio pueda verse en el interior, pero no se comprende la necesidad de crear ocho alcaldías dentro de la ciudad de Montevideo. ¡Como si la infame burocracia capitalina necesitara todavía más!
Lo que es seguro es que las alcaldías son un nuevo botín para que nuestros políticos practiquen sus viejos vicios de repartir cargos y prebendas, prácticas en las cuales los partidos tradicionales hicieron escuela y a las que el Frente Amplio se acostumbró en tiempo récord. Pronto habrá viáticos, gastos de representación y autos oficiales para los alcaldes. Habrá secretarias, becarios, choferes y taquígrafos de alcaldes. Los becarios serán luego regularizados. Se designarán alcaldes suplentes. Se creará una Adeom de las alcaldías. Nuestros alcaldes viajarán a las reuniones de la Unasur de los alcaldes. Los impuestos más caros del mundo siempre se pueden subir un poco más.
Las alcaldías y los suculentos sueldos de los alcaldes servirán también para apuntalar la financiación espuria de la política. La sociedad destina cierta cantidad de dinero para pagarle a sus ministros, legisladores, intendentes y otros funcionarios políticos. Vale la pena: con un buen sueldo un funcionario puede trabajar tranquilo, puede formarse, puede estudiar los problemas con los que debe lidiar y mantenerse lejos de las tentaciones. Pero eso no ocurre así, porque solo una pequeña parte de ese dinero va finalmente para ellos. Los partidos políticos se quedan con una tajada enorme de los sueldos que la sociedad paga a sus funcionarios. El MPP, por ejemplo, permite que sus cargos políticos se queden con un máximo de 37.000 pesos de sueldo. El resto del dinero se los embolsa como botín de guerra el sector político. El Partido Comunista tiene una mayor voracidad: solo le deja 16.500 pesos al político o funcionario. El resto marcha a las arcas del PCU, ahora que ya no llegan las remesas de Moscú. ¡Cómo no les va a interesar seguir creando cargos políticos!
Tan escandaloso es este asunto de los alcaldes –que además es inconstitucional- que la gente ya dio un veredicto categórico. Una abrumadora mayoría del 60%, nunca antes vista en la historia política uruguaya, no votó a ningún alcalde en Montevideo: la gente votó en blanco o anuló su voto, de pura bronca.
Si fuera democracia, democracia de verdad, no habría nada más que discutir. No habría alcaldes en Montevideo.
Si hubiera dignidad, los alcaldes electos no aceptarían asumir sus cargos, luego de la humillación de ser votados por nadie.
Pero ya se sabe. Nuestra democracia está fría como una heladera. Y encontrar un poco de dignidad en estos días es difícil. Más fácil es dedicarse a juntar bolsas de nylon.

Artículo de Leonardo Haberkorn
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