En Uruguay rige el apartheid, un sistema legal oprobioso que discrimina a los ciudadanos en dos categorías, una –privilegiada- con más derechos que la otra, que es explotada en beneficio de la primera.
Tenemos un apartheid como el que tuvo Sudáfrica, sólo que acá los ciudadanos de segunda no son los negros.
Lo percibí con claridad en un seminario sobre políticas demográficas que organizaron el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Instituto Rumbos.
Estaba exponiendo la socióloga y demógrafa Carmen Varela. Su presentación se centraba en cómo en Uruguay existen pocos estímulos y casi ninguna asistencia para quienes deciden tener hijos.
Varela hablaba de la licencia maternal. Las mujeres embarazadas tienen 12 semanas, la mitad antes del parto y la otra mitad después. Pero hay un detalle: tras la licencia, las empleadas públicas tienen el derecho a optar por trabajar medio horario hasta que el niño cumpla los seis meses de edad. Las empleadas privadas no: una vez finalizada la licencia maternal, tienen que volver a cumplir con su horario completo, sin alternativas.
Yo pensé que en un país cuya Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, el dato tirado sobre la mesa por Varela provocaría un escándalo. Pero no fue así. A mi lado, la senadora socialista Mónica Xavier seguía tomando apuntes con calma y el diputado colorado Washington Abdala, que llegó tarde y quizás se perdió ese detalle, permanecía atento a los mensajes que llegaban a su celular.
Varela continuó y marcó otro punto de nuestro sistema de apartheid. Si un empleado público tiene un hijo, la ley le otorga tres días para faltar al trabajo y estar junto a su familia. Pero si un empleado privado tiene un hijo, la ley no le otorga nada y no puede ausentarse ni cinco minutos de su empleo.
La Constitución miente. No somos iguales. Hay madres clase A y madres clase B. Padres clase A y padres clase B. ¿No era así el apartheid?
Miré a mi alrededor, pero este tema no parecía preocupar a nadie. Pensé que quizás las demógrafas Adella Pellegrino y Wanda Cabella, ambas presentes, dirían algo. Porque ellas han publicado un muy completo informe sobre la emigración que muestra como la gente se sigue escapando del Uruguay tanto o más que en 2002, más allá de los cantos de sirena del ministro Astori. El estudio de Pellegrino y Cabella revela que en los empleados privados la tendencia a emigrar es mayor que en los públicos. Es lógico: a nadie le gusta ser ciudadano clase B en un sistema de apartheid. Pero las demógrafas no dijeron nada al respecto. Las dos pidieron la palabra, pero hablaron sobre otros temas. En Uruguay hay asuntos más importantes que el simple hecho de que unos ciudadanos tengan más derechos que otros.
Volví a observar a la concurrencia. En la sala había parlamentarios, docentes e investigadores de la Universidad de la República, economistas del Instituto Nacional de Estadísticas, funcionarios del Banco de Previsión Social. Me pareció ser el único empleado privado y comencé a sentirme mal. Afuera había una mesita para servirse café, igual que cuando te sacan sangre.
Pidió la palabra Elvira Domínguez, integrante de la dirección del BPS en representación de los empresarios. Dijo que si alguien pensaba sancionar leyes que otorgaran más beneficios a las familias con hijos (algo que le parecía justo), por favor cuidara de no gravar más al sector privado, cuya capacidad de contribución está al límite.
Luego Domínguez puso las cifras crudas del apartheid sobre la mesa: según datos oficiales del BPS, el sueldo promedio de un empleado público (administración central, empresas públicas y municipios) es de 15.624 pesos. El de los trabajadores privados es 8.129.
En ese momento alguien debió pararse y gritar: ¡Abajo el sistema de castas! ¡Abajo el apartheid! ¡No a la explotación del hombre por el hombre! ¡Igualdad! ¡Igualdad! ¡Igualdad! Pero nadie dijo nada. La senadora Xavier continuaba tomando apuntes, Abdala seguía mirando su celular. Los demás cambiaron rápido de tema. ¿No tendré algún antepasado Haberkorn nacido en España?
He comenzado a recopilar más información sobre nuestro sistema de segregación legal con el objetivo de pedir asilo político en alguna embajada extranjera. Los datos están todos allí, en las páginas oficiales de internet de los ministerios y organismos públicos.
Los empleados públicos ganan más y trabajan menos. Lo normal es que trabajen 40 horas por semana. En los privados lo normal es 48. A los empleados de UTE que cumplen 48 horas de trabajo semanales se les paga un 20% de sobresueldo por el esfuerzo.
Los funcionarios públicos no sólo cobran más y trabajan menos, también padecen riesgos menores: el trabajo precario, las rebajas salariales, el seguro de paro y el desempleo no existen para ellos.
La lista de privilegios de los que gozan es mucho más extensa que lo mencionado en el seminario. Para empezar: la demógrafa Varela cometió un error en su exposición: no todas las mujeres embarazadas tienen 12 semanas de licencia maternal. Las empleadas públicas tienen 13. Al parecer los mecanismos biológicos de las mujeres son diferentes según el lugar donde trabajen.
En cuanto a las licencias por enfermedad, la discriminación contra los empleados privados alcanza grados de escándalo. Si un empleado público se enferma, cada día de licencia médica lo cobra igual que si hubiese trabajado. En cambio, cuando un privado tiene licencia médica, apenas cobra el 70%. Los trabajadores públicos cobran el sueldo todos los días que están enfermos. Los trabajadores privados no cobran nada por los tres primeros días que están en cama. Los trabajadores públicos enfermos cobran el 100% de su sueldo, no importa cuanto ganen. Si uno de los 100 gerentes de Antel con un sueldo de 70.000 pesos falta por enfermedad, el seguro le cubrirá el 100% de su salario. Pero los trabajadores privados tienen topeado este beneficio: aunque ganen mucho, solo pueden cobrar unos 5.000 pesos. Es evidente que en Uruguay, más allá de toda la cháchara igualitaria, la salud de algunas personas vale más que la de otras.
Los trabajadores públicos tienen un nivel de estudios superior al de los privados: el apartheid uruguayo se los garantiza, ya que ellos tienen derecho a 30 días de licencia extras para preparar exámenes. Un trabajador privado solo tiene derecho a que su patrón lo eche si se le ocurre faltar para dar un examen.
Los trabajadores públicos no trabajan los feriados laborables. Si se casan tienen 15 días de licencia. Si se les muere un familiar cercano tienen diez días de licencia por duelo con goce de sueldo. Si deciden iniciar su trámite jubilatorio tienen 30 días de licencia con goce de sueldo para hacer el papeleo con mayor comodidad.
Muchos funcionarios públicos cobran primas por hogar constituido y en las empresas públicas reciben pagos extraordinarios si se casan y cuando tienen un hijo.
La licencia anual de los empleados públicos es mayor que la de los privados. El trabajador privado tiene un descanso de 20 días corridos sin contar los domingos. En cambio un trabajador público tiene 20 días corridos, sin contar los domingos, los sábados y los feriados laborables.
La lista sigue. Es larga. Es oprobiosa. Clase A y clase B. No hay derecho a preguntarse luego por qué decenas de miles de jóvenes uruguayos tienen como máxima ambición en su vida la de ser auxiliares de suplentes en la lavandería del Banco de Seguros del Estado. Los que salen sorteados se quedan a disfrutar de su puestito clase A en nuestro apartheid clase Z. Los que pierden se van a España.
Tenemos el país que hemos fabricado. Astori puede seguir cantando sus maravillas (como todos los ministros de Economía mientras a Argentina le va bien) y los publicistas pueden seguir haciendo avisos diciendo lo lindo que es ser uruguayo, tomar mate y caminar por la rambla. La verdad es que nadie quiere quedarse acá para verlo.
Mario Benedetti, el intelectual que sin duda más sabe de empleados públicos, dijo dos cosas al respecto.
La primera es que Uruguay es la única oficina del mundo que alcanzó la categoría de República. La segunda es que, dado su abrumador número, sólo los empleados públicos podrían hacer una revolución en Uruguay.
La primera afirmación es meridianamente cierta. La segunda es muy ingenua y equivocada: los empleados públicos jamás harán una revolución porque no la necesitan. Tienen el mando. Tienen la ley. Tienen el poder.
Los trabajadores privados tenemos menos: un poco de rabia, cansancio y el pasaporte.
Publicado por Leonardo Haberkorn en el diario Plan B, viernes 9 de noviembre de 2007